La defensa de Torra pide al Supremo revocar la “aberrante” condena por los lazos para no vulnerar su libertad de expresión

El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves la vista que puede poner punto y final a la legislatura catalana. El Alto Tribunal ha revisado la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del procés de los edificios públicos durante la campaña electoral de las generales de abril de 2019. El propio Torra, a la salida de la sesión, ha reiterado que no será él quien adelante las elecciones antes del fallo judicial que, en pocos días, le puede obligar a dejar la Generalitat. “No seré yo quien lleve el país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría Catalunya en plena pandemia”, ha sentenciado el president.

En el plano judicial, la vista ha empezado con las alegaciones de la defensa de Torra –el president no podía intervenir ante el tribunal–, que ha pedido a los magistrados revocar la “aberrante” condena por los lazos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para no vulnerar la libertad de expresión del president. En su intervención, el abogado Gonzalo Boye ha defendido que la pancarta a favor de los presos y con lazos amarillos se enmarca dentro de la libertad de expresión del president y de su inviolabilidad parlamentaria, ya que trasladaba al balcón de la Generalitat unas palabras que había pronunciado en el pleno del Parlament. “Hacer una crítica en una pancarta es un acto político”, ha enfatizado Boye, que ha afirmado que a Torra se le “discrimina” por formar parte de una minoría nacional.

El letrado ha comparado el caso de la pancarta con la acusación de “terrorista” al padre de Pablo Iglesias que realizó la exportavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo. A criterio de Boye, las “gravísimas, durísimas y feroces” críticas de Álvarez de Toledo están amparadas por la libertad de expresión, al igual que la pancarta de los presos. En este caso además la defensa alega que Torra se limitó a trasladar a una pancarta las palabras –“libertad presos políticos y exiliados”– que había pronunciado en el Parlament en su discurso de investidura. “Es como si lo hubiera puesto en una chapa en su chaqueta”, ha apostillado Boye.

La defensa ha cuestionado además la imparcialidad del tribunal del TSJC que lo condenó porque su presidente, Jesús María Barrientos, afirmó antes de abrirse la causa que las órdenes de la JEC debían cumplirse. Cabe recordar que por el TSJC ya descartó que Barrientos hubiera perdido la imparcialidad para juzgar el caso. Tampoco ve imparciales la defensa a tres de los magistrados del Supremo que resolverán el caso –Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo– porque formaron parte del tribunal del procés. Asimismo, Boye ha insistido que la JEC no era una autoridad “superior” a Torra, requisito necesario para condenar por desobediencia.

La Fiscalía ha replicado las alegaciones de Torra en una intervención muy técnica, pero que no se ha ahorrado críticas a la defensa del president. A criterio de la fiscal Pilar Fernández Valcarce la defensa del president “estira y adapta las normas su conveniencia”, lo que a su juicio “es legitimo pero no asumible”. Fernández Valcarce ha intentado desmontar ladrillo a ladrillo la defensa edificada por Boye para reclamar la absolución de Torra.

La fiscal ha advertido al tribunal de que las alegaciones de Torra en referencia a la libertad de expresión y al carácter de autoridad superior de la JEC omiten que el contexto electoral en el que ocurrió el episodio de la pancarta. “Las decisiones de la JEC no son contra manifestaciones políticas sino en el marco de un proceso electoral que se rige por la neutralidad y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)”, ha recordado Fernández Valcarce, que ha defendido que durante la campaña electoral la JEC sí es una autoridad superior al president aunque no lo sea jerárquicamente el resto del año.

En cuanto a las cuestiones prejudiciales sobre la imparcialidad de los jueces del TSJC o la desproporción de condenar penalmente por no retirar una pancarta que la defensa del president ha pedido al Supremo elevar a la Justicia europea –lo que alargaría por lo menos seis meses la emisión de la sentencia y la eventual inhabilitación de Torra– la fiscal ha pedido descartarlas al vincularlas con una estrategia de la defensa para dilatar la resolución de la causa. Por su lado, la abogada de la acusación popular de Vox, Marta Castro, ha afeado a la defensa de Torra convertir la vista en una sesión de “marketing político”.

La vista de este jueves revisa la condena que el TSJC impuso el 19 de diciembre del año pasado a Torra por un delito de desobediencia por no retirar símbolos que la JEC consideraba partidistas, como los lazos amarillos, en período electoral. Al no ser firme, la sentencia no se ha ejecutado todavía y será el Supremo el que tenga la última palabra sobre la inhabilitación, aunque la sala notificará su resolución hasta dentro de unos días.

Torra, que ha seguido la sesión entre el público del salón de plenos del Supremo, ha llegado al Alto Tribunal acompañado del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los portavoces en el Congreso de los Diputados de JxCat y ERC, Laura Borràs y Gabriel Rufián; diputados como Antoni Castellà (Demòcrates), Sergi Miquel (PDeCAT) y Albert Botran (CUP), y los líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Mauri y Elisenda Paluzie, respectivamente.

En el plano político, el paseo conjunto de los líderes independentistas ha sido el único punto de unión entre Torra y el resto de partidos. Como constató el debate de política general de este miércoles, el president se resiste a convocar elecciones frente a las peticiones de ERC y la CUP para consensuar una estrategia de cara a su inhabilitación,

Torra, en una declaración institucional en la sede de la Generalitat en Madrid tras la vista, se ha reafirmado en su rechazo a adelantar los comicios y ha culpado únicamente a los magistrados del Supremo de “paralizar” el Govern en plena pandemia en caso de resultar inhabilitado. Según Torra, su condena penal no es personal sino “un castigo a un país entero en medio de una pandemia”.

En una dura intervención más propia de un mitin de campaña que de las vísperas a una nueva reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno, Torra ha cargado contra los jueces –“si el Estado me inhabilita solo habrá un culpable y no seré yo”–, y también ha acusado al Estado de “no amar a Catalunya sino quererla solo como esclava”.