Si quiere que el Parlament le apruebe los presupuestos, el Govern tendrá que obligar a las grandes fortunas a aportar más al sistema fiscal catalán. El Ejecutivo negocia desde hace semanas los presupuestos de 2017 con la CUP, su renovado socio parlamentario. Las alternativas son otros grupos de izquierdas –el PSC y Catalunya Sí Que es Pot (CSQP)– que, como los anticapitalistas, reclaman una mayor progresividad.
Constatadas las diferencias y la férrea oposición de Convergència a tocar el IRPF y Sucesiones y Donaciones, desde la CUP apuestan sin rodeos por incluir en las cuentas mecanismos para gravar a las grandes fortunas. En un artículo en Catalunya Plural, el diputado de la CUP, Benet Salellas, ha reclamado un impuesto “sobre la concentración de la riqueza y las grandes fortunas” con el objetivo de redistribuir los recursos y garantizar políticas contra la desigualdad.
La teoría está clara aunque su traducción presupuestaria todavía es objeto de negociación, lo que podría retrasar unas semanas la presentación de las cuentas al Parlament, prevista para este mes de noviembre. Sobre la mesa del conseller de Economía, Oriol Junqueras, hay varias opciones, empezando por cambios en el impuesto de patrimonio, El primero de los problemas a los que se enfrenta la estrategia de la CUP es la bonificación al 100% del impuesto que podría realizar el Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, tal y como recuerda Salellas, modificar determinados aspectos del impuesto de patrimonio podría provocar otro conflicto competencial con el Gobierno, cosa que no ocurre en los regímenes fiscales forales. En su etapa de gobierno en la diputación de Gipuzkoa, Bildu modificó el impuesto de patrimonio para convertirlo en el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF). Sus impulsoras, en una entrevista con este diario, recordaban que se encontraron con una hacienda en la que los “ricos no pagaban en función de su capacidad, sino que había que empezar por hacerles pagar algo”. De ahí que se implantara el IRGF.
La CUP coincide con este diagnóstico. Salellas explica que las grandes fortunas familiares y personales catalanas “no tienen prácticamente nada a nombre propio” y que “han sabido tejer una extensa telaraña de sociedades” donde han colocado su patrimonio. La tributación de estos vehículos, recuerda Salellas, es menor que la que afecta a las rentas pequeñas y medianas que contribuyen al sistema fiscal a través del IRPF o de los impuestos a la vivienda.
En este sentido, otra de las vías fiscales que propone la CUP es la creación de un nuevo impuesto centrado en los bienes que se han colocado en una sociedad para, en palabras de Salellas, “escapar del impuesto de patrimonio y sobre la renta”. “Estaríamos pensando en inmuebles, vehículos y líquidos bancarios que se encuentran bajo la titularidad de una empresa pero que no sirven ni para aproximarse a ningún planteamiento de economía productiva”, argumenta el diputado en un artículo en este diario.
Otros de los productos de lujo que la CUP propone gravar son los coches de alta cilindrada, las embarcaciones de ocio o los yates y los inmuebles con un valor superior al millón de euros que están en manos de determinadas sociedades.
“Es complejo, pero la perspectiva tiene que ser centrar la mirada en aquellos elementos objetivos que exteriorizan la riqueza y que hoy, si no han quedado escondidos en el inmovilizado de un balance fiscal, tributan muy por debajo de lo que lo hacen los salarios de las trabajadoras”, asevera Salellas. Asimismo, sobre el diseño del impuesto la CUP plantea bonificaciones “incluso elevadas” para no gravar a la economía productiva.
“El patrimonio en manos de sociedades mercantiles se encuentra sin un gravamen en materia tributaria al mismo nivel que el patrimonio de las personas físicas”, añade el diputado. La finalidad de la izquierda independentista es que el impuesto sirva, además de para recaudar más, para realizar “un inventario de riqueza que sirva para profundizar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal” y como herramienta para “luchar contra la concentración de la riqueza en pocas manos”.
El abanico de alternativas fiscales que plantea la CUP nace de las dificultades para encontrar una postura fiscal común entre los anticapitalistas y Convergència, un debate que ERC contempla sin tomar partido por ningún bando. Los convergentes, presionados por sus corrientes más conservadoras, han cavado una trinchera para que no se toque el IRPF de lo que entienden como “clases medias”.
Tampoco aceptan cambios en Sucesiones y Donaciones cuya reducción tras volver al Govern en 2010 se ha convertido en un estandarte para la nueva Convergència. Tanto Artur Mas como Marta Pascal han afeado a la CUP en las últimas semanas que quieran convertir las cuentas en un “debate ideológico”. “¿Quién teme a un impuesto sobre las grandes riquezas?”, les responde Salellas.