El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la llamada ley catalana antidesahucios, incluida en la reforma del Código Civil catalán y que que prevé la propiedad temporal. Lo hace tras haber admitido a trámite un recurso del Gobierno central que así lo solicitaba, con el argumento de que la norma invade competencias del Estado.
El artículo 1 de la Ley que modifica el Código Civil de Cataluña define una modalidad de propiedad a plazo que otorga a su titular el dominio de un bien durante un plazo determinado, a cuyo vencimiento el dominio se transmite al titular sucesivo.
Para el ejecutivo central esta normativa catalana afecta a las condiciones básicas del derecho de propiedad que corresponde regular al Estado, tal y como recoge el artículo 149 de la Constitución, razón por la cual la ha recurrido.
La admisión a trámite del recurso supone, automáticamente si así lo solicita el Gobierno, la suspensión cautelar de la norma por un plazo prorrogable de cinco meses que deberían permitir al TC decidir sobre el fondo del asunto, pero dicha suspensión provisional no determina cuál será el sentido del fallo.