Las detenciones este miércoles de Gustavo Cuadrado, la antigua mano derecha del actual alcalde de Tarragona, y del primer teniente de alcalde de Viladecans, el socialista Joaquín Guerrero, han ampliado la dimensión del caso Inipro. Y es que si bien el origen judicial del caso Inipro está en Tarragona, las investigaciones apuntan cada vez más a los municipios controlados por el PSC en el otrora cinturón rojo de Barcelona. “En Tarragona lo que pasa es que importan especialmente mal un sistema de contratación implantado desde hace años en municipios del área metropolitana de Barcelona”, explica Laia Estrada, concejala de la CUP de Tarragona, la formación que llevó las irregularidades a la Fiscalía.
La relación con el PSC de Inipro y sus satélites -las sociedades Itinere, Gis Grup y Educare SXXI- empieza en la dirección de dichas empresas. Ricard Campàs, otro de los detenidos este miércoles, es el administrador de Inipro y también es militante del PSC. De hecho, concurrió en las listas de los socialistas por Lleida en las elecciones al Parlament de 1988.
El objetivo del grupo Inipro es la gestión de los servicios sociales y educativos de los municipios, empezando, por ejemplo, por las guarderías. Tiene su sede en Viladecans, población del cinturón barcelonés donde los investigadores han pedido cuatro expedientes económicos vinculados con la empresa relativos a los años 2007 y 2008. Los grupos de la oposición se han apresurado a exigir explicaciones al alcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC), que también es secretario de empresa del PSC.
Toda la operación se encuentra todavía bajo secreto de sumario por orden del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona. Los posibles delitos contra la administración pública se basarían tanto en procedimientos irregulares de contratación como en contratos firmados por encima de su valor real.
En total, los investigadores han registrado los ayuntamientos socialistas de Tarragona, Viladecans y Palau Solità i Plegamans. Sospechan que las irregularidades destapadas en Tarragona tengan réplica en ayuntamientos socialistas metropolitanos. En el caso tarraconense, el Instituto Municipal de Servicios Sociales de la ciudad pagó 215.145,57 euros a Inipro en 2011 y 2012 pese a que el contrato que se extinguió en 2010 indicaba que la relación económica no podía prorrogarse.
El consistorio encabezado por el Josep Fèlix Ballesteros, que declaró como imputado en enero, optó por un procedimiento negociado sin publicidad -válido para contratos menores a 60.000 euros- para mantener a Inipro durante 21 meses gestionando el fomento del asociacionismo entre los migrantes de Tarragona. “Nos pareció sospechoso porque servicios sociales ya tenía plantilla para hacerlo, en aquel momento había bajado la población migrada y porque Inipro contrató a gente afín”, explica Estrada. En concreto, uno de los contratados era militante de las juventudes socialistas.
Con todo, la actividad de Inipro se centra en los ayuntamientos de las poblaciones del cinturón industrial de Barcelona. Tal y como explicó el digital Crític, desde 2007 las empresas controladas por Inipro Iniciatives i Programes han obtenido por lo menos 105 contratos con ayuntamientos socialistas: Cornellà de Llobregat (40), Montcada i Reixac (19), Viladecans (18), l’Hospitalet de Llobregat (11) y Gavà (6) encabezan la lista.
Sólo 14 contratos fueron otorgados por consistorios que no estaban encabezados por el PSC. En su conjunto, desde 2007 las administraciones públicas catalanas firmaron con Iniciatives i Programes 128 contratos: 91 para Inipro, 28 para Educare XXI y 9 para Itinere.
Cornellà, uno de los mejores clientes de Inipro
La mayor parte de los contratos de Inipro, ahora bajo el punto de mira, se dieron en Cornellà, cuyo alcalde desde 2004, Antonio Balmón, también es el vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Entre las operaciones del consistorio con Inipro que mayor rechazo vecinal despertaron destaca la del cine Pisa, uno de los últimos cines de barrio de la Barcelona metropolitana.
Inipro gestionó la sala de cine desde 2007 hasta su cierre en 2012, y durante este periodo el Ayuntamiento de Cornellá le compró miles de entradas que luego daba a actividades para jubilados o niños. Una vez clausurado, el consistorio también cambió los usos del solar donde estaba el cine y lo vendió a una sociedad controlada por José Luis Morlanes, exedil de urbanismo del municipio. “Por desgracia durante muchos años en el Ayuntamiento de Cornellà no hubo oposición para investigar los contratos”, lamenta Vidal Aragonés, que desde el pasado mayo es regidor de Cornellà en Comú - Crida per Cornellà.