El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo presentó contra la ley de amnistía. Es la primera impugnación de la norma que admite a trámite el tribunal de garantías a la espera de tener que estudiar la decena de recursos interpuestos por las administraciones regionales gobernadas, sobre todo, por el Partido Popular en los que han sido recursados tres magistrados progresistas del pleno.
También ha aceptado que Juan Carlos Campo se aparte de las deliberaciones e insta al Supremo a paralizar el “proceso” de la amnistía hasta que dicten sentencia sobre el fondo del asunto, lo que no sucederá en ningún caso antes de en medio año. La ponencia de esta cuestión de inconstitucionalidad ha quedado en manos del magistrado conservador Ricardo Enríquez.
El Constitucional estudiará, por tanto, las duras alegaciones que el Tribunal Supremo hizo sobre el primer artículo de la ley de amnistía aprobada hace unos meses en el Congreso: el artículo que recoge todos los supuestos delictivos relacionados con el procés que quedan amparados por la norma de perdón. Un documento en el que la Sala de lo Penal, a diferencia de lo que hizo en su sentencia, se refiere al procés independentista de 2017 por primera vez como un “golpe de Estado” y a los acusados como “golpistas”.
El departamento que dirige Manuel Marchena calificó la ley de amnistía como una “grosera discriminación” que beneficia a los acusados en función de su “opinión política”. “Establece un tratamiento desigual en función de la ideología”, dijo en otra resolución relacionada con la amnistía.
Recusaciones y abstenciones en la amnistía
El Tribunal Constitucional tiene varios recursos e impugnaciones de la ley de amnistía encima de la mesa. Además de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo que acaba de admitir a trámite también tiene el recurso presentado del PP, que será analizado a finales de mes para el mismo trámite y con el magistrado José María Macías como ponente. El recurso interpuesto por Aragón, una de las administraciones regionales gobernadas por el PP que anunció la medida judicial, todavía no ha entrado en el orden del día y la ponente será la magistrada Laura Díez.
Las posibles recusaciones y abstenciones, y la aritmética resultante en esos debates, era uno de los puntos clave de las primeras deliberaciones sobre la ley de amnistía y su recorrido en el Constitucional. Además de la abstención presentada por Juan Carlos Campo, los magistrados tienen que analizar las presentadas por el PP en su recurso contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez, ponente del recurso del gobierno aragonés de Jorge Azcón. En total se han registrado diez recursos contra la amnistía y sus ponencias se han repartido por todo el pleno.
En estos momentos, y tras la incorporación de Macías, el tribunal cuenta con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. La ausencia voluntaria del exministro Campo en estas deliberaciones deja al sector progresista con un efectivo más en lo relativo a los recursos presentados por la ley de amnistía.