La jubilación de profesores permanentes y catedráticos universitarios supondrá un ahorro de 10 millones de euros anuales para las arcas públicas. Así se prevé en la ley de medidas fiscales –la norma que acompaña a los presupuestos y que modifica unos ochenta artículos de distintas leyes– que empezará a tramitarse en las próximas semanas en el Parlament.
El Govern ha hecho cuentas: la sustitución de los profesores y catedráticos de las siete universidades públicas catalanas comportará un gasto de 1,62 millones de euros anuales. Equivalen a las 200 promociones que, como máximo, podría haber cada año para sustituir a los docentes que se retiran. Este gasto quedará “largamente compensado”, según consta en el texto de la ley, por los emolumentos que se dejarán de abonar a los profesores que se jubilan: cada profesor tiene un sueldo medio anual de 50.000 euros, a lo que hay que sumarle complementos por méritos docentes o de investigación, entre otros. De ahí que el ahorro anual se cifre en un total de 10 millones de euros.
Las contrataciones de nuevos profesores están pensadas para ahorrar dinero a la administración. Es uno de los objetivos –no oficiales– del plan Serra Húnter, que ofrece contratos laborales, no plazas de funcionarios. El plan finalizó el 31 de diciembre de 2015, por lo que la ley de acompañamiento lo prorroga un año más. Universidades prevé la jubilación de 2.000 profesores funcionarios hasta 2022, y su objetivo es sustituir a la mitad con contratos no permanentes y a la otra mitad con contratos permanentes. De estos últimos, las universidades pueden escoger si optan por la vía del concurso público o la del Serra Húnter.
Tasas, impuestos y el tranvía por la Diagonal
El proyecto de ley de acompañamiento también incluye la modificación de varias decenas de tasas e impuestos, que en algunos casos conllevan cambios previstos en la recaudación. Así, por ejemplo, se prevé establecer un único tipo y eliminar el tope de 20.000 vuelos de base imponible del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno de la aviación comercial, que debería permitir recaudar 395.000 euros más a partir de 2018 hasta un total de 4,31 millones.
Con todo, la ley de medidas fiscales no prevé cambios que permitan recaudar más con el impuesto de sucesiones. Precisamente una de las demandas de la CUP para aprobar las cuentas de Junqueras es reformar este impuesto para que las clases altas aporten más. Las modificaciones incluidas del impuesto se limitan a meras normas que esclarecen su contenido que no tienen impacto recaudatorio. Si se acaba subiendo el impuesto tendrá que ser en el Parlament. El único cambio en el IRPF incluido en la ley es una modificación de la cuota autonómica del impuesto para los donativos a favor de los centros de investigación adscritos a las universidades catalanas.
Lo que sí que permite deducir la ley es que la Generalitat no pone obstáculos a la unión de los tranvías de Barcelona, uno de los proyectos estrella de Ada Colau: la modificación del artículo de la ley ferroviaria catalana añade una disposición que prevé la construcción y gestión de la “red unificada” de tranvías.
En la ley también se incluyen tres nuevas tasas ambientales que crea la conselleria de Territori, con las que prevé recaudar algo más de 2,3 millones de euros. Por otro lado, tal y como ha avanzado La Vanguardia, la ley también prevé destinar 34 millones los próximos dos años a una nueva Agencia de Ciberseguridad, que sustituiría al actual Cesicat, el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya.
Además, la ley clarifica el impuesto turístico en lo que a cruceros se refiere. Así, un crucero pagará desde la hora en que ha reservado para atracar en el puerto hasta el momento en que afloja el último amarre. Por otro lado, la reforma prevé bonificar el 100% del pago por impuesto de actos jurídicos documentados en “la escritura pública de separación y divorcio y de extinción de pareja estable”.