La cuarentena de aquellas personas que han estado en contacto con un enfermo de COVID-19 es una pieza fundamental para frenar las cadenas de contagio. Pero no todo el mundo cumple con el aislamiento. Muchos directamente no pueden. Según una encuesta interna de la Generalitat catalana, hecha a partir del circuito de rastreo de casos, hasta un 45% de las personas reconocen no hacerlo bien. En el caso de los que dan positivo en una PCR, y por lo tanto son seguro potenciales contagiadores, el nivel de incumplimiento es más reducido, del 13%.
El porcentaje lo han facilitado este jueves el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el director de la Unidad de Seguimiento de la epidemia, Jacobo Mendioroz, en una comparecencia para evaluar la evolución de los contagios. “El mejor remedio que tenemos es el aislamiento y evitar por lo tanto el resto de contactos. Sin esta parte, el resto no sirve de nada”, ha reivindicado Mendioroz.
La baja cifra de cuarentenas que se cumplen estrictamente –en estos momentos debería haber unas 3.000– la ha detectado Salud a través de las llamadas telefónicas que se hacen regularmente desde el ‘call center’ para supervisar la situación de cada contacto. A preguntas de los telefonistas, cientos de personas han reconocido que incumplen de alguna forma el aislamiento.
En los incumplimientos entran desde la gente que directamente no coge el teléfono, a los que se niegan a aceptar la cuarentena, pasando por los que solo la rompen puntualmente o los que aseguran no poder hacerla. Estos últimos, vinculados según la Generalitat situaciones de vulnerabilidad, son los más numerosos. Se trata de gente que vive en pisos pequeños que les impiden aislarse correctamente, como ocurre sobre todo en los barrios de clase baja de las grandes ciudades, pero también de personas que tienen familiares a cargo –sobre todo, mujeres– y de aquellos que no pueden dejar de acudir a su trabajo por estar sin contrato.
“No querría que quedase el mensaje de que uno no lo cumple porque se quiere ir de viaje, esto pasa muy poco, básicamente hay situaciones de vulnerabilidad”, ha expresado Mendioroz. Aun así, ha reconocido que la encuesta que elaboran no es lo suficientemente exhaustiva para saber los motivos de cada incumplimiento, y se ha comprometido a mejorarla.
La dificultad para cumplir las cuarentenas se ha señalado desde el inicio de la pandemia por los expertos como una situación a resolver. Ocurrió por ejemplo en Lleida, donde las autoridades sanitarias reconocieron las complicaciones con los temporeros extranjeros, algunos de los cuales, sin papeles ni contrato, no se pueden permitir dejar de ir a trabajar porque pierden sus ingresos. También se vio en julio en l’Hospitalet, en el barrio más densamente poblado de Europa, y ahora en distritos madrileños como Usera, donde son los propios vecinos los que dicen que no se pueden encerrar en pisos minúsculos, o incluso en habitaciones, en pleno verano. Ya en abril una encuesta de la Comunidad Valenciana evidenciaba que el 23% de la población no podía aislarse de forma efectiva en sus casas.
La Generalitat ha asegurado en este sentido que los ayuntamientos siguen teniendo dispositivos en los que alojar a estas personas, pero que a menudo falla la comunicación para hacérselo saber. Lo que sí han descartado es que recurran a medidas más estrictas para hacer cumplir las cuarentenas. Ni enviar a la policía ni denunciar; aseguran que el método menos perjudicial es la persuasión por parte de los telefonistas.
En este sentido, las autoridades sanitarias no creen que el modelo de Mataró sea el idóneo, donde el Ayuntamiento decretó la cuarentena y una PCR obligatoria a varias personas que se negaban y un juez acabó avalándolo.
No es la primera vez que el Govern da la voz de alerta ante el rechazo de un elevado número de ciudadanos a tomar las debidas precauciones ante la COVID-19. Al inicio de los cribados masivos, Argimon ya señaló que habían encontrado fuerte rechazo a realizarse pruebas PCR en algunos colectivos, sobre todo debido a sus condiciones económicas y sociales.
Para ilustrar esa realidad, los responsables de la Generalitat pusieron como ejemplo del municipio de Ripollet, uno de los primeros que inició los cribados masivos, y donde una de cada cuatro personas llamadas a realizarse el test lo había rechazado. La sospecha de las autoridades es que la mayoría temía las consecuencias del aislamiento. “Las bajas laborales cubren el periodo de cuarentena, pero hay situaciones de precariedad laboral que han de ser atendidas, y eso ya no es competencia de Salut”, aseguró entonces el secretario de Salud Pública.