Hasta trece miembros de la Ejecutiva de Podemos en Catalunya, incluido el diputado y portavoz de la formación, han presentado este martes su dimisión tras ser expedientados por haber defendido la unidad entre Sumar y la formación morada.
Los dirigentes, entre los que también se encuentra una diputada en el Parlament, defendieron el pasado 8 de junio en un manifiesto la unidad entre ambas formaciones y emplazaron a sus dirigentes a “rebajar la crispación” ante unas “elecciones determinantes para el futuro político de Catalunya y España” en las que “existía una posibilidad real” de un “Gobierno con participación de la ultraderecha”.
La reacción de Podemos, según aseguran los dimisionarios, fue la incoación de un expediente de expulsión y la suspensión cautelar de militancia, que han conocido ahora. “Queremos expresar nuestra disconformidad con esta decisión que busca censurar el debate sobre la unidad del espacio del cambio”, sostienen los ya exdirigentes de Podem en un comunicado. “Creemos evidente que se quiere generar un clima de tensión y polarización constante que rompa el espacio del cambio”, añaden.
“Entendemos que la apelación a la unidad es coherente con el compromiso político y organizativo que asumió la actual dirección de Podem Catalunya”, prosigue el comunicado. “El expediente de expulsión supone la ruptura del compromiso de la dirección con esta unidad y un señalamiento a los militantes que hemos apostado por ella desde un principio”.
Entre los dirigentes que han dimitido está el diputado y portavoz de Podem Catalunya, Lucas Ferro; el secretario de Municipalismo, Marcos Galante; la coordinadora de feminismos, Laura Alzamora; la secretaria de Acción Institucional Yolanda López y la coordinadora ejecutiva y responsable del área LGTBI Raquel Vernedas, entre otros miembros de la Ejecutiva.
La Secretaria de Organización de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha respondido en un comunicado a la dimisión de los dirigentes de la formación. “Podem Catalunya ha sido, es y será un espacio político abierto, plural y donde el disenso y los distintos puntos de vista tanto estratégica como organizativamente serán siempre merecedores de ser escuchados”, señala Pozuelo, “siempre dentro de los cauces orgánicos competentes”.
Pozuelo añade en su comunicado que a partir de ahora, “la Comisión de Garantías Democráticas Estatal será el órgano competente para determinar las consecuencias y el recorrido del expediente disciplinario”.