El Govern de Junts pel Sí se ha comprometido a desplegar un programa social para revertir los recortes de la etapa de Artur Mas en el Govern. Si a esto se le une que la CUP vuelve a ser su principal socio parlamentario y que las alternativas son otros grupos de izquierdas, resulta obligado abrir el melón de la fiscalidad para que las rentas y los patrimonios altos aporten más. La música está ahí. Falta la letra. Las negociaciones se encuentran todavía en un estado muy inicial, pero el calendario aprieta: la intención del Govern es presentar los presupuestos al Parlament a mediados o finales de noviembre con el compromiso de que la CUP no volverá a presentar una enmienda a la totalidad.
Desde el Govern, a través de TV3, se han deslizado varias medidas fiscales que están sobre la mesa para gravar más a quién más tiene: el impuesto sobre las bebidas azucaradas (que Mas no implantó tras aceptar las presiones de la industria del sector), tasar la especulación inmobiliaria o fijar un impuesto sobre las viviendas de alto standing. También se podría modificar el impuesto de patrimonio, aunque quedaría en nada si el Gobierno central decide bonificarlo al 100%. Tampoco se descarta el clásico recurso de la fiscalidad ambiental.
De momento, todo es más un globo sonda que una propuesta concretada. La filtración gubernamental no ha sentado bien entre las filas anticapitalistas, que preferirían más discreción mientras ven cómo Junts pel Sí vuelve a marcar el ritmo de las negociaciones.
Pese a la batería fiscal, el Ejecutivo sigue, por el momento, sin la intención de aplicar las demandas claras que la plataforma Pobreza Cero – Justicia Global trasladó esta semana, que se basan en los mandatos parlamentarios del último pleno sobre pobreza. Las entidades reclamaron cambios fiscales progresivos en los impuestos donde la Generalitat tiene plenas competencias para actuar: el tramo autonómico del IRPF y Sucesiones y Donaciones. Dos de los impuestos que Convergència se niega a tocar, a pesar de que los grupos de izquierda del Parlamet insisten en que hay recorrido para hacerlos más progresivos.
“El impuesto de Sucesiones es muy eficiente porque es difícil que el contribuyente que ha heredado se escape de pagar. Lo que se tendría que evitar es que las familias que heredan mucho no paguen, tal y como les permite la legislación actual”, valora la profesora del departamento de Economía de la UB, Maria Cubel. “Se podrían modificar las exenciones y los tipos. Hay varias opciones si se estudia con detenimiento”, añade. La recaudación en Sucesiones ha caído por las dos rebajas que el tripartit y el Govern de Mas efectuaron sobre el impuesto –que ERC y CiU recuperaron parcialmente en 2013. En 2008 se ingresaron 972 millones de euros, según datos del Idescat. La previsión es que este año se recauden 503 millones.
Sobre el IRPF, Catalunya es la comunidad con el tramo autonómico más alto de España para las rentas de hasta 18.000 euros: el tipo está en el 12%, dos puntos por encima de la media de las comunidades autónomas. Por contra, a partir de los 100.000 euros declarados, el tipo se sitúa siempre por debajo de la media autonómica. En algunos tramos de rentas altas Catalunya aplica hasta dos puntos menos que otras comunidades como Extremadura.
“En términos de IRPF, ser pobre en Catalunya es un mal negocio, pero ser rico no sale tan mal”, resume Cubel. A la hora de aplicar una hipotética reforma para hacer más progresivo el IRPF, el coordinador del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) en a Catalunya, Miguel Ángel Mayo, recuerda que a menos tramos de IRPF el impuesto es menos progresivo.
Así, para Mayo se tendrían que establecer más tramos y aplicar tipos marginales (el tipo más elevado de una tarifa) que incidan más en rentas altas que en las medias y bajas. Desde Pobreza Cero también reclaman la supresión de los beneficios fiscales no justificados “que en la práctica representan una subvención pública no auditada”.
“Batalla ideológica” para no tocar impuestos
Por el momento, el Govern no ha mostrado públicamente intenciones de cumplir con las reclamaciones de las entidades (ni con el mandato parlamentario del pleno de pobreza) para hacer más progresivo el tramo autonómico de IRPF y Sucesiones y Donaciones. Pese a que Artur Mas reclamó no hacer de las cuentas “una batalla ideológica”, Convergència ha empezado a cavar una trinchera para evitar que se toquen los dos tributos. Y logró que ERC se sumara a este objetivo en el debate de política general: la unión de Junts pel Sí, PP y C's para rechazar una propuesta de la CUP para que las rentas altas pagaran más IRPF y cambiar Sucesiones y Donaciones provocó el enfado de los grupos de izquierda.
Por otro lado, Cubel destaca que una buena parte de las personas en situaciones de pobreza no llegan al mínimo para declarar IRPF. “No hace falta hacerlo todo con el IRPF. Para combatir la pobreza son más eficaces las transferencias, como por ejemplo una renta mínima garantizada”, explica. El proyecto de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), otra de las demandas de Pobreza Cero, se está eternizando en el Parlament por las disputas entre los partidos.
Este viernes, a la salida de la reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos del pleno de pobreza, la diputada de Catalunya Sí Que es Pot, Marta Ribas, explicó que había preguntado al vicepresident económico, Oriol Junqueras, si los presupuestos de 2017 incluirían la renta mínima y cambios progresivos del sistema fiscal. “Todavía estoy esperando la respuesta”, sentenció la diputada.