El intento de la Generalitat para recaudar más a través de la creación de impuestos no sólo se ha encontrado con la oposición del Gobierno de Mariano Rajoy y el muro del Tribunal Constitucional. También las compañías multinacionales y las patronales afectadas por las nuevas tasas aprobadas en el último año por el Parlament han decidido llevar a los tribunales a la Generalitat.
Grandes empresas y patronales han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el impuesto sobre la producción de energía nuclear y el impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicio de comunicaciones electrónicas, más conocido este último como la tasa al ADSL.
En concreto, Telefónica (por partida doble), Vodafone, Yoigo y la patronal de las empresas de telecomunicaciones, Ametic, han acudido a los tribunales para recurrir esta última tasa, que fue la medida estrella de la conselleria de Cultura de esta legislatura y que, tras un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, fue suspendida por el Tribunal Constitucional en septiembre. En el caso del impuesto a la energía nuclear (también suspendido por el TC), las encargadas de llevar la tasa al TSJC han sido Endesa, Iberdrola y la patronal de las eléctricas, Unesa.
Según el Plan Económico Financiero (PEF) que la conselleria d'Economia presentó ante el ministerio de Hacienda el pasado julio, estos dos impuestos ahora recurridos conformaban el grueso de la recaudación de 59 millones de euros que el ejecutivo preveía obtener este año con las tasas que creó fruto del acuerdo de legislatura con ERC. Tenían, en principio, que llevar a las arcas de la Generalitat 49,5 millones de euros este año.
La Generalitat preveía recaudar 39,6 millones este año y otros 3,6 en 2016 con el impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica, mientras que la tasa al ADSL debía aportar a las arcas catalanas 10,25 millones de euros tanto este año como el siguiente. Según los datos de ejecución presupuestaria de la Generalitat, hasta junio el impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica había recaudado 18,4 millones, mientras que la tasa al ADSL había recaudado hasta agosto 6,7 millones.
Las cifras de ingresos previstas por los impuestos son exiguas si se comparan con los beneficios de algunas de las empresas que han recurrido las tasas. Para muestra, Telefónica, que registró un beneficio de 3.001 millones de euros el año pasado. Por su parte, el conjunto de eléctricas agrupadas en la patronal Unesa ganaron 2.443 millones en 2014.
Más problemas para cumplir con el déficit impuesto
Fuentes de la conselleria d'Economia de la Generalitat han explicado que no han recibido recursos ante el TSJC sobre las otras tasas medioambientales aprobadas. Se trata del impuesto sobre el óxido de nitrógeno de la aviación comercial y el que grava las emisiones de gases y partículas contaminantes a la atmósfera. Los ingresos derivados de estos son más modestos: 3,8 millones que tendrán impacto presupuestario en 2016 y 2,1 millones (0,5 este año y el resto en 2016), respectivamente. Tampoco hay recurso, de momento, al impuesto sobre viviendas vacías.
Sin embargo, todos los impuestos medioambientales que ha aprobado la Generalitat -recurridos o no por las citadas empresas-, se encuentran suspendidos desde el pasado julio fruto del recurso presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. El mismo camino siguió en septiembre la tasa al ADSL. De seguir el mismo camino que el impuesto catalán a los depósitos bancarios, anulado en junio por el alto tribunal, la Generalitat no podrá contar con los ingresos de estos impuestos para cuadrar el presupuesto.
Si finalmente la justicia no deja a la Generalitat recaudar estos impuestos, la Generalitat encontrará una nueva dificultad para cumplir el objetivo de déficit. En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ya dio por descontado el incumplimiento el pasado mes de julio tras analizar el PEF presentado por Catalunya. El organismo presidido por José Luis Escrivá sostuvo en su informe que Catalunya no cumplirá ni en 2015 ni en 2016 el objetivo de déficit público impuesto por las autoridades europeas y por el ministerio de Hacieda de Cristóbal Montoro. Catalunya cerró 2014 con un desfase del 2,58% del PIB, nivel que debería reducirse hasta el 0,7% este año y el 0,3% el siguiente.