Curiosa petición

Pero ¿no eran Ayuso & Cía los que acusaban al gobierno de Pedro Sánchez de prácticas bolivarianas y socialcomunistas? Miguel Ángel Rodríguez (MAR), ese genio de la comunicación y de la descalificación fácil y mitinera, ya debe andarse planteando alguna revisión de la atribución después de que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) entendiera que la solicitud formulada al Tribunal Supremo (TS) por el empresario Alberto González Amador, a la sazón pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para que las comunicaciones de seis periodistas sean investigadas, es improcedente en tanto representa un auténtico atentado contra el secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, que consigna el derecho a no revelar las fuentes. Claro que Rodríguez agotará el procedimiento y así ganará tiempo para cualquier otro de sus tejemanejes: aquí parece andar lejos de lo que podría suceder con la resolución del TS que asume, en cualquier caso, un conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las fuentes.

El citado González Amador ha solicitado al alto tribunal que, además, ordene a las compañías telefónicas conservar los registros de llamadas, conexiones digitales y las ubicaciones durante los últimos diez meses. También quiere que la Guardia Civil averigüe si los periodistas disponían de fuentes en la Fiscalía y ordene a la Unidad Central Operativa volver a inspeccionar los teléfonos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe superior de Madrid, Pilar Rodríguez, para que informe si alguno de los dos mantiene cualquier tipo de comunicación con los periodistas.

O sea, ¿esa es la libertad que abogaban Ayuso & Cía, increíblemente denostada ante una caña de cerveza? Según explicaba la FAPE en un comunicado, esta petición que afecta a cuatro periodistas de El Diario.es, uno de El Plural y otro de la Cadena SER, se enmarca en la causa por revelación de secretos que un juez del Supremo dirige contra el fiscal general y el fiscal jefe de Madrid. El Supremo, procede recordar, investiga la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía que desmentía el bulo difundido acerca de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para ser condenado a una pena que no implicara prisión. 

La Federación, sin entrar en labores propias de la justicia, reitera que las pretensiones del empresario vulneran los principios fundamentales del periodismo, basados en el derecho a la información. En ese sentido, precisa que entre esos principios destaca la información veraz y contrastada y el rechazo a los bulos y noticias falsas que, sobre este caso, ya ha denunciado. La FAPE, asimismo, rechaza cualquier intento de intimidar a los periodistas que ejercen su trabajo bajo esas premisas.

Acaso haya sido este el genuino propósito de Ayuso & Cía, que ya no se conforma con seleccionar a su conveniencia las ayudas mediáticas con recursos presupuestarios, ni con discrepar de las opiniones de los críticos ni con tratar el hecho informativo con el sesgo que es fácil adivinar en TeleMadrid, sino que también aspiran a algo más: a saber el curso que han seguido, siguen -¿y seguirán?- las comunicaciones telefónicas de los profesionales que se han ocupado de este asunto. Todo da a entender que les importa poco la cuestión de fondo que se adivina en la controversia entre la libertad de prensa y la reserva o el secreto de las fuentes. El artículo 20 de la Cartamagna, aquel que consagra el derecho a no desvelar la identidad de tales fuentes. Es más importante descubrir quién llama, quién pregunta, quién inquiere… y así deducir para tejer nuevas teorías, ya se verá si especulativas o no, pero háganse a la idea.

¿No será mejor preguntar, a la vista de lo ocurrido, quién intimida? ¡Ah! Aquello de “triturar y cerrar” (MAR dixit) no hace mucho que quedó registrado. De seguir así, los bolivarianos y socialcomunistas no pasarán de niños de teta.