Técnicos de la Diputación de Barcelona denunciaron interferencias en su trabajo del presidente del Grupo de Convergència i Unió (CiU) y diputado adjunto a la Presidencia del organismo, Joan Carles Garcia Cañizares, en el reparto de fondos de la cooperación al desarrollo, según el informe elaborado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que advirtió del posible mobbing en el departamento y sugirió una “actuación inmediata” que, en la práctica, aún no se ha producido.
El informe, Riesgos laborales en la Dirección de Relaciones Internacionales, elaborado por la Agencia de Salud Pública, entidad independiente con participación de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona –ambos en manos de CiU, al igual que la Diputación-, está fechado el 4 de mayo y describe todo tipo de coacciones y presiones contra los técnicos que advertían sobre posibles irregularidades en el reparto de fondos de la cooperación al desarrollo. Desde 2012, año en que CiU conquistó el gobierno de la institución supramunicipal, la Diputación de Barcelona ha repartido al menos un millón de euros entre empresas y patronales catalanas sin experiencia en el sector; en ocasiones a través de contratos a dedo sin publicidad e incluso mediante la facturación personal de los directivos de las empresas beneficiarias, lo que permitía sortear el umbral máximo que permite la ley para este tipo de contratos.
El informe de la Agencia de Salud Pública es tan contundente que los sindicatos, que llevaban nueve meses pidiendo a la Diputación que investigara la situación en el área de Relaciones Internacionales, del que depende la cooperación al desarrollo, forzaron la apertura formal de una investigación interna. Los dos máximos responsables del área han dimitido en las últimas semanas tras las informaciones de eldiario.es/Catalunyaplural.cat, pero pese a la gravedad de las acusaciones formuladas han sido recolocados en la Generalitat: Jordi Castells Masanés, que era director de Relaciones Internacionales de la Diputación, ha vuelto a Gobernación, mientras que Jonathan Jorba, exdirector de la Oficina de cooperación al desarrollo, se ha incorporado al Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), adscrito a Economía.
Mientras tanto, el expediente de investigación en la Diputación ha sido asumido excepcionalmente por Presidencia, que ha abierto el caso al ralentí y con citaciones individuales de los trabajadores del área, un método poco habitual en investigaciones análogas porque supone que los trabajadores que se atreven a denunciar mobbing en un entorno “neutral” tienen ahora que enfrentarse cara a cara y solos con los responsables políticos últimos del supuesto mobbing que sufrieron por denunciar posibles irregularidades en el reparto de ayudas.
El documento de la Agencia de Salud Pública, además, pone de manifiesto que algunas de las denuncias de los técnicos trascendían la actuación de Castells Masanés y de Jorba, y apuntaban más arriba, precisamente al responsable político del área vinculado a Presidencia: el adjunto a la Presidencia y presidente del Grupo de CiU en el organismo, Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera (Maresme).
Uno de los técnicos que contestó al cuestionario analizado por la Agencia de Salud Pública afirmó, según recoge el documento: “Dada la imposibilidad que tiene el director de hacer cambiar la opinión técnica, las reuniones acaban siempre de forma abrupta y el director reclama todos los expedientes para hacer él personalmente la evaluación técnica y repetirla en función de otros criterios. Finalmente, recibí una llamada (yo, un trabajador técnico superior) de un alto cargo político de la Diputación, pidiéndome explicaciones e invitándome a dar el visto bueno técnico lo más pronto posible”.
Otro de los técnicos encuestados es todavía más concreto: “Otro proyecto de una entidad incumple de forma flagrante las bases de la convocatoria a la vez que la calidad es horrorosa… Una entidad amiga le dio en mano al director su justificación sin pasar por registro general… Preocupan especialmente las subvenciones directas (importes que pueden superar los 100.000 euros) que se entregan a entidades y fundaciones próximas políticamente o de Tordera, población de la que es alcalde el diputado Joan Carles García… También genera malestar que a la DRI [Dirección de Relaciones Internacionales] trabajen dos personas como externos que resulta que son de Tordera… Un tema también que me preocupa: creo que no deberíamos subvencionar estadías de ”cooperantes“ en hoteles de cinco estrellas”.
En el pleno de la semana pasada, Garcia Cañizares defendió que el reparto de los fondos de cooperación al desarrollo había respetado escrupulosamente la ley y dijo que él personalmente respondía de la situación. El Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) forzaron una junta de portavoces extraordinaria para analizar el conflicto, que se ha convocado para el próximo día 16.
Eldiario.es/Catalunyaplural.cat entregó el pasado 15 de mayo varias preguntas por escrito a la Diputación de Barcelona sobre la gestión de los fondos de cooperación al desarrollo y solicitó una entrevista con Castells Masanés o Garcia Cañizares. Con posterioridad a la dimisión de Castells Masanés, Eldiario.es/Catalunyaplural.cat reiteró oficialmente la petición de encuentro con Garcia Cañizares, que 25 días después de la primera solicitud todavía no ha sido atendida.