A falta de que los trabajadores digan su última palabra, este martes se cerró un preacuerdo que encarrilaría por fin el conflicto laboral que los empleados de Eulen han protagonizado en el aeropuerto del Prat. Pero entre las cuatro paredes en las que el Comité de empresa, Eulen, Aena y Generalitat hilvanaron el borrador del pacto no solo había una posible victoria laboral nacida de la huelga, sino que además se ponía en entredicho todo un modelo de subcontrataciones a la baja que Aena, el gran operador aéreo español, ha convertido en política de empresa.
En la última reunión, las partes también lograron arrancar a la directora del aeropuerto, Sonia Corrochano, un compromiso por el que Aena asegura que en las próximas licitaciones del servicio de seguridad se mantendrán las condiciones surgidas de aquella negociación.
Ese compromiso era uno de los grandes objetivos perseguidos por los negociadores del comité de empresa, conscientes de que, sin eso, cualquier acuerdo con Eulen era pan para hoy y hambre para mañana. Pero también era importante para la propia Eulen. La empresa de seguridad privada tiene en El Prat un margen de beneficio que fuentes de la negociación calculan entre el 7% y el 8%. Demasiado estrecho como para absorber el aumento salarial y de contratación.
“Ahora será Aena y Eulen quienes tengan que negociar cómo lo hacen”, explica el secretario general del departament de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, quien ha sido muñidor del acuerdo. “Técnicamente podría hacerse una modificación de urgencia del contrato, o bien resolviéndolo y haciendo otro. También podría ocurrir que entre ellas no haya acuerdo y que Eulen prefiera abandonar el contrato”.
Lo que para Ginesta queda claro es que la licitación de Aena no estaba bien hecha. Prueba de ello es que las condiciones del contrato con el que Eulen accedió al servicio apenas han aguantado un año en pie.
“Atornillar” a las subcontratas
Fuentes de Aena consideran que no será necesario hacer cambios en el contrato, ya que la última modificación es de junio pasado. “Aena ha realizado recientemente una ampliación del contrato actual para mantener los niveles de calidad con el incremento de actividad”, indican. El incremento es de 425.000 euros que, sumados a los 23.141.290 euros iniciales por los que se adjudicó el contrato, todavía están por debajo los 23.635.968 por los que Aena sacó inicialmente la licitación.
Concursos a la baja como el de Aena con Eulen en El Prat son una práctica cada vez más habitual en el sector público, relacionados con los recortes de los últimos años, y suscitan duras críticas por parte de la mayoría de agentes económicos, no solo de los laborales. Una de las voces que se ha intervenido en el debate ha sido el vicepresidente ejecutivo de la patronal turística Exceltur, José Luis Zoreda, que esta semana lanzó críticas a Aena por “atornillar” en exceso a las subcontratas con contratos que calificó de “sumamente bajistas”. Según denunció Zoreda, la empresa aeroportuaria ha optado por subcontratar servicios a costa de personal propio y ha adjudicado con contraprestaciones económicas tan bajas que resulta difícil mantener la calidad del servicio.
La compañía rebate estas afirmaciones asegurando que la diferencia del 2% en la oferta de Eulen respecto a la de Prosegur “no puede justificar una modificación de las condiciones laborales”. Según explican fuentes de la empresa, “en este tipo de concursos Aena exige una solvencia técnica muy alta, es decir, que sean empresas que cumplen criterios de experiencia y amplio conocimiento de lo que es la seguridad aeroportuaria. Una vez que esa solvencia está demostrada, se adjudica a la oferta más económica”.
Sin embargo, uno de los cambios sustanciales entre la licitación ganada por Eulen y la anterior de Prosegur es que en la nueva se dejaba a merced de la empresa adjudicataria asuntos como la organización de los turnos o el personal en los filtros, lo que da márgenes a las subcontratas para rebajar los costes.
Críticas sindicales a las licitaciones a la baja
Según CCOO, los concursos por precio, sin tener en cuenta “unos mínimos de respeto a los convenios colectivos” suponen una “verdadera lacra para los sectores que dependen de las licitaciones públicas”. Seguridad privada, auxiliares, o contratas de limpieza están entre las más afectados.
El secretario de acción sindical de CCOO en Construcción y Servicios, Daniel Barragán, explica que “se ha convertido en algo habitual que se liciten concursos a la baja y que se acaben adjudicando a empresas que ya de inicio se sabe que no van a cumplir los mínimos legales”, lo que se materializa en “descuelgues salariales, convenios de empresa firmados a la baja y un largo etcétera”.
Barragán apunta que uno de los problemas clave en esta materia es que muchas veces son las propias Administraciones Públicas las que adjudican contratos siguiendo estos parámetros de precio: “Ni cláusulas sociales, ni calidad”. Como consecuencia directa, se ven afectados no sólo los trabajadores sino, en última instancia, los usuarios y ciudadanos en general que ven cómo estos servicios no se realizan con la calidad adecuada.
Para Moisés Torres, secretario de Servicios a la Ciudadanía de UGT, se trata del “cáncer del sector público”. “Se rebaja entre un 40% y un 50% el precio de las licitaciones respecto al precio anterior. Esto genera conflictos laborales constantes y al final es el ciudadano el que sufre las consecuencias”. Sobre las modificaciones que supondrá la nueva Ley de Contratación Pública, confiesa que “duda mucho” de que sirva para resolver los problemas surgidos en este ámbito.
La Ley de Contratación Pública, en el Senado
En estos momentos se encuentra en tramitación en el Senado una nueva Ley de Contratación Pública. Esta norma supuestamente servirá para abrir a las pymes la posibilidad de acceder a licitaciones que hasta ahora están limitadas a las grandes empresas contratistas y debería elevar la puntuación de los criterios de especialización y calidad frente a los meramente económicos.
El diputado de En Comú Podem en el Congreso, Josep Vendrell, explica que, pese a la oposición inicial de su grupo a la ley, la norma recoge algunos avances, razón por la que finalmente se abstuvieron en ese trámite. “La valoración única de menor precio era temeraria, y ahora se introducirá una relación entre calidad y precio. Por ejemplo, la ley se refiere específicamente a la seguridad privada”, explica el diputado.
Con esta nueva ley se podrán incluir también criterios de carácter social, de conciliación, contratación de mujeres o un menor número de contratos precarios en la empresa. “Una cosa en la que insistimos mucho es que el incumplimiento de los convenios colectivos supusiese la resolución del contrato”, asegura el diputado catalán. Pese a esto señala a otro factor determinante en el auge de los contratos a la baja: que Aena es una empresa semiprivatizada. “Ahora ya no deben rendir cuentas al Congreso, sino a los accionistas, y eso acaba repercutiendo en la parte mas débil”.