La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves otorgar al juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el amparo que este había solicitado y que se traducirá en pedir a los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen “para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante” el juzgado belga que le ha citado.
Concretamente, se pide que la Abogacía del Estado arbitre una fórmula para representar al juez español ante la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros que han planteado una demanda civil acusando a Llarena de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
El Consejo considera que Llarena necesita amparo ante lo que ha denominado “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional”. La decisión del CGPJ consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena --Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica-- y las costas que se deriven de una eventual condena.
El juez Pablo Llarena pidió amparo ante el Consejo General del Poder Judicial el psado miércoles por la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española.
Puigdemont denunció la forma en que el juez está realizado la investigación. En concreto, afirma que la instrucción de Llarena “vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia”, y ha demandado al magistrado en Bélgica al entender que la Justicia de este país es competente por ser el lugar en el que reside.
La primera sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas acordó citar para el próximo 4 de septiembre a Llarena, que no acudirá y pide amparo al CGPJ. En el texto de su petición, adelantado por 'El Español', Llarena advierte del “riesgo” que esa demanda supone “para la integridad de la jurisdicción española”, y afirma que la reclamación de los procesados en Bélgica “supondría un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrollo mi labor”, estima Llarena.