La teniente de alcaldía de Ecología y Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha vuelto a declarar este lunes como imputada ante un juez. Pero no por ningún caso de corrupción, sino por una nueva querella de un fondo buitre, a la que en esta ocasión se ha sumado la Congregación de los Padres Paúles. El pleito versa sobre la casa modernista Buenos Aires, que el consistorio protegió y destinó a equipamientos sociales frustrando así su derribo para construir un hotel de lujo como pretendía el fondo London Private Company. Fuentes judiciales han informado que en su declaración ante el juez Sanz ha defendido el interés público de la actuación municipal.
El fondo buitre y la congregación religiosa atribuyen a Sanz varios delitos, como la prevaricación, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos, en concreto la okupación de La Buenos Aires en marzo de 2019 por parte de jóvenes del barrio de Vallvidrera cuando trascendieron las intenciones hoteleras de London Private, que por aquellas fechas negociaba una opción de compra de la casa con los Padres Paúles. Según los querellantes, el Ayuntamiento permitió la okupación para frustrar el derribo de la finca, algo que niegan Sanz y el consistorio.
Tras un año de conversaciones entre el fondo, los Paúles y el consistorio, no se llegó a un acuerdo debido al precio desorbitado que pedían los primeros al Ayuntamiento para no derribar la casa modernista y construir el hotel. Según fuentes conocedoras de la operación, religiosos y el fondo reclamaron al consistorio alrededor de 12 millones de euros, casi cuatro veces más que la valoración municipal del edificio.
Finalmente el consistorio aprobó la modificación del plan urbanístico en julio de 2020 para proteger la Buenos Aires y salvarla del derribo solicitado un año antes por London Private (fondo comandado por un exalumno de los Paúles). Tanto el pleno municipal como la comisión de Urbanismo de la Generalitat han dado el visto bueno a la modificación del plan para destinar la Buenos Aires a viviendas para la tercera edad y equipamientos para el barrio.
“Hemos explicado con normalidad todo el procedimiento para proteger y catalogar la finca Buenos Aires, que estuvo guiado por el interés público”, ha explicado Sanz, defendida por los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, a la salida del juzgado. La teniente de alcaldía ha estado arropada por los concejales Albert Batlle, Jordi Martí y Marc Serra así como por la cúpula de los servicios jurídicos municipales
No es la primera vez que Sanz, como máxima responsable de Urbanismo de Barcelona, tiene que enfrentarse a una querella de unos promotores hoteleros. La cadena Praktic se querelló contra Sanz por denegar la licencia para un hotel de lujo en el Raval, pero terminó desistiendo de la acusación penal y el caso terminó archivado. A la causa de la Buenos Aires todavía le quedan varias declaraciones que celebrar en los próximos días, entre ellas las de los representantes del fondo, los Padres Paúles y los responsables de Urbanismo municipales.