Los parlamentarios que forman parte de la Comisión de Investigación creada a raíz del escándalo provocado por la confesión del ex-presidente Jordi Pujol de que tuvo durante 34 años dinero escondido en el extranjero se dividen entre quienes tienen la sensación de que están trabajando, prácticamente, de cara a la galería, y los que confían en que, a pesar de las limitaciones que reconocen, tenga aspectos positivos y útiles en el combate contra la corrupción.
Para uno de los portavoces de ERC en la Comisión, Oriol Amorós, “aunque hay muchas comparecencias aprobadas, muchos son nombres de la Academia: Una Comisión de Investigación no es un seminario de verano; debe servir para hacer un país limpio”, pero lo cierto es que, tal y como se ha planteado, hay portavoces de otros grupos que creen que no servirá ni para aclarar el caso de la misteriosa herencia del ex-presidente Pujol ni aportará luz sobre el conjunto de la corrupción que ha habido en Cataluña desde la recuperación de la autonomía. Marc Vidal, portavoz del grupo de ICV-EUiA en la Comisión ha calculado que al ritmo actual de trabajo, “tardaríamos tres años en llegar a las conclusiones”. Santi Rodríguez, portavoz del PP, cree que “esto va a durar mucho tiempo. Más que la legislatura”. En total, hay previstas unas doscientas comparecencias, que todavía podrían ampliarse.
Diluir el caso Pujol
El elevado número de testigos no preocupa al grupo de Ciudadanos. Uno de sus portavoces, José María Espejo-Saavedra, dice que “lo que importa no es el número de comparecientes sino si aportan realmente un testimonio que pueda aclarar y sacar a la luz la corrupción que durante las últimas décadas se ha producido en Cataluña bajo el amparo de los sucesivos gobiernos de CiU y, en su caso, también durante la etapa del Tripartito”. Meritxell Borràs, portavoz de CiU en la Comisión, también piensa que “su utilidad y eficacia no dependerá de aspectos cuantitativos como el número de comparecencias; sino de la actitud de los grupos parlamentarios”. Por el contrario, el socialista Jordi Terrades considera que “se ha intentado diluir el caso Pujol. Se ha abierto demasiado el foco y la investigación de este caso quedará desdibujada”.
Servirá, eso sí, para hacer pasar un mal rato a ex presidentes del Gobierno, como José María Aznar o Felipe González, y a muchos comparecientes, entre los que está el ex-tesorero del PP Luis Bárcenas o los ex-ministros Angel Acebes y Pedro Solbes. Lo destaca Isabel Vallet, de la CUP: “Personajes que se creían muy seguros se verán en la obligación de pasar por el Parlamento y escucharán las preocupaciones que ha generado su gestión”. Para ella, el riesgo de que no se llegue a conclusiones útiles está más en que las pacten CiU y PSC -“como ocurrió en la comisión de investigación de la corrupción en la Sanidad”, dice- no en la cantidad de personas que desfilen por ella.
Oriol Amorós también ha denunciado un pacto sociovergente a la hora de votar las comparecencias, aunque al final acabarán interviniendo prácticamente todas las personas propuestas, salvo el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Precisamente, fue el acuerdo de CiU y ERC lo que ha hizo posible que Mas se cayera del cartel. Amorós lo ha justificado “por lo que representa la figura del presidente” y porque confía en que acuda a dar explicaciones a la Comisión de Asuntos Institucionales.
El socialista Jordi Terrades niega que haya habido un pacto con CiU: “Si hubiera habido pacto no tendrían que comparecer los imputados por el caso Mercuri”, dice en relación al asunto que afecta al ex-alcalde del PSC en Sabadell, Manuel Bustos. Y contraataca argumentando que la conversión de una comisión que debía estudiar el caso Pujol en otra de más genérica responde a los intereses coincidentes de ERC y CiU, ya que sus objetivos se decidieron coincidiendo con la celebración de la consulta del 9N . Da a entender que 9N y Comisión de investigación fueron monedas de cambio en la negociación entre republicanos y convergentes. Finalmente, lleva por título: “Comisión de Investigación sobre el fraude y la evasión fiscales y las prácticas de corrupción política”. El propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, telefoneó al presidente de la Comisión, David Fernández (CUP), después de que éste denunciara un pacto CiU-PSC y amenazara con dimitir para asegurarle que este pacto no existió.
Los efectos de la disolución del Parlamento
Una de las cuestiones que gravita sobre los trabajos de la Comisión es la posibilidad de que un adelanto electoral conlleve la disolución del Parlamento. Sólo el diputado del PP Santi Rodríguez cree que este avance no se producirá: “Mas no convocará unas elecciones que perdería”, dice. El resto, sin embargo, trabajan con la perspectiva de que, probablemente, las comparecencias previstas para los días 15, 22 y 23 sean las últimas que se hagan. Han despertado una expectación especial las de los fiscales que elaboraron la querella del caso Banca Catalana: José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, previstas para el día 22.
Isabel Vallet, de la CUP, afirma que “esta sensación influye, pero también influirá en el debate de los presupuestos y, en todo caso, el trabajo realizado lo recogerán los diputados que vengan más adelante”. Este grupo ha creado el blog “Luz y taquígrafos” para difundir las tareas de la Comisión y añadir todo aquello que no aparezca: “el papel de los comparecientes vetados o lo que no cuenten para entender bien qué ha sido el pujolismo”.
Marc Vidal, de ICV-EUiA, aspira a “aprovechar lo que quede de tiempo de funcionamiento de la Comisión para poner el dedo en la llaga”, mientras que la convergente Meritxell Borràs confía en “llegar a unas conclusiones que, en lugar de hacer un espectáculo mediático, permitan establecer instrumentos para acabar con el fraude fiscal y la corrupción política”. Aunque no descarta el adelanto de las elecciones, dice que “los diputados de nuestro grupo parlamentario trabajan en cada una de las comisiones pensando en el futuro del país y en ningún caso en la disolución del Parlamento”.
El representante de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, dice que “a CiU y, concretamente a Artur Mas, no le interesa que avance demasiado la Comisión porque podrían salir a la luz muchos escándalos hasta ahora desconocidos y, esto es un elemento que pesará también en la convocatoria anticipada de elecciones ”. “Tengo mis dudas de que esto avance, pero lo que pueda pasar no está escrito en ninguna parte”, dice el socialista Terrades. Todo está en manos del presidente de la Generalitat, que es quien tiene la posibilidad de convocar elecciones y dar más o menos vida a una Comisión creada a raíz de la inesperada confesión de Jordi Pujol, pero que ha acabado yendo más allá del “proceso al pujolismo ”, para diluir responsabilidades según algunos o para ir a fondo de la corrupción en Cataluña durante los últimos 34 años, según otros.