La Generalitat de Catalunya quiere regular los clubes de cannabis. El conseller de Salut, Boi Ruiz, tiene previsto convocar próximamente a los representantes de los grupos políticos en el Parlament con el objetivo de consensuar una propuesta que tiene que servir para poner orden y regularizar un sector que, en los últimos años, ha crecido con mucha fuerza. Según el Gobierno y las mismas asociaciones, en Cataluña puede haber unos 300 clubes de cannabis. Hay miles de consumidores.
Salut tiene previsto presentar una propuesta basada en una regulación de buenas prácticas que posibilitaría “un modelo restrictivo de club” con el objetivo de limitar el número de socios, fijar las cantidades máximas de cultivo y de consumo y la edad para asociarse, evitar las actividades promocionales, definir los horarios y las condiciones de salubridad de los locales y poner énfasis en prácticas preventivas de reducción de riesgos y de daños. La regulación también persigue evitar el contacto del consumidor con el mercado negro, conocer más a fondo la realidad del fenómeno, acceder a la población consumidora, conocer la composición de las plantas e involucrar a los usuarios en la elaboración de propuestas factibles de reducción de riesgos y de daños.
Desde hace unos años, el número de clubes de cannabis se han disparado en Cataluña, principalmente en Barcelona. “Pensamos que pueden haber unas 300 asociaciones, y más de 200 están en Barcelona, sobre todo en Ciutat Vella”, dice Jaume Xaus, portavoz de la CATFAC, la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Cataluña, una de las dos federaciones existentes.
Permitido el autoconsumo
La situación en Cataluña y en España es de vacío legal. El tráfico de cannabis está prohibido, pero está permitido el autoconsumo. Los clubes se encuentran en la misma situación y, desde hace tiempo, que reclaman una regulación del Parlament para funcionar con normalidad. Además de Cataluña, las asociaciones de cannabis están muy arraigadas en el País Vasco y ahora el movimiento empieza con fuerza en Galicia y en Andalucía.
En el Parlamento Vasco ya se ha hecho una comisión para regular los clubes de cannabis. Después de estar parada un tiempo por las elecciones de 2012, la comisión retomará en octubre la actividad con la comparecencia de unos 60 expertos para que ofrezcan algo más de luz sobre el tema desde diferentes ámbitos con el objetivo de buscar y aprobar un marco jurídico que permita a las asociaciones de cannabis funcionar con normalidad.
En Cataluña, según el Departament de Salut, en mayo de 2012 se inició el camino para trabajar en una propuesta de regulación de buenas prácticas y se creó una comisión liderada por la Subdirección General de Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Cataluña e integrada por la Dirección General de la Policía, la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, la Dirección General de Administración Local y la Fiscalía Superior de Cataluña. El Departament de Salut asegura que también abrió un diálogo con el sector. Con todo, habrá aspectos que la Generalitat no podrá regular y que requerirán cambios en la legislación española, por ejemplo todo aquello que hace referencia al Código Penal.
Ayer, Jaume Xaus, de la CATFAC, valoraba muy positivamente el paso dado por el Departament de Salut. “Esta regulación es una necesidad. Ahora funcionamos con mucha inseguridad jurídica”.
La nota hecha pública por Salut llega después de que el 19 de septiembre, ICV-EUiA presentara una propuesta de resolución en el Parlament catalán para constituir una comisión de expertos, personas y entidades para estudiar el fenómeno e iniciar los trabajos técnicos y jurídicos “para establecer una regulación específica de las asociaciones de personas consumidoras y de los llamados clubes sociales de cannabis”. Para ICV-EUiA, prosigue la proposición, “el consumo de cannabis es una realidad en Catalunya”, y hasta ahora las políticas en materia de cannabis han estado principalmente enfocadas a la criminalización y persecución judicial y policial de los usuarios. En opinión de los ecosocialistas, estas políticas han sido un fracaso rotundo en todo el mundo y requieren un enfoque nuevo encaminado a la reducción de riesgos y reducción de los daños asociados al uso.
ICV-EUiA también propone iniciar los trabajos para la elaboración de una ley catalana de acceso al cannabis en el marco de la Llei de Salut Pública y de las competencias establecidas en el Estatut, y reforzar y colaborar con las diferentes entidades para mejorar los programas de información, prevención y promoción de la salud en drogodependencias espacialmente para la población menor.
