La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por un posible delito de falsedad documental en las irregularidades que reveló la Oficina Antifraude en la facturación de la sociedad Aigües Ter-Llobregat (ATLL), en manos de un consorcio liderado por Acciona desde que la Generalitat privatizó la compañía en 2012.
El ministerio público acordó abrir la semana pasada diligencias de investigación, inicialmente por un delito de falsedad documental, en la facturación de servicios de ATLL Concesionaria a otras empresas controladas por el mismo grupo Acciona. El plazo de la Fiscalía para decidir si finalmente presenta una querella es de seis meses.
La investigación de la Fiscalía se ha iniciado a partir de un informe de Antifraude en el que el ente apreciaba “múltiples irregularidades” en los procesos de facturación de ATLL Concesionaria. En concreto, el organismo concluyó que Acciona usó dos de sus filiales para facturar trabajos injustificados y que no contaban con la autorización de la Generalitat por valor de 13,3 millones de euros.
El informe de Antifraude, que nació a partir de una denuncia del sindicato CGT, también entregó a la Agencia Tributaria y al Govern, que ha abierto un expediente al respecto. La posible querella de la Fiscalía supondría un nuevo capítulo en el ámbito judicial de una privatización que fue anulada por el TSJC el pasado mes de junio por los errores de la Generalitat durante la fase de adjudicación.