El nuevo pacto social que posiblemente nos deja la pandemia de la COVID-19, la protección de la salud en el centro de las políticas públicas del siglo XXI, no puede olvidar los efectos que para la salud está teniendo también la crisis económica, derivada de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria. La salud y la economía son realidades interdependientes.
Efectivamente, las noticias que nos trae el INE con los datos de la EPA del segundo trimestre son realmente preocupantes. Entre abril y junio, los principales meses de confinamiento, se han perdido más de un millón de empleos, sin contar los empleos y autoempleos que están acogidos a un ERTE y cesación de actividad. Una parte de los cuales es posible que pierda también su empleo o actividad una vez acabe este periodo excepcional. El numero de hogares en el que todos sus miembros activos están en paro es ahora de casi un 1.200.000, de los que unos 300.000 son unipersonales. En síntesis, la curva de la crisis económica, cuyo mejor indicador para las personas es el desempleo, está en plena subida. Siendo optimista, la tasa de desempleo es previsible que suba de nuevo por encima del 20% para final de año.
Como bien sabemos en salud pública, y especialmente en salud laboral, disponer de un empleo (decente) es básico para la salud de las personas, pues para la inmensa mayoría de ellas el empleo constituye la principal fuente de ingresos y bienestar. Los efectos sobre la salud del desempleo sin protección social en términos de enfermedad y muerte son conocidos. De hecho, una de las medidas más importantes adoptadas durante la primera fase de la pandemia, y que podemos catalogar también de salud pública, ha sido el establecimiento del ingreso mínimo vital para estas personas y familias que carezcan de empleo. El seguro de desempleo y esta nueva medida de protección social son los pilares para soportar la crisis económica en la que ahora estamos
Así pues, en la fase en la que nos encontramos, después de centrar todos los esfuerzos en aplanar la curva de la crisis sanitaria, la prioridad ahora es mantener el control de la pandemia y hacer frente al impacto de la crisis económica. Esto es, debemos de continuar haciendo frente a la crisis sanitaria, insistiendo una y otra vez en la identificación de casos y seguimiento de contactos de la manera más eficiente posible, pero esto ha de ser compatible con la reactivación de la economía, que había quedado en mínimos tras la primera fase de la pandemia.
Pero para que todo ello funcione: vigilancia epidemiológica, protección al desempleo e ingreso mínimo vital, es necesario que la economía funcione, y las empresas y las personas paguen/paguemos nuestros impuestos y nuestras cotizaciones sociales. La deuda que hemos contraído, sea directamente por España o mutualizada con Europa, habrá que pagarla, de una u otra manera. El nuevo contrato social se fundamenta en la salud de las personas, como prerrequisito para una economía sostenible y una sociedad justa. En ello nos va la vida.
Fernando G. Benavides es catedrático de Salud Pública en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y profesor adjunto en la University of Texas School of Public Health.