El candidato del PSC y ganador de las elecciones catalanas, Salvador Illa, comenzó esta semana asegurando que aún aspiraba a poder someterse a una investidura en el Parlament y que así se lo pediría a la nueva presidenta de la Cámara. Pero los planes de Laura Borràs son otros. La encargada de proponer al candidato a la presidencia no tiene previsto dejar ningún hueco por el que pueda meterse el aspirante socialista, a no ser que consiga apoyos suficientes para ser investido. El calendario de Borràs pasa por esperar a que Junts y ERC encarrilen el acuerdo para formar Govern y, entonces, proponer a Pere Aragonès como primer y único candidato, antes de que venza la fecha prevista por el reglamento, es decir, el próximo jueves o viernes.
La jefa de la Cámara ha trasladado a los suyos que no tiene prisa por comenzar la ronda de consultas con los partidos. Las dos grandes formaciones independentistas llegaron a un preacuerdo la semana pasada en el que se conjuraron a avanzar en las negociaciones hasta “culminar con la investidura de Pere Aragonès”. Un objetivo que ninguno de los dos partidos ve difícil de alcanzar a lo largo de la semana que viene, por lo que creen que puede convertir al republicano en presidente de la Generalitat entre el viernes 26 y el Domingo de Ramos, dependiendo de si la CUP lo pone más difícil o menos.
Si ese calendario se cumple, las opciones de que Illa pueda plantarse ante el Pleno para explicar su programa son prácticamente nulas. En la ronda de contactos que mantendrá con los grupos, Borràs, tal y como marca el protocolo, preguntará a cada formación si tiene un candidato al que da apoyo y, eventualmente, también puede preguntar qué votaría cada grupo en el caso de los candidatos que se barajen. Si esta ronda se hiciese ahora mismo, Illa podrá contra con los mismos votos que Aragonès, es decir, solo los de sus propias formaciones, 33 cada uno.
Pero para mediados de la semana que viene, cuando se espera que se cierre el acuerdo de gobierno, se produciría un desempate a favor del de ERC, que contaría al menos con 65 votos. Borràs pretende acompasar la ronda de consultas a ese momento y acabar el proceso señalando a Aragonès como el candidato con más apoyos.
Por su parte, el socialista solo podría contar con una horquilla de unos 50 votos favorables, los máximos que consiguieron los aspirantes socialistas a sentarse en la Mesa del Parlament. Pero esa no es suficiente razón para que Borràs no lo elija, defienden en el PSC, que consideran que están en su derecho de intentar una investidura por haber sido el partido más votado. “Tengo la legitimidad y la obligación de intentar una investidura, y lo haré”, afirmó el exministro en rueda de prensa tras la constitución del Parlament. Según abundó además esta semana en una entrevista en Ràdio 4, así se lo reclamará a Borràs cuando se reúna con ella. Como partido más votado, el protocolo es que la presidenta del Parlament abra la ronda de consultas con el PSC.
Los socialistas saben que tanto el reglamento de la Cámara como las diversas interpretaciones que han hecho los letrados dejan pocas opciones para que Illa pueda finalmente acudir a una investidura. Pero no es imposible. El PSC no quiere perder la oportunidad de cumplir con una de sus promesas electorales. Presentar su candidatura ante el pleno sería además uno de los primeros gestos que diferenciarían la oposición de Illa de la que hizo Arrimadas en 2018.
Eso solo podría ocurrir en dos escenarios: que Junts y ERC no se pongan de acuerdo antes del viernes 26 de marzo o que, después de que Borràs presente a Aragonès a la investidura, la CUP vote no dos veces y el republicano no obtenga apoyos suficientes. En cualquiera de estas opciones, Illa tendría una rendija para meter el pie. Por eso para el exministro es obligatorio mantener su aspiración en firme hasta el último momento.
El informe de los letrados, el peor impedimento
Con todo, ni siquiera si Aragonès fracasase las cosas estarían fáciles para que Illa pudiera someterse a la investidura. La razón es que los letrados del Parlament, en su último informe sobre la cuestión, dictado de septiembre pasado, hicieron una interpretación muy restrictiva de la discrecionalidad del presidente del Parlament para proponer candidatos. Después de que Roger Torrent consultara a los servicios jurídicos sobre cómo debía actuar tras la inhabilitación del president Quim Torra, estos respondieron asegurando, por una parte, que no tenía obligación de proponer a ningún candidato para iniciar la cuenta atrás hacía la disolución de la Cámara, sino que podía hacer un “acto equivalente”, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado.
En segundo lugar, los letrados alertaron al presidente del legislativo catalán sobre los perjuicios de proponer a la investidura a algún candidato que no tuviera opciones de conseguirla. El jefe de la Cámara “simplemente debe constatar si hay un candidato con ciertas posibilidades de obtener la investidura, pero ni siquiera es necesario que tenga la certeza absoluta. Precisamente, si este candidato no existe, no parece lógico proponer a otro que se postule sin posibilidades”, afirmaban los letrados. En el mismo párrafo además advertían los juristas: “Si admitiera esta posibilidad [proponer un candidato sin posibilidades], esto afectaría la posición institucional y neutral del presidente, que permitiría una propuesta de candidato únicamente para beneficiarse o darle protagonismo”.
Este informe, que toma una posición contundente respecto a la posibilidad de proponer candidatos instrumentales, esta en la recámara de Borràs ante la eventualidad de que sus planes fallasen y el PSC apretase para conseguir un debate de investidura para Illa. Por otro lado, si el independentismo no llegase a un acuerdo antes de la fecha pactada, el antecedente de Torrent marca que Borràs puede poner en marcha el reloj de la legislatura mediante una comunicación al pleno en la que afirme que no ha encontrado ningún candidato con posibilidades de resultar investido.
Mesa y previa independentista
Borràs anunció en su discurso de investidura que deseaba imponer un estilo que continuase la tarea de Carme Forcadell, lo que se entendió como un dardo contra Roger Torrent, que es su predecesor directo. Sin embargo, la primera presidenta del Parlament de Junts sí recuperó esta semana una costumbre que se llevó a cabo con frecuencia en la etapa de la presidenta condenada por el Supremo. Se trata de reactivar un órgano de coordinación entre los miembros independentistas de la Mesa de la Cámara, en paralelo a las reuniones oficiales de la Mesa.
Este martes Borràs se citó con su vicepresidenta, Anna Caula, y con los tres secretarios de Junts, ERC y la CUP, en un encuentro informal que sirvió como toma de contacto y donde quedaron en buscar el mayor consenso posible ante las cuestiones que pudieran dividirlos en el órgano rector del Parlament, en el que se sentarán, además de ellos cinco, otros dos miembros del PSC. El objetivo es que haya “comunicación permanente” entre todos ellos, sin necesidad de que haya reuniones presenciales. De hecho una de las primeras cosas que hicieron fue presentarse entre quienes no se conocía e intercambiar teléfonos.
En diversos sectores del independentismo ha quedado la sensación de que en la legislatura pasada no se encontraron los consensos suficientes para hacer frente a las inhabilitaciones, pérdida de escaños y prohibiciones diversas que llegaron desde el Constitucional. Este mismo miércoles, el Tribunal Superior de Justicia catalán confirmaba que había admitido la querella contra Torrent y los miembros independentistas de la Mesa por haber permitido un debate sobre la monarquía vetado por el Alto Tribunal. La situación de falta de coordinación y guerra interna, creen, hizo imposible una estrategia para defenderse de este tipo de actuaciones judiciales, algo que intentarán que no vuelva a pasar.