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Si hay un ámbito en el que Convergencia y la CUP están muy lejos el uno del otro, este es la sanidad. En la pasada legislatura se hicieron evidentes en reiteradas ocasiones los posicionamientos radicalmente opuestos entre CiU y la formación anticapitalista sobre cuál debe ser el modelo del sistema sanitario catalán. En la última propuesta de acuerdo presentada por Junts pel Sí a la CUP, la coalición transversal amplía bastante las propuestas en materia de sanidad -incluyendo algunas demandas de la CUP- pero también hace propuestas que ya fueron aprobadas durante la pasada legislatura en varias mociones, otras que concretan anteriores, algunas que son nuevas pero hay que concretar, propuestas que ya llevaba JxS en su programa u otras que incluso pueden suponer sacar adelante proyectos a los que la CUP ha opuesto radicalmente, como el Consorci de Lleida o el VISC+.
Algunas de las propuestas que Junts pel Sí hace en la última propuesta de acuerdo están prácticamente calcadas de lo que proponía la CUP. Ejemplos como “garantizar el acceso a los tratamientos médicos y farmacológicos de forma universal y gratuita a todas las personas afectadas por Hepatitis C” o “garantizar el acceso a los tratamientos farmacológicos de forma universal a todas las personas”, medidas que, por otra parte, ya llevaba JxS en su programa.
La propuesta de acuerdo también incluye el Plan de rescate de las personas afectadas por Síndromes de Sensibilidad Central y la revisión de los criterios de aplicación del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), dos medidas que la CUP demandaba.
Sobre las propuestas ya recogidas en mociones durante la legislatura 2012-2015 hay diferencias de criterio entre las dos candidaturas. El equipo negociador de la CUP considera que no suponen muchos avances, porque son cosas que ya deberían estar llevando a cabo, mientras que desde Junts pel Sí recuerdan que las mociones sólo son vinculantes durante la legislatura vigente, razón por la que todo lo que se propone ahora, recogido o no de mociones de la legislatura pasada, son pasos adelante y nuevas propuestas.
De este tipo son medidas como garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres lesbianas y / o mujeres sin pareja masculina y / o mujeres solas a la reproducción asistida o no llevar a cabo nuevos concursos para la gestión de centros de atención primaria, que ya fueron aprobadas durante la pasada legislatura con las mociones 80/X y 190/X respectivamente.
Sobre el acceso al tratamiento médico y farmacológico, una de las demandas de la CUP que recoge la propuesta de Junts pel Sí, es una medida que va en la línea de lo que ya aprobó en otra moción (la 80/X) durante la pasada legislatura en 2014, en la que se decía “garantizar la gratuidad de los medicamentos prescritos por los facultativos del sistema sanitario a las personas que tengan dificultades para abonar el importe o que no puedan hacerlo, con el fin de asegurar que ninguna persona quede excluida del suministro farmacológico por razones económicas”.
Una medida aprobada por CIU, ERC, PSC e ICV en la Moción 138/X 2014 contemplaba ya la reducción de las listas de espera aunque no especificaba porcentajes ni plazos. Lo mismo que pasó con la aprobación de una propuesta de CiU y ERC en junio en la que se establecía sencillamente “evaluación de asignación de recursos” o “velar por que se cumplan los plazos de referencia” y que, por tanto tampoco concretaba la reducción.
Junts pel Sí concreta la reducción de las listas de espera para operaciones quirúrgicas en un 10% y propone reducir a la mitad el tiempo medio de las listas de espera para primera visita al especialista y pruebas diagnósticas -insiste en lo que ya propuso en el Plan de choque-. La novedad es que para ello prevé una dotación de 96 millones de euros, una cantidad insuficiente para la CUP pero significativa en relación al total del plan de choque de JxS, cuantificado en una inversión global de 270 millones de euros.
Con todo, aún se encuentra lejos de la CUP en cuanto la reducción de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, por lo que la CUP también propone una reducción del 50%. Según fuentes de Junts pel Sí, sólo esta reducción supondría una inversión de cerca de 450 millones de euros, es por eso que la candidatura opta en su propuesta para reducir más las otras esperas -visita al especialitsta y pruebas diagnósticas- porque son más baratas y las que “hacen sufrir más”. En realidad, el 10% de reducción en las listas para ser intervenido sería una reducción automática consecuencia de las reducciones en la diagnosis y la visita al especialista, explican las mismas fuentes.
Una de las propuestas de Junts pel Sí se refiere precisamente al sistema sanitario actual: el SISCAT (la red de utilización pública que incluye una cincuentena de hospitales y centros sanitarios de diferente titularidad, públicos y privados, y con ánimo de lucro y sin). En este sentido y como explicábamos este miércoles, Junts pel Sí hace dos propuestas contradictorias: eliminar centros privados de la red pública pero defender la actividad privada dentro del SISCAT. Según fuentes de la CUP la propuesta de Junts pel Sí permitiría la continuidad de casos como Barnaclínic, el brazo privado que opera en una de las plantas del Hospital Clínico -parte del SISCAT- y que ha sido motivo de polémica también en la pasada legislatura.
