El exministro socialista y exvicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, está más cerca del banquillo de los acusados por su gestión de CatalunyaCaixa. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el expresidente de la caja y su exdirector general, Adolf Todó, por dos delitos de administración desleal por el aumento de sueldo a directivos de la entidad.
Según el fiscal Fernando Maldonado, los 41 directivos de la entidad acusados dieron su visto bueno al aumento de retribuciones “sabedores de la situación de crisis de la entidad”. “Con evidente abuso del cargo –concluye la Fiscalía– utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia pública en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad”.
Los acuerdos por los que el consejo de administración de la caja aprobó el aumento de remuneraciones tuvieron lugar el 19 de enero y el 13 de octubre de 2010, cuando la entidad se veía inmersa en un primer rescate público de 1.250 millones de euros y un ERE en el que se despidieron 1.300 empleados.
Con el primer acuerdo se aprobó aumentar el salario fijo y variable anual de Todó del 35 al 50% y del exconsejero delegado, Jaume Massana, del 35 al 45%. Nueve meses después, se aprobó la subida salarial para el año 2011, y el sueldo de Todó pasó de 800.481 a 812.501 euros, y el de Massana de 598.428 a 610.201 euros. El fiscal Fernando Maldonado eleva el perjuicio económico de Todó a 1,45 millones de euros y el de Massana a 1,16 millones.
Del total de 41 acusados, a los 17 que participaron en los dos acuerdos del consejo de administración de CatalunyaCaixa se les atribuyen dos delitos, mientras que a los 24 exdirectivos que acudieron a una reunión responderán por uno. “En la entidad investigada han existido retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia”, asegura el ministerio público.
La CUP, que está personada como acusación popular, pidió la misma pena para Serra. Además del caso de los sobresueldos, al que solo le queda que el tribunal fije la fecha del juicio, el exministro tiene otro frente judicial abierto en la Audiencia Nacional, que investiga las operaciones inmobilarias ruinosas de la entidad.