Si algo no echará de menos el conseller Andreu Mas-Colell ahora que todas las quinielas lo sitúan fuera de la conselleria de Economía son los encuentros con Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda ha minado la ya de por sí limitada capacidad financiera de las comunidades autónomas con los repartos de déficit. Además, cada una de sus declaraciones públicas levanta ampollas entre el independentismo, la última a cuenta de insinuar la vinculación entre el desembolso de financiación para la Generalitat al avance del proceso soberanista. Pero lo cierto es que tanto el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como los otros mecanismos financieros que ha creado el Estado para las comunidades no son ayudas a fondo perdido. En concreto, la Generalitat habrá pagado al Estado 1.909 millones de euros en intereses desde 2012 hasta este año, según datos facilitados por Economía.
La Generalitat tuvo que recurrir al FLA para financiarse en 2012 tras beber un cóctel formado por la caída de ingresos públicos derivada de la crisis y el fracaso de los llamados 'bonos patrióticos' emitidos tanto por el Tripartit como el primer Govern de Artur Mas, cuyos intereses se volvieron inasumibles. Al quedar cerrado el grifo de crédito internacional, la Generalitat llamó a la puerta del Estado.
Pero al acudir al FLA la Generalitat entró en un círculo vicioso, en el que para amortizar deuda cursaba nueva deuda, en este caso con el Estado. Sólo en lo que va de año, más del 70% de los fondos recibidos del FLA han ido a vencimientos de deuda de la Generalitat. Si bien Montoro ha ido rebajando los intereses del FLA hasta el 0% de este año, la Generalitat ha denunciado que el año que viene los volverá a elevar hasta el 0,834%.
Además de los intereses, la partida en disputa entre la Generalitat y Hacienda y que Montoro ha dejado en el aire con sus declaraciones son unos 2.600 millones de euros correspondientes, básicamente, al exceso de déficit acumulado en 2014 por Catalunya. En un duro comunicado, la Generalitat ha reclamado su derecho a recibir esta partida, que, según ha recordado Economía, espera desde principios de 2015 ya que está “acordada y aceptada por los técnicos de Hacienda” y se ajusta “estrictamente a la normativa” del FLA de este año aprobada por el Gobierno.
Estos 2.600 millones no son moco de pavo. Como cada año de este último lustro, la Generalitat ha terminado el ejercicio con tensiones de tesorería: el Govern comunicó la semana pasada a los farmacéuticos que ya no dispone de más dinero para pagar medicamentos hasta que no lleguen nuevos fondos, con lo que aumentará su deuda con los boticarios a más de 330 millones de euros.
Con el FLA, el Estado se ha convertido en el principal acreedor de la Generalitat: acumula el 50,31% de su deuda, con 32.661 millones de euros, según los datos del primer trimestre al año. El fondo además, ha acabado con la autonomía financiera catalana. La propia Generalitat ha recordado este miércoles que “no puede disponer libremente del dinero del fondo, dado que el ministerio establece un estricto orden de prelación que determina el gasto autonómico que se puede cubrir con el FLA”.
Catalunya es la comunidad autónoma que, con diferencia, más dinero ha pedido al Estado a través de los distintos mecanismos de financiación, alrededor de 40.000 millones desde 2012. Según el Plan Económico Financiero que la conselleria de Economía envió a Hacienda en julio la partida del FLA para 2015 asciende a 10.531 millones, y otros 6.648 millones el año que viene.
Conflicto por el déficit
Además de la partida pendiente del FLA y del corte de la financiación si continúan, en palabras de Montoro, las “veleidades” independentistas, otro conflicto financiero entre Generalitat y Hacienda es el del déficit. La semana pasada Hacienda acusó al gobierno catalán de haber ocultado gastos por 1.318 millones de euros (equivalente a 0,7 décimas del PIB), que irán al déficit de este año. En otro comunicado, este miércoles la Generalitat ha remarcado que ha actuado con “total transparencia”.
La conselleria de Economía ha explicado que la Generalitat “no tiene ni la voluntad ni la capacidad de esconder nada”, y ha asegurado que Hacienda conocía “como mínimo desde agosto de 2013” la existencia de una relación de obras, correspondientes a carreteras y prisiones, hechas años antes con fórmulas de asociación público-privadas y que explican el exceso de déficit descubierto. Algunas de estas obras son la prisión de Figueres o de Brians II, así como obras en la C-25, la C-16 o bien la C-25, infraestructuras que la Generalitat acabará de pagar entre el año 2035 y el año 2041.
La Generalitat ha remarcado que en el plan de ajuste que envió al Estado en julio de 2013 hizo constar estos 1.318 millones como “pasivos contingentes” fruto de inversiones hechas mediante colaboraciones público-privadas (con contratos como el llamado peaje en la sombra, en el caso de las carreteras).
Según la Generalitat, la desviación del déficit viene producido por las diferencias de contabilidad entre la Intervención General de la Administración del Estado y la oficina estadística europea. La IGAE decidió incorporar estos gastos en infraestructuras al cómputo del déficit de 2013, mientras que Eurostat ha decidido incluirlas en el déficit de 2015. Sea culpa de la Generalitat, el Estado o Europa, con esta desviación Catalunya incumplirá todavía más el límite de déficit impuesto por Hacienda para este año, que es del 0,7%.