Por el contrario, fuentes de Junts pel Sí destacan como positivo que eliminar centros privados con ánimo de lucro de la red del SISCAT y citan como ejemplo que la Clínica del Vallès o el Hospital Sagrado Corazón -del grupo Quironsalud (antigua IDC) - serían “desprivatitzados”. También aseguran que la idea es “revertir las extrernalizacions injustificadas”, como el servicio de alergología del Hospital Doctor Josep Trueta (Girona), uno de los ocho hospitales públicos del ICS.
Otro de los puntos nuevos es la propuesta de abrir o reabrir los CAP o CUAP durante 24 horas y todos los días del año tal como la CUP pedía en el documento 'Fil a l'agulla'. Ahora bien, lo que propone JxS es reabrir los que cumplan determinados requisitos; por ejemplo, aquellos “que alcancen el nivel de actividad mínimo observado antes de su cierre” o “el nivel socioeconómico de la población de referencia”. El segundo requisito está pensado para recoger algunas de las demandas de la CUP.
Fuentes negociadoras de la CUP explican que los requisitos hablados sólo supondrían a la práctica la reapertura del CAP de Montcada i Reixac y, por el contrario, no supondría la reapertura del de la Guineueta en Nou Barris, el CAP de Cerdanyola o el de Gatassa en Mataró , tres CAPs que ellos pedían reabrir. Desde Junts pel Sí argumentan que la propuesta es razonable y que podrían negociarse cuáles deben ser los indicadores, por ejemplo los niveles mínimos de actividad, para reabrir un servicio pero no defienden reabrir de manera discrecional los 4 CAPS que propone la CUP. Aún así, aseguran que los indicadores para decidir qué se debe reabrir y qué no se pueden continuar negociando.
Una resolución parlamentaria aprobada por CiU, ERC, PSC y PPC en la Moción 201/X instaba al Govern a detener la creación del consorcio sanitario de Lleida mientras no hubiera “consenso en el territorio que pueda avalar este proyecto”. Ante la resolución y las cerca de 11.000 alegaciones presentadas, en verano y ante las sospechas de que pudiera echarse adelante el proyecto, el conseller de Salut aseguró que éste quedaba parado, información que confirmó recientemente este diario consultando al Departament de Salut. Por lo tanto, se habla de moratoria de un proyecto que ya se encuentra parado, un hecho que según fuentes de la CUP puede hacer sospechar que tarde o temprano se llevará adelante el proyecto.
Por otra parte, si bien la propuesta de Juntos el Sí dice que no se permite la incorporación de entidades privadas, este hecho ya se contempló en la modificación de los estatutos del Consorcio. Fuentes de Junts pel Sí corroboran las sospechas de la CUP ya que aseguran que no renunciarán a la creación del Consorcio, un proyecto que consideran que hay que hacer y que puede ser potente por el territorio. “Hay que cambiar? Quizás sí, pero hay que hacerlo, no debemos renunciar a los instrumentos que hagan mejorar el sistema sanitario”, aseguran. Respecto al hecho de que el Consorcio se rija por el derecho privado -hecho criticado por CUP- fuentes de Junts pel Sí insisten en que “que se rija por el derecho privado no significa que se privatice la sanidad”.
En el plan de choque inicial propuesto por Junts pel Sí no se hablaba del Visc+, el proyecto «Más Valor a la Información de Salud de Cataluña», de reutilización de datos sanitarios para la investigación, al igual que tampoco hablaba del Consorci de Lleida. En la propuesta de Junts pel Sí se habla de promover un programa público de “Big Data” sanitario que garantice que los únicos destinatarios de datos sanitarios del SISCAT sean los centros de investigación de titularidad pública o sin ánimo de lucro acreditados por CERCA y que realicen proyectos de investigación avalados por un CEIC y se concreta que “en ningún caso estará permitida la venta de datos sanitarios de los pacientes a empresas privadas, siendo la única entidad gestora la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQUAS). Con todo, el director del Aquas declaraba a este medio en otro artículo que el proyecto ”se está desarrollando y que hay proyectos que están ya en la fase de acceder a la información“.
Si hay un ámbito en el que Convergencia y la CUP están muy lejos el uno del otro, este es la sanidad. En la pasada legislatura se hicieron evidentes en reiteradas ocasiones los posicionamientos radicalmente opuestos entre CiU y la formación anticapitalista sobre cuál debe ser el modelo del sistema sanitario catalán. En la última propuesta de acuerdo presentada por Junts pel Sí a la CUP, la coalición transversal amplía bastante las propuestas en materia de sanidad -incluyendo algunas demandas de la CUP- pero también hace propuestas que ya fueron aprobadas durante la pasada legislatura en varias mociones, otras que concretan anteriores, algunas que son nuevas pero hay que concretar, propuestas que ya llevaba JxS en su programa u otras que incluso pueden suponer sacar adelante proyectos a los que la CUP ha opuesto radicalmente, como el Consorci de Lleida o el VISC+.