El 19 de febrero de 2020, Francisco Sánchez salió de su casa para renovar su bono social de los suministros, por el que recibía un descuento al ser considerado una persona en situación vulnerable. Casi nunca salía de su humilde domicilio, situado en la antigua portería de un bloque en el barrio de Vallcarca, pero tenía contratado un servicio de alarma. Le sonó el móvil cuando estaba en el centro de Barcelona. Al otro lado del teléfono, la empresa de seguridad con la que había contratado la alarma.
– Señor Sánchez, hay alguien intentando entrar en su domicilio.
Francisco tomó un taxi inmediatamente desde la Gran Vía de Barcelona. Cuando estaba de camino recibió una segunda llamada de la empresa de seguridad. Le alertaban de que esas personas ya habían logrado entrar en su casa.
Desde ese día en que salió para hacer un recado, este camarero jubilado de 79 años no ha podido regresar a su domicilio. Ni siquiera para recuperar sus cosas. Le cambiaron la cerradura y, según su relato y el de distintos vecinos del barrio, unos operarios empezaron a derribar techos y paredes del edificio esa misma semana.
A Francisco no le ocuparon el piso. Lo desahuciaron mientras estaba fuera de casa a pesar de que tenía un contrato indefinido de renta antigua y estaba al corriente de todos sus pagos. Un fondo inversor que compró todo su edificio se movió para echarle como fuera: era el último vecino que quedaba en el bloque. Hacía meses que el inmueble estaba a la venta en un portal de internet. “El edificio se entrega libre de inquilinos”, rezaba el anuncio.
Un juzgado de Barcelona declaró nulo el pasado 15 de septiembre su desahucio porque no se le citó debidamente. Francisco, sin embargo, sigue a día de hoy sin poder volver a su domicilio porque ya no es habitable y el edificio está en proceso de demolición. Nadie le ha ofrecido una alternativa para vivir y está refugiado en casa de un hermano, en el barrio madrileño de Villaverde, sin saber si podrá volver a su ciudad.
“Quiero volver a mi Barcelona, psíquicamente estoy hecho polvo pero físicamente tengo el cuerpo bien”, se lamenta al otro lado del teléfono. “Esta gente me lo quitó todo de un día para el otro”.
Un periplo por pensiones, hoteles y casas de familiares
El caso de Francisco es el perfecto ejemplo de cómo una persona en situación vulnerable puede llegar a sufrir las consecuencias de un desahucio. Hay que sumarle, además, la irrupción de la pandemia pocas semanas después de verse en la calle de un día para otro. Francisco fue desahuciado sin previo aviso y sin ni siquiera poder recoger sus objetos personales en un proceso cargado de irregularidades.
Tras el mazazo del 19 de febrero, a Francisco le hospedaron durante 15 días en un hotel que sufragó la sociedad que promovió su desahucio, llamada UPL-Gracia 201, S.L y en manos de inversores extranjeros. Cuando esta empresa dejó de pagarle la habitación, los vecinos del barrio juntaron dinero y abonaron una semana más de hospedaje en el hotel.
Durante esos días Francisco logró que una representante del Ayuntamiento pudiera entrar durante una hora a su domicilio para recoger algo de ropa. Él ni siquiera pudo acceder y los suministros ya estaban dados de baja. Con el piso a oscuras, la empleada metió todo lo que pudo en bolsas de plástico. Francisco lo guardó en el almacén de un bar que está frente a lo que fue su casa durante más de 45 años. Buena parte de sus objetos personales se perdieron para siempre.
“Se ha quedado en ese piso parte de mi vida”, lamenta este barcelonés nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y llegado a la capital catalana con apenas 17 años. “Había cosas que para mí tenían mucho valor y que las han tirado a la basura”.
Al salir del hotel, Francisco tenía previsto instalarse provisionalmente en una pensión del barrio de Gràcia hasta que irrumpió la pandemia y cerraron estos negocios. Se confinó entonces en casa de un hermano en Sant Fost de Campsentelles (Barcelona). El día que se levantó el estado de alarma salió de allí hacia la pensión de Gràcia donde tenía previsto hospedarse inicialmente.
“Cogí una maleta y me instalé en el hostal pensando que todo se solventaría en unas semanas”, relata este anciano. “El problema es que se alargó. No podía pagarme un hospedaje de 800 euros al mes cuando mi pensión es de 700 y pico”. Francisco sobrevive con una pensión anual de menos de 9.000 euros. “Yo no salgo ni a la acera de enfrente para no gastar”, afirma pesaroso.
Tras unos días en la pensión, asumió que la cosa iba para largo. Tomó entonces un tren hacia Madrid, donde vive otro de sus hermanos, y desde hace dos meses espera que le devuelvan su casa, le indemnicen o le ofrezcan una alternativa habitacional. “El juzgado no ha movido un dedo y la devolución de su vivienda debería haber sido inmediata”, afirma Lluis Humet, letrado del afectado. “Sin embargo lleva tres semanas esperando noticias”.
La presión de una inmobiliaria para echarle
Francisco alquiló su inmueble el 2 de junio de 1975. En 2001 pactó con la propiedad trasladarse desde el tercer piso, donde vivía, a un sótano en el mismo edificio a cambio de una rebaja en su alquiler. En un anexo del contrato, acordaron un importe de 15.000 pesetas mensuales. Según el documento, la propiedad renunciaba a aplicar a ese importe cualquier variación y establecía que su relación contractual se regiría por el contrato de 1975.
La familia que tenía el edificio lo vendió a la sociedad UPL-Gracia en 2017 por 450.000 euros. Al poco tiempo, la empresa -que según el registro mercantil tiene un capital de solo 3.000 euros- puso el edificio en venta por 1,8 millones de euros asegurando que no habría inquilinos en el momento de la entrega.
Paralelamente a la publicación del anuncio, UPL-Gracia inició en abril de 2018 un proceso de desahucio por finalización del contrato, a pesar de que el contrato de Francisco era de 1975 y estaba amparado por la prórroga forzosa de la antigua ley de arrendamientos urbanos, tal y como establecía el anexo firmado con los antiguos propietarios en 2001.
El juzgado de primera instancia dio la razón a Francisco en octubre de 2018 y frenó el desahucio, pero la Audiencia Provincial revocó la sentencia y se puso de parte de la inmobiliaria. Francisco recurrió de nuevo y, mientras se resolvía su recurso, el juez de Barcelona suspendió la ejecución de la sentencia. “Resulta improbable por no decir imposible que encuentre otra vivienda, ni casi una habitación en el barrio en el que reside, con los ingresos que percibe”, señalaba el juez en el auto.
Mientras duraba el contencioso con la propiedad, Francisco consignaba en sede judicial el importe de su alquiler, tal y como acreditan los documentos consultados por este periódico.
La inmobiliaria, que no ha podido ser localizada por elDiario.es porque no consta ningún número de contacto en los registros oficiales, siguió en su empeño de intentar expulsar a Francisco de su domicilio e inició entonces un procedimiento por impago en otro juzgado de Barcelona, aprovechando que Francisco se retrasó ocho días en pagar una mensualidad. Al no encontrarle en su domicilio, el juzgado le notificó el desahucio por edictos, una notificación que se publica solo en el tablón de anuncios del juzgado y en boletines oficiales.
La siguiente noticia que tuvo Francisco fue la llamada de la empresa con la que tenía contratada su alarma. Ese día le avisaron de que alguien quería entrar en su domicilio. Desde entonces no tiene casa.