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Los anhelos independentistas de algunos catalanes comienzan por algo tan básico como la alimentación. Hoy por hoy, Catalunya es un territorio dependiente en materia alimentaria: produce sólo el 40 de los productos que consume, compra fuera más de la mitad y pierde biodiversidad a pasos agigantados. Para muestra, un botón: hace un siglo, la huerta catalana ofrecía 408 variedades de tomates; actualmente, sólo 70.
El ejemplo ilustra el porqué VSF Justicia Alimentaria Global ha iniciado Corto circuito, una campaña que pretende concienciar a la administración de los beneficios de realizar la compra pública en el mercado local. Las administraciones mueven en Catalunya entre 200 y 300 millones de euros anuales con sus compras para el sector educativo (60 por ciento), el sanitario (30 por ciento) y el penitenciario (10 por ciento). Pero la mayoría de ese dinero va a parar a las arcas de las multinacionales y no al bolsillo de los pequeños y medianos productores catalanes, prácticamente excluidos de los grandes circuitos de compra.
“El 75 por ciento de la compra pública se hace a grandes empresas de catering”, asegura Javier Guzmán, presidente de VSF Justicia Alimentaria Global. “Otro modelo alimentario es posible, viable y necesario”, prosigue Guzmán, echando la vista hacia Francia, un país que presenta una venta de proximidad del 20 por ciento en regiones como Rhône Alpes. En Catalunya, no se supera el tres por ciento.
Nuestro modelo alimentario remite a kilómetros y kilómetros de recorrido antes de que los alimentos sean consumidos. El pescado, el marisco, las frutas y las legumbres, por ejemplo, no viajan menos de 5.000 kilómetros antes de llegar a la mesa. “Al margen de que, entre el 40 y el 50 por ciento de lo que se produce en el mundo no se consume, hay un gran empobrecimiento de la calidad organoléptica de los alimentos”, denuncia Ramon Sentmartí, especialista en el circuito corto y en alimentación de proximidad.
El statu quo actual margina a los productores locales, incapaces de competir con las grandes empresas. Y los condena progresivamente a la desaparición: VSF cifra en unas 200.000 las explotaciones agrarias que cierran, mensualmente, en Catalunya.
“En el sistema público de contratación reina la anarquía”, asegura Ferran Garcia, miembro de VSF y autor del estudio ‘Compra pública en sistemas alimentarios locales’. “Es necesaria una ordenación, pero no hay voluntad política real que se traduzca en acciones reales”, abunda.
Otro dato ilustra el paradigma imperante: dos multinacionales, una francesa (Serunión-Grup Elior) y otra británica (Eurest-Grup Compass) se reparten prácticamente el pastel de los menús escolares de 90.000 alumnos catalanes. Según datos de VSF Justicia Alimentaria Global, la empresa británica controla, además, el 25 por ciento del mercado que abastece a las guarderías de Barcelona.
“Los consejos comarcales contratan las empresas de catering que quieren, no hay control sobre ellos”, asegura Laura Coll, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (FAPAC). “Nosotros no queremos llevar estos servicios, pero si lo que les dan a nuestros hijos es mierda, sí que queremos hacerlo porque hablamos de desnutrición”, prosigue. Según esta federación, son ya 10.000 las familias catalanas que no cuentan con becas este curso y tienen problemas de alimentación.
Sentmartí define el actual modelo como el de las tres ‘des’: desconocimiento, desconfianza y descontrol. Y aboga por convertirlo en el de las tres ‘ces’: conocido, confianza y control, las ventajas de la proximidad. “La alimentación debería ser el eje de la próxima revolución”, señala este experto.
Según estimaciones de VSF Justicia Alimentaria Global, esta revolución alimentaria podría, además, generar unos 100.000 puestos de trabajo en el sector agrícola catalán, el doble de los actuales.
Los anhelos independentistas de algunos catalanes comienzan por algo tan básico como la alimentación. Hoy por hoy, Catalunya es un territorio dependiente en materia alimentaria: produce sólo el 40 de los productos que consume, compra fuera más de la mitad y pierde biodiversidad a pasos agigantados. Para muestra, un botón: hace un siglo, la huerta catalana ofrecía 408 variedades de tomates; actualmente, sólo 70.
El ejemplo ilustra el porqué VSF Justicia Alimentaria Global ha iniciado Corto circuito, una campaña que pretende concienciar a la administración de los beneficios de realizar la compra pública en el mercado local. Las administraciones mueven en Catalunya entre 200 y 300 millones de euros anuales con sus compras para el sector educativo (60 por ciento), el sanitario (30 por ciento) y el penitenciario (10 por ciento). Pero la mayoría de ese dinero va a parar a las arcas de las multinacionales y no al bolsillo de los pequeños y medianos productores catalanes, prácticamente excluidos de los grandes circuitos de compra.