El Govern ha entregado este lunes a la CUP su última propuesta de acuerdo para lograr el 'sí' de los anticapitalistas a los presupuestos de 2017. Como se preveía, el Ejecutivo ha mantenido su enroque en fiscalidad y no ha tocado el IRPF ni los impuestos de Patrimonio ni de Sucesiones. La CUP ha introducido en el Parlament enmiendas para recaudar 500 millones de euros gravando más a las rentas altas a través de estos tres impuestos. A lo largo de esta semana las asambleas de la CUP debatirán la propuesta del Govern y el sábado darán a conocer su decisión.
Si en fiscalidad no se han acercado posiciones, el Ejecutivo sí ha accedido a algunas de las reclamaciones de los sindicatos de profesores que la CUP le había pedido considerar. Tal y como adelantó El Diari de l'Educació, se reduce una hora lectiva a los maestros y profesores, lo que conllevará un gasto de 111,6 millones para contratar a personal nuevo. Además, se destinarán otros 28,4 millones para incorporar personal de refuerzo. Los sindicatos, que han convocado una huelga para el 9 de febrero, pedían que se redujeran dos horas lectivas.
Por otro lado, el Govern ha propuesto, tal y como había pedido la CUP, crear un fondo de 45 millones de euros para financiar en 2017 la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación que se encuentra encallada en el Parlament. Según el comunicado del departamento de Economía, una vez se apruebe, los actuales beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) pasarán a recibir la nueva RGC. En conjunto, se destinarían 253 millones para la RGC y 35 millones para políticas de inserción asociadas a la RMI.
“Estamos satisfechos del nivel de debate y negociación de estas semanas”, ha afirmado la consellera de Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté, que se ha mostrado “optimista” en que la CUP dará el 'sí' a las cuentas.
Impuesto sobre emisiones de CO2
Además de los nuevos impuestos previstos por el Govern en la ley de acompañamiento para recaudar 180 millones más, en el documento enviado a la CUP también se contempla crear un nuevo impuesto medioambiental. En concreto, gravaría las emisiones de CO2 de los vehículos y recaudaría 77 millones una vez implantado por completo.
Respecto a los ocho impuestos nuevos que la CUP pidió incluir en la ley de acompañamiento de este año, Economía ha indicado que se debatirán en el marco de la ley del cambio climático que se está tramitando en el Parlament –por lo tanto, no forman parte de la oferta para el presupuesto de este año. Lo mismo para el impuesto sobre los bienes de lujo reclamado por la CUP, que se debatirá en el Parlament si se aprueban las cuentas.
Otros guiños a las asambleas cupaires que lanza el Govern son los compromisos para realizar una auditoría sobre los dos proyectos de infraestructuras catalanas que acumulan más sobrecostes: la Línea 9 del metro y el canal Segarra–Garrigues. Y también la creación de un banco público de tierras “para garantizar el aprovechamiento de los suelos no urbanizables”.
Asimismo, el Govern ha aceptado a medias los fondos de gasto interdepartamental propuestos por la CUP. Y es que el Ejecutivo ha accedido a crear nueve de los diez fondos, pero no ha incluido en su oferta el más ambicioso presupuestariamente para revertir externalizaciones de servicios públicos, al que los anticapitalistas querían dedicar todo el excedente de crédito de 2016.
El resto de fondos sí está en la oferta: fondo para la RGC, educación, vivienda, cooperación, patrimonio natural, cambio climático, formación de funcionarios en igualdad de género, de lucha contra la corrupción y la evasión fiscal y fomento de la economía cooperativa. Se financiarían mediante impuestos o bajas en otras partidas presupuestarias, que Munté no ha concretado.