El dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, imputado por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, se ha trasladado a Suiza. Así lo ha anunciado este miércoles la junta directiva de la entidad en una comparecencia desde Perpignan (Francia) sin aceptar preguntas de la prensa.
Serra ha hecho pública su marcha de España después de que este martes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón activara el trámite para citarle a declarar como investigado por terrorismo junto a los otros nueve imputados del caso que permanecen encausados en la Audiencia Nacional.
El magistrado siguió los pasos que el Tribunal Supremo había dado un día con el eurodiputado Carles Puigdemont y el parlamentario catalán Rubén Wagensberg, que también se fue a Suiza el pasado mes de enero.
Según Òmnium, Serra hace seis meses que permanece en Suiza, y desde ahora coordinará la estrategia internacional de la entidad en paralelo a ejercer su defensa. “Fuera del Estado español Oleguer Serra es más libre de hacer su labor política”, ha mantenido el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. “Que nadie se equivoque, la acusación de terrorismo contra mí es una acusación contra Òmnium”, ha afirmado Serra.
“Serra se sitúa bajo la protección de la comunidad internacional y el Estado suizo”, ha dicho su abogado, Olivier Peter, que ha recordado que la confederación helvética ya se ha negado a colaborar con el juez del caso Tsunami.
De los diez investigados que García Castellón quiere citar a declarar, Serra es el primero que hace público que se ha ido de España tras activarse el trámite de las citaciones, pero no es el único que permanece fuera de Catalunya debido a su implicación en el caso Tsunami. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, otra de las investigadas por el juez, vive en Suiza desde 2018 y ya ha anunciado que no volverá hasta que la causa Tsunami esté amnistiada.
Además de Rovira y Serra, el juez tiene previsto citar, una vez le comuniquen su domicilio, al empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell; a la militante de ERC Marta Molina; el editor Oriol Soler; al director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, convaleciente de la hemorragia cerebral que sufrió en febrero; y al empresario Josep Campmajó.
Asimismo, el juez ha requerido a la Guardia Civil para que encuentre el paradero y domicilio de los tres investigados que no han comparecido formalmente en la causa con abogado –el periodista Jesús Rodríguez, el informático Jaume Cabaní y el banquero suizo Nicola Foglia– con el mismo objetivo de enviarles su citación. Hasta ahora estos tres investigados no han dado muestras de querer comparecer en la causa.
Las citaciones de los imputados por terrorismo son la fase final y decisiva de la instrucción del caso Tsunami, que el juez García Castellón reactivó el pasado mes de noviembre coincidiendo con la negociación de la ley de amnistía tras tres años inactiva.
A la espera de si el juez García Castellón hace coincidir las citaciones de los investigados con la de Puigdemont por parte del Supremo, programada para la semana del 17 de junio o las acelera para antes de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, la causa de Tsunami encara su recta final con la incógnita de si el magistrado aplicará la ley de amnistía o proseguirá su plan para complicarla.
Las citaciones de los investigados discurrirán en paralelo a la aprobación de la norma de forma definitiva en las Cortes, que se producirá a finales de mayo o principios de junio, y a los dos meses que, después, tendrán los jueces para aplicarla.
Desde que el juez pusiera de nuevo en marcha la causa Tsunami en noviembre, el Supremo y la Audiencia Nacional han desestimado todos los intentos de las defensas, algunos apoyados por la Fiscalía, para que García Castellón se quedara sin el caso.