Nuestro historial médico: ¡en venta!

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobaba el proyecto VISC+. Gracias a este, a partir de enero de 2015 nuestro historial sanitario podrá venderse a las farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o a las empresas de recursos humanos, entre otros.

La excusa para vender la información: añadir valor

Los motivos convergentes para la venta son los mismos que de manera repetitiva y mecanicista acompañan la promoción, subvención (encubierta) y subsidio a las empresas privadas parásitas de las administraciones: promocionar la colaboración público-privada, mejorar la transparencia, modernizar el sistema, ser más eficientes y añadir valor a la información, entre otros.

Pese a que el proyecto establece que se debe crear “un modelo que permita facilitar las grandes cantidades de datos (...) a todos los agentes que intervienen o tienen capacidad para mejorar la salud de la población (...), empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas de tecnología sanitaria ”; lo cierto es que con este proyecto, el Departamento de Salud privilegiará los agentes privados con la venta de datos estratégicos para la planificación y el fortalecimiento de cualquier sistema sanitario como la historia clínica del conjunto de la ciudadanía, así como otros datos obtenidos por el sistema, como el estado de salud mental, los hábitos sobre el consumo de alcohol, u otras enfermedades, por poner algunos ejemplos.

Boi Ruiz acelera, por tanto, un proceso en que la sanidad pública será cada vez más precaria y subordinada a la privada, y en el que la privada, más subvencionada con nuestros recursos, concentrará aún más beneficios privados en pocas manos.

PwC diseñando ideología y ejecutándola en nuestras administraciones

PwC advertía en su informe de 2011, “Diez temas candentes de la sanidad española para 2011” de la necesidad de hacer negocio con las bases de datos clínicos. El eufemismo tecnocrático se denomina “open data en salud” y literalmente expone sobre nuestra historia clínica que “la información debe estar disponible como un todo y a un coste razonable” con una insistencia más que persistente de que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial ”.

Este informe define tópico tras tópico, escasamente documentado, el hilo argumental que hemos estado escuchando de las clases dirigentes en torno a la sanidad pública. Un relato, heredero de la tradición thatcherista neoliberal en el que no hay recursos para un sistema público de salud, el sistema público de salud es un servicio deficitario y por tanto no resulta competitivo, y, además, como todo servicio social es una gasto que hay que reducir. Para ellos, la solución para la viabilidad del sistema público es un sistema de salud mixto público-privado como una fase de transición hacia un sistema sanitario eminentemente privado, donde la atención sanitaria dependa de las posibilidades económicas de cada persona.

El informe sería una mera anécdota si no fuera porque ha marcado las políticas de los Departamentos de Salud de los Països Catalans que CiU, con el apoyo de ERC, y de forma puntual con el del PSC y el PP, han ido desarrollando / siguiendo.

No debería extrañarnos pues que el informe contaba con la ilustrísima participación del conseller Boi Ruiz cuando aún ejercía de hecho y de derecho como Presidente de la Unión Catalana de Hospitales y de Alberto de Rosa, Director General Ribera Salud (gestores privados del Hospital de la Ribera en Valencia).

El perjuicio va más allá de la confidencialidad de los datos

Desde el pasado mes de marzo, en Inglaterra el NHS (National Health Service) puede vender el historial sanitario de la población, una oportunidad que la multinacional de seguros BUPA ya ha comenzado a aprovechar, a través de la compra masiva de datos. Los medios de comunicación se han tenido que esforzar para legitimar la operación mercantil y para canalizar todo el malestar de la población sobre si habría o no confidencialidad de los datos a la venta.

Responsables del proyecto inglés advertían que ciertos pacientes ya han sido “re-identificados” para las aseguradoras, los grupos farmacéuticos y otras empresas del sector de la salud tenían sus propios datos médicas que pueden ser cruzadas con los registros sanitarios públicos y así burlar la anonimato.

Una vez que el proyecto VISC+ entre en vigor, no sabremos a ciencia cierta si nuestros datos se utilizarán por parte de un departamento del Gobierno, de una compañía farmacéutica o de una aseguradora.

Más allá del debate de la confidencialidad, e incluso de si autorizamos o no a ceder nuestros datos médicos, es evidente que el sistema público recoge y registra una serie de informaciones (algunas de carácter privado) necesarias para la mejor atención sanitaria de la población (para atender mejor, para planificar mejor). Hay que seguir pidiendo a los poderes públicos que promuevan la salud, que mejoren la investigación, que generen conocimiento adicional orientado a mejorar los servicios de salud que recibe la sociedad. Pero, tenemos que confiar en que aseguradoras y farmacéuticas harán esta tarea?

Cediendo nuestra información sanitaria descapitalizar la sanidad pública

Mientras los presupuestos sanitarios para la pública se reducen año tras año, asistimos a un aumento de derivaciones de pacientes de la sanidad pública hacia la privada, a la firma de convenios de compra de actividad sanitaria en centros privados, y a la utilización de los quirófanos de los hospitales públicos para el aprovechamiento privado. Una descapitalización que se hace más dramática cuando se invierten recursos públicos en las herramientas informáticas que han de permitir la recogida de la información sanitaria y en la dedicación de los profesionales de los centros públicos de salud (dedicación que resta tiempo a la atención de los pacientes) en su registro, para que luego ésta sea vendida.

Vender información esencial para planificar y mejorar nuestra salud es descapitalización. Facilitar información para la sanidad privada compita con la sanidad pública es descapitalización. Renunciar a las tareas de promoción de la salud a favor de las empresas farmacéuticas o aseguradoras que persiguen el ánimo de lucro es descapitalización.

¿Autorizas que tu información sanitaria sea vendida a compañías farmacéuticas, compañías de tecnología sanitaria, a mutuas, aseguradoras, empresas de recursos humanos o a cualquier ente con ánimo de comerciar con la salud? Nosotros no lo autorizamos.

Tendremos que organizar un fuerte movimiento de resistencia a la venta que, como el propio director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña advertía, es la única situación que podría hacerles hacer marcha atrás.

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobaba el proyecto VISC+. Gracias a este, a partir de enero de 2015 nuestro historial sanitario podrá venderse a las farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o a las empresas de recursos humanos, entre otros.

La excusa para vender la información: añadir valor