“Las leyes ya están hechas”. Esta frase del presidente de la Generalitat, Artur Mas, resume la cumbre que han celebrado en el Palau de la Generalitat las distintas instituciones que controlan la acción pública. El objetivo del encuentro era buscar nuevas medidas que aislen a la corrupción y que permitan recuperar la fe de los ciudadanos en la clase política. Pero según las primeras conclusiones que Mas ha avanzado tras salir de la reunión, en vez de nuevas ideas se han recuperado viejas promesas. La principal propuesta es que “se eleve a norma con rango de ley” un acuerdo que firmaron en 2001 todos los partidos con representación en el Parlament.
Los participantes de la cumbre eran la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez; el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó; el Síndic mayor de la Sindicatura de Cuentas, Jaume Amat y el secretario del Govern de la Generalitat, Jordi Baiget.
El compromiso de 2001, que jamás se ha cumplido, fijaba que los partidos debían reducir su gasto, especialmente durante las campañas eletorales. La lógica del acuerdo es que si los partidos políticos no pueden gastar grandes sumas durante las campañas ya no necesitarán el dinero. Todas las cifras de los partidos, además, debían ser controladas por la Sindicatura de Cuentas, de manera que supiera de dónde proceden todas las entradas de dinero y todas la salidas.
Para evitar lo que sucede con el Tribunal de Cuentas, que lleva un retraso de cuatro años, los partidos debían enseñar sus cuentas cinco días antes de que empezara la campaña. El que fue presidente del Parlament en 2001, Joan Rigol, denunció hace tres años en un artículo en un periódico que de haberse cumplido con el acuerdo “se hubiera generado una nueva manera de hacer que nos hubiera ahorrado parte de la desafección política actual”.
La cumbre no se da por terminada y todos los integrantes se volverán a encontrar en 15 días para redactar las conclusiones definitivas y convencer al resto de implicados (como los demás partidos políticos) para que den su visto bueno.
En la comparecencia posterior a la cumbre, que ha durado dos horas y media, los periodistas han preguntado en varias ocasiones sobre la posible imputación de Oriol Pujol, secretario general de CDC. Artur Mas ha respondido que “la rueda de prensa es para hablar de otro tema”, pero sí ha apuntado que “la palabra imputación suena muy dura pero sólo es un indicio que se tiene que transformar en prueba y luego en condena”.
Desde su punto de vista, un político no debe abandonar el cargo hasta que sea condenado a pesar, según ha dicho, de que muchos medios de comunicación ya den por condenado a una persona imputada. Aún así, Mas ha anunciado que es necesario llegar a un “acuerdo general para saber en qué momento se deben tomar decisiones” y apartar de manera temporal o definitiva a un cargo público. El president ha puesto como ejemplo el sistema judicial que aparta a los jueces cuando considera que hay ciertas evidencias de iregularidades. Este pacto sería sólo una recomendación y no una ley.
La presidenta del Parlament ha convocado al resto de partidos para explicarles el contenido de la reunión y tratar de convencerles. Algunos partidos ya han criticado la cumbre por creer que sólo es un gesto de cara a la galería y han pedido a Mas que empiece por apartar a las personas imputadas de su partido.