El Consejo de Europa alerta en un informe del “uso desproporcionado de la fuerza” que la policía utiliza en las manifestaciones. Se hace eco de las denuncias ciudadanas sobre la actuación de los antidisturbios y, sobre todo, de la utilización de balas de goma para disuadir protestas. Además, denuncia “la falta de identificación de los cuerpos policiales”. El informe deja claro que la no visibilidad de la placa de los oficiales “ha impedido los procesamiento y las sanciones contra los autores de los abusos”. Según el Comisario Nils Muiznieks, las autoridades deben garantizar las los derechos de libre expresión y de reunión “incluso a las manifestaciones espontáneas que no han sido notificadas”.
Además, el Consejo de Europa critica el régimen de incomunicación al que la Guardia Civil deja a muchos de los detenidos. Pide “la abolición” de esta práctica, que califica como un problema “muy serio y antiguo de protección de los Derechos Humanos”.
El informe, sin embargo, gira principalmente en torno a la situación social en España. Según el documento, los recortes que se están aplicando desde el inicio de la crisis han debilitado la protección de los Derechos Humanos. Es la conclusión a la que ha llegado el comisario Nils Muiznieks, después de haber visitado nuestro país el pasado mes de junio y centra su denuncia en tres puntos: el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones contra los recortes y el impacto negativo que las medidas de austeridad tienen contra la población infantil y las personas discapacitadas.
Durante la visita a España entre el 3 y el 7 de junio pasado, la delegación del Consejo de Europa también pudo observar el impacto negativo que los recortes tienen en la población infantil. Muiznieks muestra su preocupación “por el incremento de la pobreza infantil”, que en 2011 afectaba al 30,6% de los niños.
“Los niños han sido afectados de forma desproporcionada por los recortes en sanidad y educación y la disminución de las ayudas a las familias han llevado a muchos niños a sufrir problemas de desnutrición”. En este punto, el informe se centra sobre todo en los hijos de los inmigrantes indocumentados por los “problemas que tienen a la hora de acceder a la atención sanitaria”.
Sobre las últimas decisiones del Gobierno en materia educativa, Muiznieks recomienda que se vuelva a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Según el comisario, una educación que tiene en cuenta los Derechos Humanos “es esencial para combatir todas las formas de intolerancia y permite desarrollar generaciones de ciudadanos responsables”. Elementos “indispensables”, según dice, para “una sociedad democrática”.
Por último, el Consejo de Europa muestra también su preocupación por las deficiencias que está teniendo la implementación de la Ley de Dependencia, aprobada en 2006. Denuncia las “estrictas condiciones” que deben cumplir las personas con alguna discapacidad para poder recibir las ayudas.