“¡Aceptar retirarle el acta al MHP [Molt Honorable President] Quim Torra es aceptar el golpe de Estado!”. Así se expresaba la actual presidenta del Parlament, Laurà Borràs, hace dos años, cuando su antecesor, el republicano Roger Torrent, evitó incurrir en desobediencia y acató la retirada del escaño de Torra sin sentencia firme.
Las críticas de Junts se han convertido en un bumerán para los posconvergentes después de que Borràs haya hecho suya la 'vía Torrent' en el caso de la retirada del escaño del cupaire Pau Juvillà, que ha tenido idéntico resultado al de Torra: la presidencia del Parlament ha acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para despojar a un electo de su escaño sin sentencia judicial firme.
El episodio de Torra generó un alud de críticas de Junts hacia Torrent y dejó heridas abiertas, hasta el punto que Torrent fue el único de sus antecesores que Borràs no nombró en su discurso de estreno en la presidencia del Parlament. Borràs se estrenó en el cargo prometiendo que impediría “injerencias” del Estado. Menos de un año después, ante la misma disyuntiva a la que se enfrentó Torrent –acatar o desobedecer a la JEC–, Borràs ha escogido la misma vía.
La dirigente de Junts no fue la única en cargar contra Torrent debido a la retirada del escaño de Torra. “Cuando las instituciones democráticas no defienden la voluntad democrática, se degradan”, afeó el entonces president a Torrent en el pleno que confirmó que ya no era diputado. En las redes sociales, dos de los diputados de Junts que han participado en las negociaciones entre independentistas en el caso Juvillà, Jaume Alonso-Cuevillas y Francesc de Dalmases, también lamentaron la actuación de los republicanos.
“Día absolutamente deprimente. Suerte que la mesa de diálogo ERC-PSOE nos llevará a la autodeterminación de forma inmediata”, expreso Jaume Alonso-Cuevillas el día que se consumó la retirada de escaño de Torra. “Triste e indignado”, expresó al compartir una noticia sobre la aceptación de ERC del cese de Torra como diputado.
Dos años después, Cuevillas, como asesor jurídico de Borràs, ha sido el encargado de proponer a la CUP que toda su lista por Lleida renunciara a entrar en el Parlament como garantía de que Juvillà no sería sustituido, pese a que la Junta Electoral ya había expedido la credencial a la candidata que seguía al diputado en la lista electoral de la CUP, Nogay Ndiaye.
“El pragmatismo, hoy, pasa por ser firmes en la defensa de los derechos de los votantes del Parlament”, valoró Francesc de Dalmases en el caso de Torra. En su intervención en el pleno de este jueves sobre Juvillà, De Dalmases rehuyó cualquier autocrítica y espetó: “Ninguna lección a Junts”.
Aunque empezaron y terminaron del mismo modo, las retiradas de escaño de Torra y Juvillà no han seguido exactamente el mismo camino. El punto de partido es común: una orden de la JEC, un órgano administrativo, para retirar su escaño sin esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de president y el diputado a las condenas de un año y medio y seis meses de inhabilitación respectivamente impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar lazos amarillos.
Torra y el Parlament respondieron a la orden de la JEC con un escrito de medidas cautelares urgentes al Supremo el 8 de enero de 2020. Dos días después el Alto Tribunal confirmó la decisión del ente electoral. Dos semanas después, al resolver las cautelares tras consultar a la Fiscalía, el Supremo, en contra del criterio del Ministerio Público, mantuvo la inhabilitación como diputado de Torra. Sin esperar a que el Supremo resolviera el fondo de la cuestión, el Parlament cesó a Torra de su escaño el 27 de enero.
En el caso de Juvillà en cambio, ni el diputado ni la Cámara pidieron al Supremo la celeridad máxima que permite la ley para solicitar dejar sin efecto la orden de la JEC. Lo reclamaron tan solo como medida cautelar (en la que el tribunal resuelve en unas dos semanas, tras consultar a la Fiscalía) y no como cautelarísima (que debe sustentarse en 48 horas). Esto ha provocado que el Supremo todavía no se haya pronunciado sobre el caso de Juvillà. De hecho la JEC afeó este jueves al Parlament no haber solicitado la máxima urgencia al Supremo para resolver las cautelares.
A diferencia de Torra, Juvillà buscó confrontar la orden de la JEC con un posicionamiento nítido del Parlament en favor de mantenerle en su escaño. Aunque no le ha servido para retener su puesto en la Cámara, el cupaire lo consiguió: la comisión del estatuto del diputado y el pleno, con los votos a favor de PSC, ERC, Junts, CUP y comuns', acordaron el 17 de diciembre mantener el escaño de Juvillà hasta que hubiera sentencia firme del Supremo.
Tras una nueva orden de la JEC en enero, el PSC pasó a pedir que se cumpliera ya la retirada del escaño de Juvillà y el soberanismo rebajó el listón del dictamen aprobado un mes antes. De la sentencia penal firme se pasó a la resolución de las cautelares como momento en el que el diputado debía dejar su acta. El pleno aprobó este jueves el dictamen sin que el propio Juvillà fuera convocado ya para votar.
En el caso de Torra, fue el secretario general del Parlament, Xavier Muro, como responsable de la administración parlamentaria, quien dio instrucciones al resto de funcionarios para ejecutar la retirada de escaño del president. Con Juvillà ha sido la sucesora de Muro, Esther Andreu, quien este jueves, tras el ultimátum de la JEC a Borràs, comunicó a la Mesa de que procedía a efectuar los trámites necesarios para retirar su escaño “para evitar que se impute a mi persona o a otros funcionarios”.
Ni Torrent ni Borràs asumieron las funciones de los funcionarios (como la presidenta del Parlament pidió al conseller de Educación en el caso de la escuela de Canet para evitar aplicar el 25% de castellano) para hacerse cargo de las consecuencias penales de mantener a los diputados inhabilitados en sus escaños. Que no ha habido desobediencia también lo muestra la reacción de la extrema derecha. Vox ha desistido de la querella anunciada contra Borràs. “Íbamos a presentar una querella por no acatar a la JEC, pero ya no hay querella posible”, ha dicho el diputado Joan Garriga.
ERC pide explicaciones a Borràs
Si con Torra fueron los diputados de Junts los que arremetieron contra Torrent, en el caso de Juvillà ha sido Borràs la que ha quedado bajos los focos. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido explicaciones públicas a la líder de la Cámara sobre si Juvillà ya no pudo votar este jueves “por conflicto de intereses [como alegó Borràs en el pleno] o porque ya no era diputado”, al tiempo que ha querido recordar la “injusticia” con la que, a su juicio, se actuó contra Torrent.
Al margen de la comisión del miércoles y el pleno del jueves, la única comparecencia pública de Borràs esta semana fue una declaración sin permitir preguntas de la prensa para comunicar la propuesta de suspensión de la actividad parlamentaria. Tras el aluvión de críticas de teóricos socios y la oposición, a lo largo del viernes desde la presidencia del Parlament se barajó una comparecencia de Borràs que finalmente no se celebró. La presidenta sí respondió a un tuitero que le pedía explicaciones. “No he dicho mi última palabra”, avisó.