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Cataluña lo puede alcanzar en el horizonte de 2050, pero la inversión se acercaría al 1% del PIB, lo que supone un notorio problema financiero
Puesto que la tecnología actual ya es suficiente (y cada día mejora más) el principal problema de la Transición Energética no es técnico, sino político y financiero. Posiblemente, la principal dificultad radica en cómo financiar la transición.
En Cataluña, en 2014, la factura energética exterior en fósiles (FEEF) [1] pagada al oligopolio y a los países productores fue de 8.000 millones de euros (el 4,2% del PIB). La propuesta es sencilla: en términos económicos, la Transición Energética consiste en retirar de forma progresiva recursos económicos de la factura energética exterior en fósiles (FEEF) para dedicarse progresivamente a inversiones en generación renovable, en remodelación de las redes y en almacenamiento.
Esto se puede hacer en 34 años (horizonte 2050) y varios expertos estiman que estas inversiones se acercarían al 1% del PIB, es decir, una cuarta parte de la FEEF. Por tanto, si bien estamos ante una evidente factibilidad económica, nos enfrentamos también a un evidente y notorio problema financiero. Un 1% del PIB no es una broma.
Se trata de una inversión en el propio territorio, que por lo que tiene la ventaja de generar empleo local, tanto para la primera instalación como para el posterior mantenimiento y gestión. Es una inversión que tendrá una parte muy distribuida (pequeñas empresas agregadores, comercializadoras, gestoras, etc., así como la inversión familiar residencial), pero que también tendrá una parte más concentrada con operadores de dimensión no tan pequeña. Se necesitan mecanismos financieros adecuados a estos tipos de inversión.
En la actualidad, la FEEF la pagamos la gente y las empresas, a través de las facturas mensuales de gas, electricidad y gasolina. Un 20% de la totalidad del gasto energético catalana se dedica a importar “basura” (dirty fósil fuelóleos como dice incluso Obama). Estamos funcionando como si fuéramos “en alquiler” y los “propietarios” de la energía fueran -lo son, de hecho- los accionistas del oligopolio energético y sus bancos. Transitar hacia un modelo renovable significa, de facto, acercar esta “propiedad” a los usuarios finales de la energía. Una parte de esta “propiedad” será muy distribuida (captación en Km0), y el resto estará un poco más concentrada, pero no demasiado lejana (captación y almacén en Km100). Pero acceder a esta propiedad exige inversión. La parte de esta inversión más distribuida pedirá créditos pequeños y, por tanto, relativamente costosos de gestión. La otra parte más concentrada también tendrá sus peculiaridades. Todo ello necesitará un sistema financiero específico y bien diseñado. El banco público alemán KfW, que se dedica a estos asuntos nos puede servir de inspiración.
La Banca Pública catalana debe ser una pieza fundamental para el éxito de la Transición Energética. Las experiencias danesa y alemana muestran que si se sabe generar confianza en la Transición, si se convierte en un proyecto nacional, la financiación no es un grave escollo. Más ahora que la captura de flujos renovables ya es en muchos casos plenamente competitiva con los sistemas fósiles tradicionales. A menudo se habla de 7 a 10 años para amortizar inversiones distribuidas. La clave está en generar confianza y dotarse de una Autoridad Reguladora del Mercado de la Energía (ARME) moderna, sólida y eficaz. El buen diseño de las estructuras de gobernanza de la Transición será la pieza clave.
Finalmente, habrá que superar la resistencia que el oligopolio pondrá a des-invertir en fósiles. Las grandes inversiones realizadas en extracción y transporte de combustibles fósiles desde tierras lejanas, aún no amortizadas y que están en manos del oligopolio y del sistema financiero, ofrecen y ofrecerán una gran resistencia al cambio. En España conocemos bien el dominio de escándalo del oligopolio sobre las decisiones del Ministerio de Energía. Con puertas giratorias incluidas.
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[1] La Factura Energética Exterior en Fósiles (FEEF) es la que se paga “en puerto” por el conjunto de combustibles fósiles importados (petróleos, gas y uranio) y no incluye impuestos. Representa aproximadamente un 20% de todo el gasto energético catalana.
Cataluña lo puede alcanzar en el horizonte de 2050, pero la inversión se acercaría al 1% del PIB, lo que supone un notorio problema financiero