El 25 de marzo, Said estaba su piso en Esplugues de Llobregat (Barcelona) junto a sus hijas, cuando la policía llamó a su puerta. Todos los vecinos tenían que abandonar el inmueble de inmediato. Los agentes no les dijeron qué pasaba y no fue hasta una hora después que la alcaldesa, Pilar Díaz, les comunicó que su edificio había sido declarado en ruina y que no podrían volver a sus hogares más que para recoger lo indispensable.
“Nos dieron una lista con lo que teníamos que llevarnos, pero no era capaz de leer nada”, explica este vecino, que vive con sus cuatro hijos y su mujer. Eran seis de los 112 vecinos del edificio conocido como El Barco. Hace casi un mes desde que tuvieron que abandonar sus pisos ante el riesgo de “derrumbe inminente” y, desde entonces, Said ha pasado por casa de unos amigos, un albergue, un hotel, un apartahotel y ahora de nuevo otro hotel.
La gran mayoría de familias están en esta situación, empaquetando sus cosas cada poco, porque las reservas que va consiguiendo el Ayuntamiento para realojarlos suelen durar entre cuatro días y una semana. Ahora todos tendrán que volver a mudarse entre este lunes y el miércoles.
“Vamos de hotel en hotel, con la maleta de arriba abajo. No sabemos qué va a ser de nosotros”, se lamenta Said, que se queja de no saber dónde deberá ir hasta uno o dos días antes de mudarse. A esta incertidumbre se suma el miedo de algunos vecinos, que temen que algún día el consistorio no encuentre plaza para todos y alguien no tenga donde dormir.
Fuentes municipales aseguran a este diario que esto no va a suceder, pero también reconocen que la solución “de emergencia” no es sostenible. Es decir, que en algún momento los vecinos de El Barco dejarán de estar en un hotel o apartahotel, pero el Ayuntamiento todavía no sabe decir cuándo llegará esa fecha. “Depende de cada caso”, apuntan.
Vamos de hotel en hotel, con la maleta de arriba abajo. No sabemos qué va a ser de nosotros
Y es que no todos los vecinos de El Barco están en la misma situación. Algunos, como Said, en algún momento dejarán de contar con la ayuda del Ayuntamiento y tendrán que buscarse otro alquiler. Otros, por el contrario, tienen derecho a ser realojados en una vivienda de protección oficial (VPO). Para entender estas diferencias es necesario remontarse unas décadas atrás.
70 años de descuidos
El Barco es un edificio que se levantó en los años cuarenta y era propiedad, en su totalidad, de un particular. Pero en 1976, el Plan General Metropolitano calificó los terrenos como zona verde. Pasaron los años y sus inquilinos siguieron viviendo allí, pero el destino ya estaba sentenciado: el edificio debería ser expropiado por el Ayuntamiento, demolido y convertido en un parque.
Pero el expediente de expropiación no se inició hasta el 2006 y finalizó en 2023, cuando el consistorio acabó de pagar los 3,6 millones de euros que costó la compra. Durante todos estos años, el antiguo propietario, a sabiendas de que el edificio iba a ser derribado, no realizó ninguna obra de mejora del inmueble de motu proprio. Sólo fue cuando el consistorio denunció, que se efectuaron algunas intervenciones.
Pero eso no evitó que, en 2023, el Ayuntamiento se encontrara un edificio en muy mal estado. “Se hicieron algunos trabajos de mantenimiento, pero no podíamos hacer una rehabilitación”, reconocen fuentes municipales. Así, El Barco fue aguantando hasta este marzo. Pocas semanas después del desplome de un edificio en Badalona, cayeron unos falsos techos de esta finca de Esplugues, así que el Ayuntamiento, además de arreglarlas, también encargó un peritaje que decretó que el inmueble estaba en estado de ruina.
Ante el riesgo, el consistorio no lo dudó y desalojó, algo que “iba a pasar de todas formas”, recalcan desde el Ayuntamiento. Pero antes del informe, la intención era hacerlo “poco a poco” y garantizar que el edificio se vaciara cuando todo el mundo tuviera un hogar al que ir. La idea era que El Barco aguantara hasta 2026, que es la fecha en la que se prevé que se acabe una promoción de VPO a la que, en principio, irán a parar algunos vecinos. Pero no todos.
Los únicos que tienen derecho a realojo son los habitantes de una veintena de los 38 pisos de El Barco: aquellos que firmaron su contrato de alquiler antes de que se iniciara el expediente de expropiación, en 2006. Uno de ellos es José, o Pepito, tal como le conocen en el barrio. Él nació en el piso del que le desalojaron y pensaba morirse ahí. Pero sabe que eso es un sueño imposible.
Hoteles, VPO, indemnizaciones e incertidumbre
Pepito reconoce que los primeros días fuera de su casa fueron “horribles”, pero en el momento en que le aseguraron que le correspondería una VPO en un futuro, se relajó. “Tanto que no escuché nada más de lo que me dijeron”, explica. Ahora bien, eso no impide que se plante cada día en el Ayuntamiento a preguntar qué hay de lo suyo y a asegurarse que todo sigue su cauce. Porque ni Pepito ni ninguno de los otros 111 vecinos de El Barco tiene nada por escrito.
