La Comisión de investigación que se creó a raíz de la confesión del ex-presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de que tuvo dinero escondido en el extranjero durante 34 años ha terminado este viernes 17 de julio sus trabajos. Un año después de esta confesión, la Comisión, que se constituyó el pasado 3 de noviembre, y que se bautizó como Comisión de Investigación sobre el Fraude y la Evasión Fiscal y las Prácticas de Corrupción Política, ha votado un dictamen que recoge conclusiones y recomendaciones de los siete grupos que han participado en ella. Las conclusiones fundamentales son que se reprueba la conducta de Jordi Pujol y que se le pide que levante el secreto bancario de sus cuentas para poder aclarar el origen del dinero que tenía depositado en el extranjero.
Hacer un dictamen común con las aportaciones de los diferentes grupos ha sido un trabajo arduo y monótono. Estas aportaciones fluctúan entre los 28 folios del grupo de CiU, en los que no se menciona en ningún momento la palabra Pujol, y los ochenta de las CUP, que analizan no sólo los casos de corrupción denunciados en Cataluña sino los que se han producido los últimos años en el País Valenciano y las Islas Baleares.
La complejidad de las votaciones de esta última sesión de la Comisión hace casi imposible detectar si hay algún tipo de pacto entre los grupos políticos para destacar o aguar algunas de las cuestiones que se han elucidado. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha salido de la reunión con la sensación de que había habido más coincidencias entre CiU y PP que entre CiU y ERC, como sería de prever vista la situación política actual. Marc Vidal, de ICV-EUiA, ha detectado estas coincidencias entre convergentes y populares cuando se trataba de denunciar la existencia de los paraísos fiscales y, en cambio, ha constatado coincidencias entre convergentes y republicanos cuando se han votado mociones que acusaban el ex presidente Pujol y al actual presidente, Artur Mas, de estar al corriente de operaciones corruptas promovidas por el clan Pujol Ferrusola al amparo de la administración de la Generalidad.
En cambio, el portavoz socialista, Jordi Terrades, ha comprobado, sorprendido, como se aprobaban todas sus recomendaciones y conclusiones. Incluso la que criticaba a Artur Mas por esconder que su padre tenía una cuenta irregular en Liechestein, mientras él era era consejero del Gobierno catalán. “ERC ha puesto a CiU a los pies de la caballería”, ha concluído Terrades.
Carrizosa ha dicho que CiU no ha roto en ningún momento con las prácticas de corrupción denunciadas en la Comisión, ha recordado que Artur Mas fue el delfín de Jordi Pujol y ha aprovechado para acusar a ERC de concurrir a las próximas elecciones en una lista conjunta con CDC. El portavoz republicano, Salvador Sabrià, y el popular, Santi Rodríguez, han coincidido, con otros grupos, en la necesidad de que Jordi Pujol y el resto de miembros de su familia imputados por delitos fiscales levanten el secreto bancario para aclarar el origen de sus fortunas, pero el de ERC ha aprovechado su intervención para criticar a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, por su implicación en el oscuro asunto de la grabación de una conversación entre ella y Victoria Alvarez, ex-compañera del hijo mayor de Jordi Pujol , en el restaurante La Camarga.
El portavoz de CiU, David Bonvehí, que sólo ha participado en las últimas sesiones de la Comisión, ya que sustituyó hace pocos días a Meritxell Borràs, nombrada consejera de Gobernación, ha acusado a los ecosocialistas de tener decididas las conclusiones antes de que la Comisión se pusiera en marcha. En la línea que caracterizó a su antecesora, Bonvehí ha sido el más crítico con la utilidad de la Comisión y ha querido resaltar que, a su entender, ha permitido concluir que “Cataluña no es un país corrupto”.
En el otro extremo de las valoraciones finales, Isabel Vallet, de las CUP, ha afirmado que la Comisión de investigación ha evidenciado “una crisis del régimen que nos ha dejado en la memoria colectiva todo tipo de corrupciones”. Ha agradecido a los periodistas, jueces, ONGs y ciudadanos que lucharon contra esta corrupción, a menudo a contracorriente.
Cientos de votaciones, pues, que ahora hay que ordenar y convertir en un dictamen que está previsto que se debata como primer punto del último Pleno del Parlamento, que comienza el próximo martes. Vista la laboriosidad de esta tarea, el presidente de la Comisión, David Fernández, ha asumido el compromiso de pedir a la Mesa del Parlamento y a la Junta de Portavoces que trasladen el debate hacia el final del Pleno.
El debate y votación del Pleno determinarán cuáles son las posiciones definitivas de los diferentes grupos y si se confirman las impresiones de los pactos intuidos hoy o hay nuevas alianzas. De hecho, en el Parlamento muchos diputados estaban más pendientes de la confección de las listas para las elecciones del 27S que del sentido de las votaciones de la Comisión que hoy ha bajado la persiana.