La operación de fusión entreCaixabank y Bankia tiene detrás un nombre, el de Isidre Fainé, un hombre sin el que no puede entenderse la banca en España ni la historia reciente en Catalunya. Fainé ha sido y es más que un banquero en su tierra porque Caixabank ha sido y es más que un banco en esta comunidad. Sus colaboradores destacan una capacidad de trabajo casi inalterable a sus 78 años y si se consuma la fusión con Bankia se confirmará también su tenacidad puesto que Fainé lleva tres décadas anhelando este momento, desde que en 1989 lo intentó ya con la Caja Madrid que entonces presidía Jaime Terceiro. Pero la operación que está ahora en marcha, más allá del evidente propósito de hacer frente a la crisis, tiene una lectura política que ha enojado al independentismo, que todavía no ha perdonado a la cúpula de Caixabank que en octubre del 2017 trasladase su sede a Valencia.
A diferencia del Gobierno central, o al menos de una parte, el Ejecutivo catalán no tenía ni idea de los planes que hace meses que se están diseñando para crear la mayor entidad financiera de España. Al vicepresident, Pere Aragonès, le pasó lo mismo que a Pablo Iglesias: se enteró por la prensa. Aragonès, que es el titular de Economía y Hacienda, se ha esforzado estos últimos días en reivindicar la catalanidad de Caixabank. Pero los datos son tozudos y aunque en las emblemáticas oficinas de la Diagonal de Barcelona se siguen tomando algunas de las decisiones más importantes, el 30% del negocio ya está en Madrid. El de Catalunya no llega al 17%.
El Govern considera que sería “bueno” que la sede social regresase a Catalunya y, en su habitual tono conciliador, Aragonès ha subrayado que es necesario que la entidad mantenga la vinculación “con el tejido social y económico del país”. A la vez ha reclamado que haya un calendario claro de cómo será la salida del Estado del accionariado para evitar cualquier sospecha de interferencias políticas. “No es normal ni usual que el Estado, en este caso el FROB, tenga una participación tan significativa en una entidad tan significativa”. La Generalitat calcula que esa participación es de un 14%.
Aragonès llamó el viernes a los directivos de Caixabank para trasladarles la inquietud del Govern por el riesgo de pérdida de empleos, el temor a que la nueva entidad vaya en contra de la necesidad de preservar la competencia y aprovechó la conversación para pedirles que la sede social regrese a la capital catalana.
El vicepresident y dirigente de ERC tira de diplomacia mientras Carles Puigdemont, fiel a su estrategia de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha enviado a la Comisión Europea una batería de preguntas en las que ya da por hechas esas interferencias del Ejecutivo. “Pedimos a la Comisión Europea que explique las consecuencias que tendrá para la libre competencia la deriva oligopolística de la banca española y el fomento de entidades cada vez más 'too big to fail'”, reclama Puigdemont en el escrito que ha presentado junto a Toni Comín y Clara Ponsatí.
De igual modo, los perjuicios para la libre competencia es también uno de los argumentos esgrimidos por Podemos para expresar su preocupación por la posible fusión. Uno de los primeros en fijar posición fue el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien también se refirió a la “oligopolización” del sistema financiero español.
Este lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha desmarcado de la satisfacción expresada por Pedro Sánchez solo unas horas antes. “Nos parece preocupante la concentración bancaria y las entidades que son demasiado grandes. Nos parece que no benefician a la economía española, al contrario, pueden ser dificultosas”, ha afirmado la dirigente de Podemos. Además, tras reconocer que el presidente no les había informado de la operación, ha añadido que será una cuestión que deberá hablarse “en el interior del Gobierno”.
El 'no' de la Cámara de Comercio
Fainé, pese a ser una de las personas más poderosas de España y especialmente de Catalunya desde hace décadas, siempre ha defendido que los banqueros deben ser discretos y públicamente ha evitado entrar en las turbulencias políticas catalanas. Lo que sí pedía, antes y después del octubre del 2017, es estabilidad política. El dinero es miedoso y la incertidumbre política todavía lo asusta más, como se comprobó ese otoño. Entonces y ahora, los depósitos y los dividendos son “sagrados” para Fainé y para Caixabank.
Entre los argumentos que Sánchez ha destacado para avalar la fusión es que, en su opinión, uno de los aspectos “muy positivos” que tiene es que comportará una mayor “cohesión territorial” puesto que el nuevo banco tendría una fuerte presencia en Madrid, Catalunya o la Comunitat Valenciana. El comentario del presidente ha sido interpretado por algunos sectores del independentismo como una prueba de que la operación tiene un componente político que va más allá de los intereses económicos de ambas entidades financieras.
Entre los que se han mostrado más contrarios a la fusión destaca la posición del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, quien además de apelar a la necesidad de garantizar la competencia, ha lamentado que se dé un paso más hacia la ‘españolización’ de Caixabank. “Si se confirma la fusión, será un paso más para concentrar el poder en Madrid y alejarse de los orígenes catalanes para siempre. Una lástima, y una consecuencia más de no tener un Estado a favor”, afirmaba este sábado en Twitter.
La Cámara de Comercio tiene presencia en el patronato de la Fundación Bancaria La Caixa en tanto que es una de las entidades fundadoras de la histórica Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Pero, más allá del simbolismo de tener silla en el patronato que preside Fainé, a efectos prácticos su rechazo a la fusión no pasará tampoco de un ‘no’ simbólico porque donde se tendrá la última palabra es en otra mesa, la del consejo de administración.