A partir de 2011 el porcentaje de estudiantes universitarios sobre la población entre 18 y 24 años empezó a disminuir, un hecho inédito, como mínimo, desde 1970. Es una de las conclusiones del informe La financiación de las universidades públicas en Cataluña, 1996-2014 elaborado por profesores de la Facultad de Economía y Empresa de la UB miembros del Observatorio del Sistema Universitario. El estudio se basa en los presupuestos liquidados de cada una de las universidades públicas catalanas y permite ver la evolución de su financiación desde 1996.
Entre el 2009 y el 2012 las aportaciones públicas en las universidades catalanas han reducido en un 45%. En cambio, la reducción de su gasto total ha sido menor, del 21%. Esto se debe a un importante aumento de la aportación de los estudiantes, que ha subido un 47%.
Entre la reducción de los presupuesto y el aumento de los precios y tasas se da otro fenómeno: se dispara el porcentaje de los costes de docencia que cubren los estudiantes. Según los cálculos del Observatorio del Sistema Universitario las aportaciones se dispararon en 2012 hasta representar un 41,6% del coste total de la docencia.
Conflicto con la ley
Este dato podría representar un incumplimiento del “decreto Wert” de 2012 que estableció el aumento de precios en función del coste total de los estudios. Los estudiantes, según esta ley actualmente vigente, deberían pagar entre un 15% y un 25% del coste de sus estudios, y por tanto un 41,6% superaría ampliamente esta proporción. Los autores del estudio señalan, sin embargo, que su cálculo incluye el conjunto de aportaciones estudiantiles, entre ellas las repeticiones -más caras- o las matrículas de máster y doctorado. Sin embargo, el cálculo muestra que es muy probable que la Generalitat se haya excedido en la aplicación del decreto.
Además, estos profesores de económicas apuntan a que el decreto creó muchas complicaciones en el cálculo del coste de la matrícula. Como reconoce el propio texto legal, hasta que no haya una contabilidad analítica en las universidades públicas no será posible calcular cuáles son los costes exactos de la docencia.
Y por si fuera poco, el decreto tampoco especifica en qué nivel se debe hacer el cálculo, si es estatal, autonómico, universitario, o directamente por carreras o facultades. La aplicación se ha hecho por comunidades autónomas, con diferentes grados de experimentalidad, pero las diferencias son importantes en niveles inferiores. Entre las universidades hay diferentes realidades, desde la UPF donde el estudiante cubre el 31% de los costes en la UB donde cubre el 56%, dadas diferencias de financiación pública recibida por cada una.
Y a nivel de facultades, los autores ponen el ejemplo de la Facultad de Economía y Empresa de la UB, donde los estudiantes podrían estar pagando el 85% del coste de sus estudios. “Llevar hasta el extremo la idea de que el estudiante debe pagar en relación a lo que recibe lleva a mayores desigualdades”, concluía ayer Alfonso Herranz, uno de los autores del informe.