La ley antihomofobia aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 2 de octubre, una normativa pionera en Europa, se contabilizó su primer beneficiario a mediados de febrero. El Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- resolvió que un interno en la cárcel de barcelonesa de Quatre Camins debía tener acceso al tratamiento de reasignación de sexo, que se le había denegado. La nueva ley catalana establece que hay que facilitar que detenidos y reclusos puedan continuar sus tratamientos médicos y hormonales.
Esta primera victoria enmarcada en la nueva ley forma parte de las 22 denuncias que el Observatorio contra la Homofobia ha recibido desde octubre y que podrían tener amparo en la normativa, según ha declarado Eugeni Rodríguez, uno de los portavoces del Observatorio. De estas denuncias, cinco ya han sido remitidas a la Generalitat, concretamente al área para la igualdad de trato y no discriminación de personas Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, un organismo que según la ley está obligado a actuar y remitir los casos a la Fiscalía o Mossos.
Lo que preocupa a los colectivos LGTB, sin embargo, es que de los 22 casos recibidos, de momento solo dos personas se han atrevido a formalizar una denuncia. Rodríguez considera que “sigue habiendo desconfianza total por razones obvias; al que le hacen la vida imposible cree que no vale la pena hacer una denuncia”.
Estas dos denuncias forman parte de las cinco que ha recibido la Generalitat. Las otras tres han sido impulsadas por varias entidades, en contra de iniciativas como un juego llamado Matar al Gay o el libro Comprender y sanar la homosexualidad.
Probablemente muchos, según Rodríguez, desconocen que con la ley antihomofobia sus denuncias ya no serán desestimadas por un código penal que sólo castiga delitos graves, sino que encontrarán refugio en una normativa catalana que tiene en cuenta faltas en una escala de gravedad que incluye insultos, vejaciones, incitación al odio en los medios o discriminación debido a la orientación sexual.
Desde el Observatorio reclaman a la Generalitat una campaña pública y también interna entre los funcionarios que ayude a difundir las ventajas que ofrece la ley a las víctimas de la homofobia y la transfobia. “Tienen que crear un clima de confianza alrededor de la ley, sino será papel mojado”, les recrimina Rodríguez, que compara este avance como si fuera “una vacuna muy importante que todavía no está en las farmacias”.
Las denuncias siguen creciendo: un 2,5% este curso
El Observatorio ha hecho este primer balance de la entrada en vigor de la ley justo después de presentar su informe sobre la homofobia de 2014, que sigue presentando un aumento de los casos denunciados: en 2014 les llegaron noticias -principalmente a través del formulario de su web- de 394 casos, un 2,5% más que el año anterior y hasta un 43% más que en 2002. Pero este incremento de las denuncias, ¿significa que se dan más casos de agresiones homófobas? ¿O que la gente está más sensibilizada?
Rodríguez quiere creer, según cuenta, que se debe a una mayor toma de concienca por parte de los afectados, pero a la vez considera que la cifra es “alarmante”, porque en cuestiones de LGTBfobia las denuncias suelen ser la punta del iceberg de un cúmulode agresiones y acosos.
El estudio constata, como en años anteriores, que más de la mitad de los casos responden a agresiones físicas o insultos, y que la discriminación institucional se lleva un nada menospreciable 8% de los casos, el mismo porcentaje que la discriminación en los medios de comunicación.
Una de las novedades del estudio es que distribuye territorialmente los casos por primera vez. Y sorprende al observatorio que, muy cerca de la provincia de Barcelona, que cuenta con un 32% de los casos, se sitúe Lleida, con un 30%. “Nos preocupa porque en Barcelona hay mucha red de apoyo para los afectados: más de cuarenta colectivos, librerías, fundaciones, bares... y en otras provincias no tanto”, remarca Rodríguez.
El observatorio ha querido destacar la clasificación según los agresores, otra novedad del estudio. El 45% son hombres, y el 10%, mujeres. Los porcentajes restantes corresponden a parejas (7%), entidades (30%) y otros.