“No somos ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Somos seis millones”. Así rezaba el anuncio institucional que la Generalitat realizó en 1987, con Jordi Pujol como president, para congratularse de que se habían superado los seis millones de habitantes. Aquellas cifras fueron un hito, pero en menos de cuarenta años quedaron pulverizadas. En noviembre de 2023 Catalunya alcanzaba los 8 millones, aunque con una población muy diferente a la que gobernó Pujol.
Desde 1987 Catalunya ha envejecido y se ha vuelto más diversa. La natalidad está en mínimos históricos, así que el porcentaje de personas ancianas ha crecido en siete puntos, alcanzando casi el 20%. Y los nacidos en el extranjero han pasado de ser el 1,1% a suponer el 17,4%. Es decir, casi uno de cada cinco catalanes ha nacido fuera de España.
La gran mayoría de estas personas han llegado en dos grandes olas migratorias: la que fue desde 2001 hasta la recesión económica de 2007 y la que empezó con la recuperación en 2014 y acabó con la crisis del covid en 2020. En Catalunya siempre ha habido migración, pero el siglo pasado provenía del resto de España. Así que no fue hasta la llegada de personas nacidas en el extranjero que afloraron discursos racistas y la cuestión migratoria se convirtió en parte del debate político, usada por diversas formaciones para capitalizar voto.
Así ha sido también en estas elecciones al Parlament. Antes de que empezara la campaña, mientras Junts reclamaba para Catalunya las competencias en inmigración, fuerzas xenófobas como Vox o la independentista Aliança Catalana abogaban por expulsiones en masa de migrantes, vinculándolos directamente con la delincuencia y la inseguridad.
Pero fuera del ruido de las declaraciones racistas, la realidad es muy diferente. Y la resume Carles Puig de Travy, degano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC): “La migración es inevitable y necesaria en Catalunya”. Y es que, combinando el envejecimiento acelerado de la sociedad y su modelo económico, Catalunya precisa toda la mano de obra migrante que ya tiene y, de hecho, va a requerir de algunos millones más en los próximos años.
Según las proyecciones de población elaboradas por el Idescat (el instituto de estadística de la Generalitat), la población en 2050 podría llegar a los 8,7 millones. En ese escenario y teniendo en cuenta los bajos índices de natalidad y que se calcula que cerca de la mitad de población en edad activa se habrá jubilado para entonces, se necesitarán 4,8 millones más de migrantes para mantener la masa salarial.
Pero la cifra todavía es más extrema si lo que se busca es mantener la relación de dependencia. Es decir: que el sistema de pensiones siga funcionando. Para ello, Catalunya necesitará 14,5 millones de migrantes, según un cálculo del Banco de España.
¿Faltan o sobran trabajadores?
Catalunya es la comunidad que más migrantes tiene y una de las que cuenta con más proporción de población nacida en el extranjero, sólo superada por Illes Balears. De hecho, la llegada de extranjeros a España se concentra en el Levante por un motivo muy claro: el turismo.
El sector de los servicios se lleva el 67% de la mano de obra migrante, lo cual dibuja un escenario en el que llegan a Catalunya muchos trabajadores poco cualificados. Y eso no tiene visos de cambiar ya que, aunque se haya nacido aquí, el origen de la familia y los recursos tienen mucho peso a la hora de determinar el grado de formación al que se puede llegar.
Según un informe del centro de análisis Funcas, el 32% de personas nacidas en España de entre 25 y 29 años tiene un título de educación superior. Esa cifra baja al 23% en el caso de migrantes latinoamericanos, al 17% en el caso de los asiáticos y se desploma al 6% si se habla de personas de ascendencia africana. Además, la tasa de abandono escolar entre los migrantes es del 30%, una cifra que triplica a la de los estudiantes autóctonos. Y eso, en un escenario en el que la mitad de niños que nacen en Catalunya tienen padres migrados no sugiere un futuro de trabajadores formados.
A todo esto, se debe sumar otro dato. Si bien se ha visto que, para que las pensiones den cobertura a una población que en un futuro va a estar muy envejecida hacen falta 14,5 millones de migrantes, la otra cara de la moneda es que el modelo económico catalán, tal como es hoy en día, no da para más.
Las estimaciones auguran que en 2050 sobrarán 627.000 puestos de trabajo, según cálculos realizados por el secretario de asuntos económicos y fondos europeos del Departament de Economía de la Generalitat, Miquel Puig, y que fueron presentados en una conferencia en el CEC.
