Faltan pocos días para que termine un curso escolar de alta tensión en Catalunya, que ya empezó con el profesorado exhausto por la gestión de la pandemia -que este invierno causó el triple de bajas en los centros educativos respecto a cursos anteriores. Este año también ha estado marcado por el malestar de la comunidad educativa ante las decisiones tomadas por el Departament de Educación, al margen del diálogo y del acuerdo, y que han causado -y aún causan a día de hoy- incertidumbre, frustración e impotencia.
El pasado 9 de junio transcurría la séptima jornada de huelga educativa en Catalunya, después de otros dos paros parciales y protestas sociales que hacía años que no se vivían con tanta intensidad, en respuesta a la actitud de menosprecio hacia el sistema educativo por parte del conseller de Educación. Una actitud arrogante que le ha costado la petición de dimisión generalizada en el sector.
El detonante fue el anuncio unilateral de avanzar el calendario escolar del próximo curso, condicionado a la implementación de la jornada compactada el mes de septiembre, una decisión muy contestada por las familias debido a las dificultades de conciliación y a la ampliación de las diferencias horarias entre centros educativos, en detrimento de la escuela pública.
Esta decisión, que afecta a la organización y al funcionamiento de los centros educativos y las familias, fue anunciada sin hablar previamente con las direcciones, ni los sindicatos, ni las asociaciones de familias, ni con el propio Consejo Escolar de Catalunya, el órgano más representativo de participación de la comunidad educativa.
Este ha pedido reiteradamente -aunque sin éxito- aplazar la medida un año para prever las actuaciones, recursos y modificaciones normativas necesarias para garantizar un mejor funcionamiento de los centros educativos y la equidad educativa en relación con la jornada y a la oferta de las tardes.
A todo esto se ha sumado la exigencia de un profesorado ya fatigado por la pandemia y tensionado por los cambios y la burocracia asociada, y que el próximo curso deberá desplegar, además, los nuevos currículos educativos derivados de la nueva ley orgánica de educación -que todavía no se han publicado y que requerirían una preparación previa y formación generalizada.
Otra de las demandas que tiene el profesorado es la de recuperar las condiciones laborales anteriores a los recortes de 2012: Catalunya es la única Comunidad Autónoma que aún los mantiene. Principalmente, la recuperación del horario lectivo acordado en 2017 para la etapa de educación primaria y secundaria.
Después de muchos años de infrafinanciación educativa y de recortes no revertidos, la improvisación y la falta de planificación está en el orden del día. Hasta tal punto que las direcciones lanzaron un serio aviso a finales de mayo: “Existe un riesgo real de que todo el sistema público colapse y no se pueda garantizar el funcionamiento de la escuela pública con unos estándares mínimos de calidad”.
Además, siguen pendientes otros importantes retos educativos desde hace una década. La escuela inclusiva todavía no es una realidad, a pesar de la existencia de un decreto de 2017, que no se ha desplegado con los recursos necesarios para garantizar el acompañamiento a lo docentes ni la atención adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE).
La oferta pública de Formación Profesional, de grado medio y superior sigue siendo insuficiente y muy probablemente excluirá de nuevo el próximo curso a jóvenes y no tan jóvenes procedentes del Bachillerato o del mundo laboral que requieren una formación especializada y optan por iniciar una carrera profesionalizadora. Por lo tanto, la oferta pública de Formación Profesional sigue sin estar a la altura del modelo productivo catalán.
Por otro lado, se mantiene la incertidumbre en relación con la etapa educativa de 0-3 años, un servicio del modelo de bienestar que durante años han sostenido los ayuntamientos después de que el Govern abandonara su financiación, a pesar de su importancia, no solo para el desarrollo de la infancia, sino también para la conciliación de las familias y de las mujeres en particular.
Uno de los anuncios estrella -y también unilateral- del Govern fue el de la gratuidad del I2 el próximo curso, pero hay que saber que la gratuidad no será posible para todas las familias mientras no existan las plazas públicas necesarias y no se apueste decididamente por la universalización. Y, en cualquier caso, será una realidad gracias a la aportación extraordinaria de los ayuntamientos, especialmente de aquellos que más tarifación social han aplicado los años anteriores.
Finalmente, tampoco se cumplen los propios compromisos del Departament en relación a la construcción de centros educativos pendientes: de los 44 anunciados para 2022, solo se ejecutarán la mitad, con suerte.
En definitiva, termina un curso en el que ha faltado diálogo, acuerdo y planificación, y ha sobrado improvisación y arrogancia. Desde el PSC, la mano sigue tendida para impulsar un plan de choque educativo para dar al sistema educativo la prioridad que merece, abordando los retos educativos pendientes y garantizando un buen funcionamiento del próximo curso escolar.