La amnistía espera el examen del Constitucional y de Europa tras una aplicación desigual

La aplicación de la amnistía al procés por parte de los tribunales ha sido tan o más compleja que su negociación política. Medio año después de la entrada en vigor de la norma, los jueces la han aplicado de forma desigual y, en ocasiones, al ralentí. Hay sonoras exclusiones, como la de Carles Puigdemont, e incluso casos que los tribunales todavía tienen que resolver pese a que la ley les daba dos meses para hacerlo.

Por si al cuadro le faltara complejidad, la ley de amnistía tiene pendiente pasar un examen decisivo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Entre ambas instancias suman un total 22 impugnaciones contra la ley de amnistía. Los primeros recursos en el Constitucional se resolverán en 2025, aunque podrían retrasarse al año siguiente las dos cuestiones prejudiciales registradas ante el tribunal con sede en Luxemburgo.

Los seis meses con la norma en vigor han dejado algunas situaciones jurídicas que en ocasiones chocan con la previsibilidad que se supone a los tribunales de Justicia. La malversación de fondos públicos para el procés sí ha sido amnistiada por dos juezas de Barcelona en relación a tres ex altos cargos de Convergència, pero ha sido explícitamente excluida de la amnistía por parte del Tribunal Supremo para Puigdemont y los exconsellers condenados. 

A ello hay que sumar una aplicación desigual en función del tribunal y, en muchas ocasiones, al ralentí. La mayoría de jueces que ejercen en Catalunya decidieron en el plazo conferido por la ley de amnistía, pero hay casos que no se han amnistiado hasta este mes de diciembre, como los bomberos de Girona imputados por colaborar con el 1-O. Otros rechazos a la amnistía, como el de un informático que afronta una petición de 18 años de cárcel, se decidieron en noviembre.

Incluso hay dos amnistías sensibles para el mundo soberanista que no se han negado ni concedido, sino que medio año después siguen inmersas en un enredo procesal sobre qué juez debe resolverlas. Se trata del caso de la treintena de ex altos cargos, empresarios y funcionarios imputados por el 1-O y el de los cinco integrantes de la Sindicatura Electoral del 1 de octubre.

Según el último balance realizado por la organización antirrepresiva Alerta Solidària, tras seis meses con la norma en vigor, la amnistía se ha concedido a 195 personas, 96 de ellas policías investigados por las cargas del 1-O. Otros 84 son manifestantes o activistas encausados por disturbios, mientras que 15 son expolíticos o ex altos cargos. 

La previsión de la Fiscalía antes de la entrada en vigor de la norma indicaba que la ley afectaría a 486 personas. Aunque de este cálculo hay que restar la veintena de exinvestigados en Tsunami Democràtic y la trama rusa, las dos causas de dos de los jueces que más se opusieron a la norma, Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, y que se archivaron por errores de los magistrados sin necesidad de aplicar la norma.

Uno de los últimos cargos en ser amnistiado fue, el pasado 5 de diciembre, el ex secretario del deporte de la Generalitat Gerard Figueras. Estaba investigado en Barcelona por malversación por haber destinado fondos públicos a gastos del 1-O, como el buzoneo de sobre y papeletas. La jueza lo amnistió al constatar que dispuso de esos fondos públicos “con la intención de procurar la independencia de Catalunya, sin que conste enriquecimiento personal”.

Pese a versar sobre gastos con el mismo objetivo (el procés), la interpretación que hizo el Supremo para no amnistiar a Puigdemont y los exconsellers fue opuesta, al considerar que sí había enriquecimiento personal porque los dirigentes no sufragaron los gastos de su bolsillo. Una interpretación que por primera vez rompió la unanimidad que hasta entonces había mantenido el Alto Tribunal en relación al procés.

El resultado fue la exclusión de la amnistía del líder de Junts, Carles Puigdemont, y del de ERC, Oriol Junqueras. Siete años después del otoño soberanista, ambos siguen dirigiendo sus partidos, pero el Supremo ha frustrado por ahora el objetivo de olvidar las causas penales para encauzar en terrenos exclusivamente políticos el debate soberanista.

Otros 28 manifestantes han visto rechazadas sus peticiones de amnistía al no versar las protestas por las que estaban encausados con el procés, mientras que 23 políticos o exaltos cargos tampoco han sido amnistiados, según los cálculos de Alerta Solidària.

El debate en el Constitucional y el TJUE

El Constitucional no tiene plazo para resolver los recursos contra la amnistía. En conjunto, son 20 los recursos que el tribunal tramitará contra la norma: 15 de las comunidades autónomas (todas las del PP y Castilla la Mancha del PSOE), tres del TSJC, uno del grupo parlamentario del PP en el Congreso y el primero de todos, que marcará la línea a seguir, la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Supremo. A ellos habrá que sumar las impugnaciones de los excluidos de la norma.

Antes de empezar a debatir los recursos, el tribunal tendrá que decidir si aparta de las deliberaciones sobre la amnistía a algunos de los jueces recusados. Por ejemplo, el magistrado conservador Jose María Macías, a quien la Fiscalía le acusa de falta de imparcialidad porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoyó dos informes contrarios a la norma.

En síntesis, los recursos ante el Constitucional no se refieren tanto a casos concretos sino a una falta de encaje de la amnistía en la Carta Magna. El Supremo, por ejemplo, alega que la norma vulnera tanto el derecho de igualdad ante la ley como el de la seguridad jurídica. El debate entre juristas sobre la constitucionalidad de la ley tendrá ahora réplica en el órgano de garantías, que cuenta con una mayoría progresista.

El Supremo no ha jugado la carta de la cuestión prejudicial ante el TJUE que sí han efectuado la Audiencia Nacional y el TSJC al considerar que la amnistía es contraria a la directiva europea contra el terrorismo y al derecho comunitario. Esto ha dejado a la espera de la amnistía a los CDR acusados de terrorismo y a los colaboradores de Oriol Junqueras acusados de organizar el 1-O. En suma, 2025 será clave para determinar si es posible el borrón y cuenta nueva pretendido por la amnistía.