La idea era hacer borrón y cuenta nueva, comenzar de cero y anular en los próximos años prácticamente todas las licencias de alquiler turístico de habitaciones en Catalunya. Es decir, reordenar el mercado y ponerle las cosas más difíciles a plataformas como AirBnB o HomeAway. Pero el proyecto acabó naufragando por una deficiencia técnica a la hora de redactar el artículo, que debía introducirse en la ley de acompañamiento de los últimos presupuestos catalanes, aprobados a finales de diciembre. Una “chapuza técnica”, según coinciden en describir varias fuentes parlamentarias, de la que hoy ningún grupo político ni conselleria se responsabiliza, pero que acabó suponiendo que la nueva regulación no entrase en vigor este 1 de enero.
La regulación que se pretendía introducir es una reivindicación que ha abanderado, sobre todo, el Ayuntamiento de Barcelona, aunque también están de acuerdo ERC y la conselleria de Empresa, titular de las competencias en turismo. Se trata de obligar a buena parte de los actuales beneficiarios de una licencia turística a tener que renovarla de acuerdo con los nuevos criterios, en un plazo general de 3 años, ampliable a 7 en los casos que puedan acreditarse ciertos perjuicios económicos. Algo que sería imposible en las zonas de alta demanda habitacional, donde se denegarían los nuevos permisos.
El resultado de esto sería una limpia de las actuales licencias y, por tanto, la entrada de una nueva bolsa de inmuebles al mercado de la vivienda, objetivo que persiguen hace tiempo varios ayuntamientos de zonas saturadas. Para conseguirlo sería necesario modificar la ley de Urbanismo de Catalunya.
Con este propósito, en la negociación que mantuvieron el grupo de En Comú Podem con los partidos del Govern, Junts y ERC, se llegó al acuerdo de introducir estos cambios en la ley de medidas fiscales y financieras, conocida como ley de acompañamiento, una norma que cada año hace modificaciones en todas las otras leyes que se considera oportuno para adecuarlas al propósito de las nuevas cuentas. Igual que ocurrió con el resto de acuerdos a los que llegaron con los comuns, se pactó que estos cambios se introdujeran en forma de enmienda conjunta de Junts y ERC.
Fue así como las enmiendas número 32, 33 y 34 llegaron a la Comisión de Economía del Parlament el día 13 de diciembre y fueron aprobadas el día 16. Pero, justo después de eso, las modificaciones quedan paralizadas y nunca llegan al pleno. Así lo recuerda la presidenta de la Comisión, la republicana Raquel Sans: “Hubo muchas correcciones técnicas, entre otras cosas porque íbamos muy justos de calendario. En un momento, técnicos del departamento de Empresa y del de Territorio nos dice que estas enmiendas entra en contradicción con otros artículos de la Ley de Urbanismo. Y el letrado nos lo confirma, nos dice que la Generalitat tendrá muchos años de litigios por estas enmiendas”.
Para salvar la situación, lo que los grupos de Junts y ERC hicieron fue presentar en el pleno una auto-enmienda, que tumbaba las enmiendas introducidas por ellos mismos. Así fue como finalmente quedó hundido el cambio legal tan esperado por la alcaldía de Barcelona y otros municipios con problemas para lidiar con los usos turísticos de la vivienda. Pero, una vez fracasada la iniciativa, nadie asume la paternidad del redactado concreto de los artículos. “Las enmiendas son a propuesta nuestra”, admiten los comuns, que en cambio rechazan que fueran redactadas por ellos. “Las enmiendas siempre las presentan los grupos, aunque es difícil saber cuál es exactamente el origen, si vienen de departamentos o son de negociaciones parlamentarias”, indican desde ERC.
Sea cual sea el origen, se trataba de una “chapuza”, coinciden fuentes jurídicas de la Generalitat, que apuntan a los inconvenientes de cambiar legislación a través de “parches” como el que se pretendía. “Si vas a introducir una modificación de tanto calado como esta y a través de una ley de acompañamiento, ¿qué menos que estudiar bien la ley y hacer un cambio integral que te blinde de problemas futuros?”, indican. En este caso, además, la falta de mimo técnico ha tenido como consecuencia un retraso innecesario de una modificación que tanto los grupos como el Govern consideraban positiva.
Rescate a través de la nueva ley de turismo
Las enmiendas 32, 33 y 34 fracasaron, pero eso no quiere decir que el Govern y los grupos que le apoyan den por perdidas las modificaciones que contenían. Antes de retirarlo, ERC y En Comú llegaron al acuerdo de que la anulación de la licencias y la obligación de someterlas a los nuevos criterios legales fuera una de las medidas que incorporase la próxima ley de Turismo, que está en fase de elaboración en la consejería de Empresa. El conseller Roger Torrent tiene previsto presentar el anteproyecto de la nueva norma en el primer trimestre de este año, cuando el Parlament debería comenzar a tramitarla. Si se cumplen todos los plazos, la nueva normativa podría estar lista antes del inicio de la temporada alta turística.
Pero que los artículos tal como estaban redactados pudiesen crear una avalancha de demandas contra la Generalitat en los juzgados no fue el único problema detectado por los técnicos. Técnicos del departamento de Empresa también trasladaron a los grupos la posibilidad de que la regulación que se introducía vía enmienda chocase con la legislación europea o no se adecuasen a la Constitución. Con esta información en la mano, Torrent deberá decidir ahora si la ley incluye la medida tal y como se deseaba introducir en los presupuestos o si por el contrario la modifica para encajarla en la legislación europea, lo que podría rebajar los efectos esperados en el mercado de la vivienda.