Catalunya, entre Japón y Andorra
La pregunta que se hacen demógrafos y economistas es cómo mantener el sistema en pie. Puig plantea que hay dos opciones radicales, que se ejemplifican en el modelo de Japón y en el de Andorra. El país nipón tiene unas políticas migratorias muy restrictivas y sólo el 1,9% de su población viene del exterior. Los pocos que consiguen entrar están muy formados y participan de sectores técnicos. Por contra, en Andorra el 58,5% de sus habitantes son nacidos en el extranjero y se dedican, mayoritariamente, al sector servicios.
En los últimos cincuenta años, el PIB de ambos países se ha triplicado. Pero en el caso de Andorra es porque ha crecido la población y, de hecho, el PIB per cápita se ha estancado. Lo contrario sucede en Japón, donde hay menos habitantes -y mucho más envejecidos-, pero el PIB per cápita ha aumentado.
“Las opciones existen, ambas son válidas, y dependen del modelo productivo”, asegura Puig, que recuerda que ambos ejemplos se ven también en España. Tenemos comunidades industrializadas como el País Vasco, que reciben menos extranjeros y más formados, y otras como les Illes Balears, que tienen muchos más migrantes, pero menos formados. En ambas, el PIB ha crecido en los últimos años, pero en el País Vasco también ha aumentado el PIB per cápita, mientras que en Balears no.
El modelo catalán tiende hacia Andorra, motivo por el que Puig también se muestra de acuerdo en que la migración es necesaria, pero apunta a que hay que ir con cuidado, ya que una gran llegada de personas puede tener “afectaciones” en ciertos aspectos como la vivienda o el mismo mercado laboral. “Muchos migrantes tienden a estar dispuestos a trabajar en peores condiciones”, con lo que pueden perjudicar a las arcas públicas y a los trabajadores nacionales, según el economista.
Que hay que hacer algunos cambios en el sistema es un punto de encuentro entre diversos expertos. Para Judith Vall, profesora de Economía en la Universitat de Barcelona y también presente en la conferencia organizada en el CEC, éstos deben transversales. Por ejemplo apuesta por regular precios de la vivienda, para mejorar la renta disponible de la ciudadanía, garantizar mejores condiciones de trabajo del sector servicios o regularizar a todos los trabajadores migrantes que no tengan permiso de trabajo, lo cual permitiría engordar “considerablemente” las arcas públicas.
Así se vio en la regularización masiva de medio millón de migrantes que llevó a cabo el gobierno de Zapatero en 2005, tras la cual cada trabajador aportó 5.000 euros de media en impuestos. Y sin coste adicional, al contrario de lo que aseguran los discursos xenófobos, que apuntan a que regularizar migrantes colapsará los servicios públicos. De hecho, según un estudio elaborado por la UPF, quienes carecían de permiso de trabajo sí tenían acceso a la sanidad y la educación pública a través del padrón, así que no se encontró ningún factor diferencial tras la regularización masiva.
Este es el mismo escenario que persigue ahora el colectivo Regularización Ya! pero, igual que la profesora Vall, hacen incidencia en la necesidad, no sólo de dar permisos, sino de garantizar condiciones de trabajo dignas, cosa que también va a ser necesaria para mantener el sistema de pensiones. Y es que, mientras los regularizados en 2005 contribuyeron con 5.000 euros cada uno, la media de un trabajador nacido en España fue de 10.600.
Por eso, uno de los puntos clave es garantizar el fin de los contratos y partes de jornadas en B. De hecho, según el FMI en España la economía sumergida equivale el 24% del PIB. Y sólo el sector servicios supone entre el 10 y el 15%.
“Tiene que evolucionar la cultura asociada al sector”, asevera Ramon González, secretario de la Federación de Servicios de CCOO. Para el sindicalista es “esencial” que un sector que genera una cuarta parte del PIB español tenga un retorno y no sea una vía de explotación.
“La economía informal debe emerger. No hay sistema que aguante esto”, asegura. Para él, la regularización de la mano de obra migrante y una buena política de inspecciones para garantizar las condiciones dignas en el sector servicio es una necesidad “moral, política y económica”.
“La realidad siempre desmonta los discursos xenófobos”, resume González. Discursos que aseveran que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo o que no hay suficientes servicios públicos para todos. Faltan trabajadores y más que faltarán, pero para que las necesidades del sistema sean cubiertas no sirve explotar mano de obra barata, sino que se requieren trabajadores regularizados y sin riesgo de caer en la pobreza a pesar de tener un sueldo.