El reparto de fondos de cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona quedó desde mediados de 2013 en buena medida en manos de cargos políticos vinculados a Convergència i Unió (CiU) sin experiencia en el sector tras apartar a los técnicos de la propia casa. Entre los cargos políticos que fueron asumiendo las tareas que correspondían a los técnicos hay al menos dos personas vinculadas al propio presidente del Grupo de CiU en la Diputación y adjunto a la Presidencia para el área de Relaciones Internacionales, Joan Carles Garcia Cañizares, que ante las críticas levantadas por la gestión de los fondos ha asegurado solemnemente que responde “personalmente” por la legalidad de todo el proceso.
Desde 2012, tras hacerse CiU con el gobierno de la Diputación de Barcelona, al menos un millón de euros de la partida del organismo para la cooperación al desarrollo se ha repartido entre empresas y patronales catalanas sin experiencia en el sector y en procedimientos a menudo polémicos: mediante contratos a dedo sin publicidad ni concurrencia, en ocasiones combinados con partidas por otras vías -con lo que formalmente nunca se superaba el umbral de 18.000 euros permitido para este tipo de contratos- e incluso con decenas de miles de euros destinados a entidades recién constituidas.
Los dos responsables directos de los fondos han dimitido tras destapar eldiario.es/ Catalunyaplural.cat la polémica gestión, pero ambos han sido recolocados ipso facto en la Generalitat: el jefe de la Oficina de cooperación, Jonathan Jorba, en el Institut d’Estadística (Idescat), y el director de Relaciones Internacionales, Jordi Castells Masanés, en Gobernación.
El responsable político de Castells Masanés en la Diputación era Garcia Cañizares, quien ante la presión del Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) se ha visto obligado a convocar para hoy una junta de portavoces extraordinaria para dar cuenta de la gestión de los fondos de cooperación al desarrollo. Eldiario.es/ Catalunyaplural.cat le dirigió por escrito, el pasado 15 de mayo, varias preguntas al respecto, junto con la solicitud de mantener una reunión, pero las peticiones nunca han sido atendida a pesar de que posteriormente volvieron a formalizarse en varias ocasiones.
Cargos de la máxima confianza de Garcia Cañizares –próximos a las juventudes de Convergència y colaboradores en Tordera (Maresme), localidad de la que es alcalde- desembarcaron en el área de cooperación al desarrollo de la Diputación desde mediados de 2013, cuando los técnicos empezaron a advertir de posibles irregularidades en el reparto de los fondos. Muchas de estas advertencias de los expertos sobre malas prácticas en la gestión de los recursos públicos han quedado por escrito y las ha recogido el informe de la Agencia de Salud Pública –organismo independiente con participación del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, ambos hasta ahora también en manos de CiU-.
El informe fue entregado el mes pasado a la Diputación con la advertencia de que había indicios muy serios de mobbing en Relaciones Internacionales contra los profesionales que denunciaron malas prácticas, a los que se había apartado. La respuesta, por ahora, se ha limitado a abrir una investigación interna al ralentí, una vez consumadas las dos dimisiones de Jorba y Castells Masanés.
Desde la llegada de Castells Masanés a Relaciones Internacionales, en 2012, han dimitido hasta cuatro directores del área de Cooperación al Desarrollo. Y el equipo de técnicos funcionarios de la casa a cargo de los expedientes de proyectos acabó reducido a la mitad. Según múltiples denuncias recogidas en el informe de la Agencia de Salud Pública por los trabajadores del área, a los técnicos que ponían objeciones a los expedientes decididos desde arriba se les iba apartando o veían cómo se vaciaba de contenido su puesto de trabajo.
Para asumir las tareas que antes hacían los técnicos funcionarios expertos en cooperación al desarrollo –aprobar los proyectos y hacer seguimiento para asegurar que cumplían con los fines prometidos- fueron desembarcando en el área personas vinculadas a CiU –y en particular, a Garcia Cañizares-, que asumieron algunos de los expedientes polémicos fuera de la supervisión de los técnicos de la casa. Los informes de evaluación y supervisión de los proyectos, que solían incorporarse junto al expediente, incluso dejaron de constar en el sistema informático interno, según fuentes conocedoras de la mecánica de trabajo. De esta forma, muchos de los proyectos cuestionados por los técnicos quedaron fuera de su supervisión y bajo control exclusivo de un puñado de cargos políticos de confianza sin ninguna experiencia previa en cooperación al desarrollo o de becarios que respondían directamente a la dirección.
Dos de las personas que desembarcaron en el área están muy estrechamente relacionados con Garcia Cañizares: Marc Unió, que acaba de ser elegido concejal en Tordera en la misma lista de CiU que encabezaba Garcia Cañizares, y Bernat Sanjuan, vinculado también a su base política en el municipio del Maresme. Ambos fueron contratados por la vía de sucesivos contratos menores combinados con facturas por trabajos concretos. Y en los contratos se combinaron los de la propia Diputación de Barcelona con los rubricados por Goberna, entidad vinculada a la Fundación Ortega-Marañón con la que la Diputación de Barcelona tiene mucha relación. Del grupo vinculado a CiU que en la práctica sustituyó a los técnicos de cooperación también formó parte Luca Bellizzi, nombrado el pasado febrero embajador de la Generalitat en Italia y el Vaticano.
El informe de la Agencia de Salud Pública sobre el mobbing en cooperación incluye declaraciones de trabajadores que denunciaron interferencias en su trabajo del propio Garcia Cañizares para supuestamente favorecer determinadas entidades. El documento también subraya el desembarco de externos de confianza política para asumir las tareas de los expertos: “Hay dos direcciones, la de los profesionales, que no se valora, y la de las personas contratadas para sustituirlos”, sostiene uno de los trabajadores encuestados. En el informe abundan los comentarios en esta misma línea: “Se han contratado personas a dedo, sin las capacidades necesarias y para procedimientos cuestionables, para ocupar los puestos de trabajo de la gente expulsada de cooperación”. Y otro: “Se están vaciando de contenido las tareas de los técnicos y contratando personal externo”.