La cicatriz en la cabeza de Roger no engaña. Fue la marca que le recordará siempre la operación de urgencia a la que se sometió en octubre de 2019 tras recibir el impacto de una bala de goma. Cuatro años después de los hechos, este joven de Sant Celoni (Barcelona) todavía no ha obtenido un reconocimiento de la administración de que sus heridas las causó un policía.
El de Roger (prefiere no desvelar su apellido) es un ejemplo de la carrera de obstáculos a la que se enfrentan las víctimas de proyectiles policiales a la hora de reclamar responsabilidades. Para el abogado del centro Irídia Brian Ventura, que representa al joven, el caso “evidencia la necesidad de establecer organismos de control externo de la policía que eviten la impunidad”.
“Las balas de goma son armas muy peligrosas y sin control alguno”, expresa Roger en conversación con elDiario.es. Todos los informes médicos de este joven respaldan la autoría policial de sus lesiones en la cabeza.
Roger fue herido la noche del 16 de octubre de 2019 en el centro de Barcelona, al inicio de una de las noches de disturbios contra la sentencia del procés. “Estábamos con unos amigos lejos de donde hubo follón, sabíamos que estábamos en una manifestación pero no llegamos a pensar que podríamos estar en peligro. Antes del impacto vimos a un padre con su hijo en brazos”, recuerda este estudiante de arquitectura.
Lo primero que notó tras el impacto de un proyectil policial fue la sangre. “No llegué a perder la conciencia, pero fue bastante aparatoso, me asusté”. Sus amigos intentaron contener la hemorragia con pañuelos y le trasladaron a un bar en una zona más tranquila. Allí se encontraron con unos sanitarios voluntarios que le atendieron.
“Los sanitarios me dijeron que había tenido suerte, si me llega a dar unos centímetros más abajo, me deja sin ojo”, rememora. En el bar estuvo cerca de dos horas, porque los disturbios no cesaban y no llegaba ninguna ambulancia. Quien sí llegó, relata el joven, fueron unos agentes de la Policía Nacional que conminaron a salir, golpes en la persiana mediante, a los manifestantes que se habían refugiado en el local.
“Tanto los camareros como mis amigos y los sanitarios me dijeron que me quedara en el fondo del bar escondido mientras ellos obedecían a la Policía y salían”, expone el joven que confiesa sentir “cierta impresión” cuatro año después de los hechos cuando piensa qué le podría haber pasado en caso de terminar detenido y no ser operado de urgencia esa misma noche.
En las horas que pasó en el bar esperando a la ambulancia, Roger se iba, en sus propias palabras, “quedando grogui y atontado”. Cuando al fin llegaron los servicios de emergencias y se lo llevaron hacia el Hospital de Sant Pau, el joven estaba muy mareado. El traslado hasta el centro hospitalario fue una combinación de vómitos y sangrado.
Ya en Urgencias, un TAC confirmó que padecía una fractura en la zona frontal izquierda del cráneo con un hematoma que le había provocado un desplazamiento de la línea media cerebral. Fue operado de madrugada por el servicio de neurocirugía y cuatro años después sigue acudiendo a revisiones periódicas porque no se descarta que deba volver a pasar por el quirófano.
Los Mossos descartan que dispararan
Tras la operación, estuvo varias semanas de reposo absoluto y medicándose con calmantes y analgésicos por prescripción médica. Las cefaleas que le dejaban tirado en el sofá sin poder hacer nada, por suerte, han ido remitiendo y ahora solo tiene “dolores de cabeza de vez en cuando”.
Perdió medio curso, pero pudo recuperarse y volver a la universidad la primavera siguiente. “La lesión me dolió porque era un momento en que empezaba la carrera con toda la ilusión por estudiar y conocer a los nuevos compañeros, pero creo que he podido llevarlo todo bastante bien y superar el trauma inicial”, constata cuatro años después.
Cuando estuvo más recuperado, Roger buscó el asesoramiento del centro Irídia para reclamar a la administración por sus lesiones. Ante las dificultades de la Justicia para hallar a los concretos que dispararon en otros casos de lesionados por balas de goma de la Policía Nacional o proyectiles de ‘foam’ de los Mossos d’Esquadra, Roger optó por presentar una reclamación patrimonial a la administración e intentar lograr una indemnización de 91.873 euros por las lesiones y secuelas sufridas.
Como tanto la víctima como los testigos recordaban que el impacto se produjo en una zona donde había furgones de los Mossos, el abogado de Roger presentó en 2021 una reclamación ante la conselleria de Interior de la Generalitat.
Sin embargo, el pasado mes de febrero el departamento de Interior negó que los Mossos actuaran en la zona donde Roger fue herido y atribuyó el disparo a la Policía Nacional, por lo que derivó la petición de indemnización a la Delegación del Gobierno en Catalunya.
Según un informe del subjefe de los antidisturbios de los Mossos que consta en el expediente de reclamación de Roger, la policía autonómica “no efectuaron disparos” en la hora y la zona donde el joven fue herido, sino que quien actuó fue la Policía Nacional.
De lo que hay duda es de la autoría policial del disparo, tal y como dictaminan los informes médicos y forenses del caso, que determinan “un nexo causal y cierto” entre las lesiones que sufrió el joven en la cabeza y un proyectil policial, sin poder concretar si es una bala de goma de la Policía o una de ‘foam’ de los Mossos, quienes no usan las primeras desde que el Parlament se lo prohibiera tras el caso Ester Quintana.
“Es un poco frustrante porque tienes que remar mucho para conseguir que la administración reconozca que te lesionó. No me extraña que muchos heridos prefieran no denunciar, hay veces que sientes una impotencia muy grande porque el Estado que en teoría te tiene que proteger parece como si no quisiera asumir su responsabilidad”, reflexiona Roger.
Por su lado, Ventura remarca que tanto un proceso penal como ante la propia administración suponen “un desgaste” para la víctima: “No es fácil reclamar ante toda una institución”. Ahora espera la respuesta del Gobierno.