La Generalitat mantiene la asistencia sanitaria a los inmigrantes pero excluye a los más vulnerables

El pasado agosto, la Generalitat de Catalunya tomó una decisión a contracorriente del resto del Estado respecto a la atención sanitaria a los inmigrantes. Mientras el gobierno español decidió excluir a las personas en situación irregular de este servicio público, el ejecutivo dirigido por Artur Mas decidió continuar incluyendo a este colectivo, igual que en Andalucía, Asturias y Euskadi.

El gobierno central pretendía, con el polémico decreto-ley 16/2012, atajar el problema del turismo sanitario y así disminuir los gastos de la sanidad pública. Pero ese reglamento convirtió un sistema sanitario basado en la universalidad en uno reservado a los asegurados. El conseller de Salud, Boi Ruiz, amplió entonces ese derecho a todos los que llevaran más de tres meses empadronados en municipios catalanes. Sin embargo, una lectura exhaustiva de los detalles del reglamento revela que ciertos colectivos sí quedan excluidos.

La plataforma 'Sanitat per tothom' -'Sanidad para todos', en castellano-, que aglutina a diversas entidades del sector, alerta que las personas no empadronadas, las más vulnerables, estarán excluidas de la atención sanitaria. Este caso se puede dar en personas que no tienen contrato de alquiler, por ejemplo, o que no han podido renovar su empadronamiento (el reglamento catalán exige un periodo contínuo de presencia en el padrón), además de mujeres en situación de trata o bien de personas sin techo.

A partir del mes que viene, estas personas sólo podrán acceder a urgencias, servicio que continuará siendo universal. De acuerdo con la normativa estatal, las mujeres embarazadas y los menores también serán atendidos como los demás ciudadanos. Sin embargo, la atención primaria estará reservada a aquellas personas que lleven más de tres meses empadronadas y la atención especializada, salvo caso especial, estará abierta únicamente a los que lleven un año registrados en algún municipio catalán.

Según la conselleria de Salud, unas 116.000 personas sin papeles en Cataluña perdieron su condición de asegurados con el decreto-ley. Aunque la mayoría de ellas ha recibido una nueva tarjeta sanitaria, denominada Accés CatSalut Nivell 1 o 2 -según el tiempo que llevan empadronadas. Pero unas 10.000 siguen corriendo el riesgo de perder la atención sanitaria por no haber renovado su inscripción en el padrón municipal (aunque también se puede dar el caso que se hayan ido de Cataluña). En cuanto al número de personas no empadronadas, no existe ninguna estimación oficial.

Por otra parte, las entidades de la plataforma 'Sanitat per tothom' alertan de las dificultades burocráticas impuestas a los inmigrantes para regularizar su situación con CatSalut. Han creado un observatorio para recoger las denuncias de los usuarios y han pedido una reunión con el director de CatSalut para intentar solucionar este tipo de incidencias.

También están estudiando la posibilidad de la objeción de conciencia por parte de los médicos, aunque resaltan que esto requiere la complicidad del personal administrativo, el que gestiona los horarios de visita de los médicos. En todo caso, rechazan la creación de un sistema paralelo ya que, en su opinión, la sanidad pública debería estar abierta a todos los ciudadanos.

El pasado agosto, la Generalitat de Catalunya tomó una decisión a contracorriente del resto del Estado respecto a la atención sanitaria a los inmigrantes. Mientras el gobierno español decidió excluir a las personas en situación irregular de este servicio público, el ejecutivo dirigido por Artur Mas decidió continuar incluyendo a este colectivo, igual que en Andalucía, Asturias y Euskadi.

El gobierno central pretendía, con el polémico decreto-ley 16/2012, atajar el problema del turismo sanitario y así disminuir los gastos de la sanidad pública. Pero ese reglamento convirtió un sistema sanitario basado en la universalidad en uno reservado a los asegurados. El conseller de Salud, Boi Ruiz, amplió entonces ese derecho a todos los que llevaran más de tres meses empadronados en municipios catalanes. Sin embargo, una lectura exhaustiva de los detalles del reglamento revela que ciertos colectivos sí quedan excluidos.