Sabiendo que el plan es acabar en un piso, el resto le da igual. No le importa tener que comprar muebles nuevos, moverse de ciudad hasta que su VPO esté lista o ir de un hotel a otro. “El Ayuntamiento lo ha hecho mal, porque podría haber evitado que acabara en ruina, pero ahora están haciendo lo que pueden”, dice este vecino, que considera que el culpable de todo es el antiguo propietario. “Si en 70 años no hizo ni un arreglo es porque era un sinvergüenza”, asegura.
Pero no tiene nada en contra del consistorio: “Me han jodido la vida, pero también me la han salvado”, añade, seguro de que el desalojo de urgencia era la mejor opción. Pero no todos los vecinos comparten la opinión de Pepito. Sarai, por ejemplo, asegura que nunca se ha fiado de la palabra de su alcaldesa. Por eso, cuando le dijeron que tenía que abandonar su casa sin garantías de nada, decidió encerrarse en su piso, a pesar de que estuviera declarado en ruina.
Me han jodido la vida, pero también me la han salvado
“Tengo dos hijos y estaba lloviendo a mares. ¿Cómo quieres que me fuera hasta que me aseguraran que tendría donde ir?”, se pregunta la mujer. Aprovechó esa prórroga, que duró tres días, para empaquetar todo lo de valor y llevárselo consigo antes de ir al primer hotel. Y, desde entonces, ya ha cambiado dos veces. “Estamos hartos. Y todo esto, ¿para acabar dónde?”, se pregunta.
Sarai, al igual que Said, es de los vecinos que no tendrán derecho a realojo porque firmaron sus alquileres después del 2006. “Me parece injustísimo, pero lo hemos aceptado, vale. Y ahora, ¿qué?”. El Ayuntamiento, que está gestionando la emergencia a través de la cooperativa Etic Habitat, no les asegura hasta cuándo podrán estar en hoteles y, por el momento, les está instando a que busquen pisos de alquiler. Les aseguran -de palabra- que les compensarán una parte del alquiler, pero tampoco saben cuánto.
Un mercado de alquiler tensionado
“Deberemos estudiar cada caso”, reiteran desde el consistorio. Ahora, a familias como la de Said se les abre un abismo. “No somos pobres de necesidad, pero tenemos pocos recursos. ¿Cómo se supone que vamos a poder pagar un piso aquí?”, se pregunta este padre de cuatro hijos. Los pisos en Esplugues superan, de media, los 1.000 euros al mes, un precio inasequible para muchos vecinos de El Barco, donde los alquileres oscilaban entre los 400 y los 500 euros.
“Nos dicen que nos pongamos en la lista de la mesa de emergencia para tener un alquiler social. Eso no es ninguna solución”, dice, indignada, Sarai. Ellos, como muchos otros de los vecinos que se encuentran en su situación, no están en riesgo de exclusión residencial, así que no pueden optar a una vivienda social. “Y, aunque así fuera, tampoco hay pisos”, remacha, recordando que la lista de espera en la mesa es de unos cinco años.
Y tampoco hay pisos en el mercado libre, tal como recuerdan desde el Ayuntamiento. “El mercado de Esplugues está muy tensionado”, aseguran. Hasta la fecha han encontrado 11 pisos para realojar a algunos vecinos, pero no pueden asegurar que vayan a ser definitivos. “Y a eso, se suma el racismo. Cuando los propietarios oyen ciertos apellidos, no quieren alquilarnos el piso”, se lamentan desde el consistorio.
Las fuentes municipales no se atreven a dar fecha para el realojo de los vecinos que tienen derecho a ello. Por otro lado, ante la incertidumbre, los inquilinos de las 18 viviendas que no tienen derecho a un piso se han unido y se han puesto en manos de una abogada para exigir una indemnización. El Ayuntamiento ya se ha avenido a compensarles económicamente pero, de nuevo, solo de palabra y sin fijar una cifra o criterios. “Caso a caso”, repiten, de nuevo, desde el consistorio.
“Haremos comunicaciones por escrito cuando tengamos cosas claras y concretas”, apuntó Eduard Sanz, primer teniente de alcalde, durante el último pleno municipal. Ahora, la prioridad es encontrar los fondos, porque la gestión de la emergencia está siendo cara.
De momento, el Área Metropolitana de Barcelona ha donado a Esplugues 175.000 euros y el Ayuntamiento ha aprobado una modificación de crédito de 360.000 más. A todo ello se suman los 400.000 euros que el consistorio movilizó antes del desalojo para empezar a trabajar en las indemnizaciones. Pero, de momento, no hay nada cerrado.
Lo único que está más o menos fijado en el horizonte es que, durante el mes de mayo, los vecinos podrán acceder a sus viviendas para recoger sus pertenencias. Algunos quieren recuperar muebles y objetos de valor. Otros, como Pepito, dan más importancia a los recuerdos. Álbumes o reliquias familiares. El problema es que los que no tengan piso para entonces, tampoco tendrán dónde dejar sus cosas.
Los vecinos discrepan a la hora de señalar al responsable de su situación: unos señalan al Ayuntamiento, otros al antiguo propietario y algunos, simplemente, al destino. Pero todos ellos coinciden en resaltar lo desesperante de su día a día: “ahora sólo queremos saber dónde dormiremos mañana”, reclama Said.