La Guardia Civil ha detenido este miércoles a cuatro personas, entre ellas a Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona y al primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero (PSC), por el caso de corrupción Inipro, que afecta al PSC. Los agentes también practican 11 registros en entidades públicas, mercantiles, despachos profesionales y domicilios en las provincias de Tarragona y Barcelona. Entre ellos, figuran los ayuntamientos de Tarragona, Viladecans y Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), todos ellos liderados por el PSC.
También han sido arrestados uno de los administradores de Inipro, Ricard Campàs; y el empresario de Itinere -vinculada a Inipro-, Enrique Miró. Según ha informado la Guardia Civil, se investigan posibles delitos contra la administración pública en el marco de una operación que se inició a finales de 2015. El origen del caso se encuentra en el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona por la adjudicación de un contrato a la mercantil Iniciativas y Programas (Inipro).
Las entradas y registros se realizan en el Ayuntamiento de Tarragona para acceder al servidor y obtener datos de uno de los detenidos, en los Ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans, en dos mercantiles en Barcelona y Viladecans, en un despacho profesional en Viladecans y otro en Reus, y en los domicilios de los cuatro detenidos. El juzgado de instrucción 1 de Tarragona ha ordenado la operación.
En este juzgado, dentro del caso Inipro, declaró como investigado -antiguo imputado- el pasado mes de enero el alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC). Se le investiga por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicas. En el auto que ordenaba citar a declarar a Ballesteros como investigado, el juez consideró que Ballesteros “no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa [Inipro] en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad”.
¿Qué es el caso Inipro?
El origen de la investigación del caso Inipro es una denuncia de la CUP de Tarragona. Los hechos se remontan a 2010, cuando finalizó el contrato municipal por valor de 61.011,6 euros con la empresa Inipro, que tradicionalmente ha estado vinculada a la contratación de los ayuntamientos gobernados por el PSC.
En las condiciones de contratación con el consistorio tarraconense se fijaba la imposibilidad de prorrogar el contrato que terminó en 2010. A pesar de ello, el auto judicial señala que la relación económica entre el Instituto Municipal de Servicio Social de Tarragona (IMSST) e Inipro se prorrogó durante 21 meses careciendo de soporte contractual, y que los pagos ascendieron a 215.145,57 euros.
El juez sospecha que el servicio contratado no era necesario, que hubo un “direccionamiento” de la adjudicación a Inipro, que se excluyó a cualquier otro competidor y que podría haber una contrapartida que desde la administración se podría haber obtenido a cambio de obtener el contrato a Inipro. Además de Ballesteros, están investigadas otras 10 personas.
El empresario detenido, muy próximo al PSC
El administrador de Inipro detenido, Ricard Campàs, es un empresario muy próximo al PSC. De hecho fue militante del partido al menos hasta 2013, cuando tras una tanda de investigaciones dimitió el gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona sospechoso de entregar a Campàs los contratos investigados. La vinculación de Campàs con el PSC no se queda en el carné de militante: en el año 1988 fue el número 13 en la lista de los socialistas de Lleida a las elecciones al Parlament (página 2 del documento enlazado de la Junta Electoral).
A preguntas de Catalunya Plural, un miembro del equipo de comunicación del PSC ha explicado que cometería una infracción de la Ley de Protección de Datos si desvelaba si Campàs mantiene el carné del PSC, por lo que ha rechazado aclarar si el empresario detenido todavía es militante del partido. En todo caso, ha explicado, las medidas disciplinarias del partido hacia sus militantes se emprenden cuando se abre juicio oral.