Normativa llena de contradicciones
Según el diputado de ICV, Josep Vendrell, el problema de los clubes de cannabis se va haciendo grande. Cada vez la presión policial y judicial es mayor y lo que es peor la normativa está llena de contradicciones: “El consumo no es ilegal, el tráfico está prohibido, llevar cannabis encima no está permitido, en los clubes se puede consumir, la fiscalía ha dictado instrucciones para que se compruebe que las plantaciones disponen de un permiso de la agencia del medicamento...”, dice Vendrell.
“No hay ninguna regulación, las líneas son muy ambiguas. Esto provoca muchos problemas con la policía y la fiscalía. Se producen cortes de plantas, inspecciones a clubes. Actualmente, en Cataluña, puede haber un centenar de imputados de clubes de cannabis”, explica el portavoz de la CATFAC, Jaume Xaus.
Las últimas semanas, Catalunyaplural.cat ha visitado uno de estos clubes, situado en Barcelona. Al exterior, ningún cartel lo anuncia y nada hace pensar que detrás de la puerta hay un club de cannabis. De hecho, para entrar hay que llamar a un timbre, hacerse socio (con el aval de una persona que ya lo sea), ser mayor de 21 años (en algunos clubes se puede acceder con 18), no consumir en el interior de las instalaciones más de una determinada cantidad al mes (varía en función de los clubes) y ser consumidor de cannabis (para evitar que se diga que se ha incitado a alguien a consumir por primera vez). Se trata de un club privado y no de un local de pública concurrencia.
Una de las personas responsables del club explica que la aparición de los clubes “ha hecho emerger un consumo que antes se hacía de manera oculta. El auge de este tipo de clubes demuestra que hay un consumo. La gente fuma igual un canuto que un cigarro”. Y añade que las asociaciones funcionan como un club de fumadores. “La licencia la solicita una asociación de cannabis. En Barcelona, no hay ninguna normativa que prohíba que en un local privado no se pueda consumir cannabis. No son locales de pública concurrencia. Son clubes privados de fumadores”.
El proceso para constituir una asociación se hace, actualmente, a través del registro del Departament de Justícia. El club lo que hace es presentar unos estatutos y un código de buenas prácticas. Justícia analiza los estatutos, comprueba que no haya nada ilegal y los da de alta. Pero el vacío legal existente y la ambigüedad es tan enrome que, en ocasiones, acaban igualmente teniendo problemas con la policía y la fiscalía, y se inicia un proceso judicial.
Los clubes legalmente constituidos ofrecen charlas con médicos y abogados para dar a los consumidores asesoramiento jurídico y médico. Algunos de los clientes hacen un uso terapéutico del cannabis –sirve para la artrosis, la artritis, la esclerosis múltiple, para terapias para combatir los efectos de la quimioterapia y como regulador natural de la insulina–, pero de momento los consumidores terapéuticos todavía son una minoría. En los clubes de la CATFAC, Xaus calcula que son entre un 15 y 20% de los usuarios.
En cuanto a los cultivos, algunas asociaciones lo que hacen se contratar a un jardinero que se da de alta como autónomo y hace la producción por el autoconsumo de un club. Pero las líneas sobre lo que se puede hacer o no son muy finas y cada cierto tiempo los Mossos intervienen plantaciones de cannabis. Así ha pasado, por ejemplo, esta misma semana en cuatro domicilios de las comarcas del Vallès Oriental y El Maresme. La policía autonómica intervino 700 plantas de marihuana, detuvo una persona e imputó a otros tres un delito contra la salud pública.
La regulación de Salut persigue también evitar un crecimiento desproporcionado de los clubes y del número de socios. Esto se hace porque se ha detectado que hay una serie de asociaciones que funcionan con una visión más comercial y mercantilista que otras y no limitan el número de socios --se cree que en Catalunya hay clubes que funcionan con miles de usuarios--, y la Generalitat opina que de no hacer la regulación se corre el riesgo que se implanten prácticas de riesgo para los consumidores.
Mientras que en España y en Cataluña, la regulación de los clubes de cannabis todavía tardará un tiempo a llegar, en otros países o demarcaciones el proceso ya está bastante más avanzado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia norteamericano ha anunciado que no interferirá en las medidas adoptadas por los estados de Colorado y Washington para despenalizar el cannabis: uso, producción, distribución y venta para uso lúdico. Esta decisión, probablemente, significará que otros estados norteamericanos iniciarán el mismo camino. En Alaska se quiere celebrar el próximo año un referéndum sobre la cuestión.