Eloi Badia, concejal del Distrito de Gràcia y responsable del área de Emergencia Climática y Transición Ecológica explica en esta entrevista que no se presentará a la reelección en las elecciones municipales de 2023. Llegó al consistorio de la mano de Ada Colau en 2015, procedente del mundo de la ingeniería. Sus ocho años en la administración se han focalizado en la pacificación de las calles y la rebaja de las emisiones. Y en intentar lograr la municipalización del agua, actualmente en manos de Agbar, objetivo que no ha cumplido por diversos reveses judiciales. Asegura que la ciudad sigue motivándolo, pero su próxima paternidad ha hecho que se replantee las prioridades.
Deja el Ayuntamiento, ¿por qué?
Básicamente porque seré padre y quiero bajar el ritmo. Hace tiempo que tenemos este acuerdo con mi compañera y, aunque somos un gobierno feminista al que preocupan los cuidados, hay muchas cosas a las que tendría y querría llegar, pero no llegaría. Quiero seguir haciendo política, pero no desde la figura de concejal, que requiere una dedicación de 24 horas al día. Si no fuera padre seguramente hubiera seguido porque el proyecto me motiva.
Además, el partido se comprometió a limitar los cargos a dos mandatos.
Sí, pero después de que las bases accedieran a que Ada [Colau] se volviera a presentar, nos dio toda su confianza. Cosa que agradezco, pero debido a mis circunstancias personales, me bajo.
Cuando Colau anunció que se presentaría a un tercer mandato, habiendo puesto un límite de dos, asegura que es porque quiere afianzar los cambios. ¿Usted ha tenido suficiente con dos mandatos?
El Covid ha tenido un peso importante, nos paró y nos hizo cambiar prioridades. Barcelona es un transatlántico que va haciendo giros muy pequeños, pero la Covid nos hizo ver que era posible darle la vuelta a todo. Fue una pasada, pero también hizo que algunos proyectos se atrasaran. Hay cosas que quedan a medias, pero no me importa no hacerlas yo. Aunque sí que me apuntaré en la agenda el día que se inauguren cosas como el parque central de Vallcarca, porque querré estar ahí.
¿El Ayuntamiento ha sabido aprovechar esas ventanas de oportunidad que abrió el Covid?
Hemos aprendido mucho desde el punto de vista social y comunitario, así como desde el ambiental y de salud. Hay puntos que espero que hayamos afianzado, porque íbamos muy retrasados en cuestiones como la tercera edad y la Atención Primaria. Pero hay gente que ya se está empezando a olvidar de las lecciones de la pandemia.
Pero esas cuestiones que apunta no son competencia del Ayuntamiento. ¿Han sabido aprovechar las oportunidades en lo relativo a la movilidad o el turismo?
En algunos puntos sí. Hemos sabido aprovechar los parques de Barcelona y potenciar la naturaleza en la ciudad. La movilidad fue más difícil, porque costó recuperar el transporte público y mucha gente se sentía más segura en sus coches. Hemos hecho dos planes de movilidad urbana muy ambiciosos que no estamos consiguiendo culminar, aunque sea muy necesario.
Las cifras de contaminación urbana han bajado respecto a 2019, pero siguen estando por encima de los límites que pone Bruselas. ¿Qué falla?
El tráfico tiene diversos problemas asociados: las emisiones, el ruido, la ocupación del espacio público y la siniestralidad. Es un elemento de primer orden en la ordenación urbana, pero no hay una única manera de hacerlo. Lo primero es tener una alternativa: ya sea más carriles bici, una mejor red de autobuses y metro o una movilidad más sostenible gracias a la Zona de Bajas Emisiones. Este ha sido el plan de trabajo de estos ocho años, pero el gran reto está ahora en la movilidad interurbana. No hay buenas conexiones con el tren y eso es esencial para articular el país. La política general ha sido la de pensar cómo reducir los trayectos en coche, en lugar de pensar en alternativas. No habrá una movilidad sostenible en la ciudad si no arrastramos a la Generalitat ni al Estado.
Mencionaba antes el ruido que, en parte, viene causado por el ocio nocturno. En verano usted anunció un recorte de los horarios de las terrazas para garantizar el descanso de los vecinos. Por su lado, desde la concejalía de seguridad, el PSC cambió el régimen sancionador para endurecer las multas, cosa que permitía usar la Ley Mordaza contra los botellones. ¿Qué le pareció esta estrategia?
Fueron dos aproximaciones diferentes. Barcelona no es una ciudad en la que históricamente se hayan dado muchos botellones porque, creo, tenemos alternativas de ocio asequibles. Pero cuando teníamos el ocio cerrado, la gente se echó a la calle. Ahora volvemos a estar por debajo de los indicadores de 2019, pero es cierto que hubo momentos complicados y, puntualmente, creo que se puede entender que la Guàrdia Urbana tome partido.
Pero no me ha contestado la pregunta sobre el régimen sancionador.
No se llegó a aplicar la Ley Mordaza. Se anunció que se sancionaría más a la gente que estuviera consumiendo alcohol con comportamientos incívicos. Veníamos de un macrobotellón y de dinámicas que nos pusieron en alerta y nos dejaron claros que debíamos ser proactivos.
Siguiendo con el PSC: se están discutiendo los presupuestos de la Generalitat y la condición que ponen los socialistas para dar su sí afectan a su cartera como concejal: ¿Qué piensa de la ampliación del aeropuerto y del Cuarto Cinturón?
Algunas cosas me sorprenden mucho. Si miras el legado socialista, no se entiende que Illa, que fue ministro de Sanidad, nos hable de abrir casinos cuando uno de los mayores problemas de salud que tenemos es la ludopatía. No entiendo qué lógica tiene más allá de intentar contentar targets electorales que vienen del declive de Ciudadanos y que, creo, no se asocian al PSC.
Lo del Hard Rock, directamente es negacionismo climático, el mismo que les hace pensar que la ampliación del aeropuerto es buena idea y que no hay limites, cuando las evidencias científicas nos dicen lo contrario. También plantean hacer unos Juegos Olímpicos en zonas en las que no hay nieve... Decir que sí a eso significará que hagamos el ridículo. Espero que las fuerzas de izquierdas consigamos que los presupuestos sean un proyecto de izquierdas.
¿Cree que el Cuarto Cinturón podría echar por tierra los avances en movilidad?
No tanto como eso, pero es cierto que no va en la dirección correcta; es querer poner muchos recursos para unas prioridades que seguramente no son las que tocan. Toda Europa apuesta por redes de ferrocarril y nosotros queremos volver a pensar cómo movernos en coche lo más rápido posible.
Ha hablado de negacionismo climático entre partidos de izquierdas. ¿Por qué cree que se da?
Actualmente, hay mucha gente que lo está pasando muy mal y durante las crisis económicas la ciudadanía requiere de cambios más paulatinos, no tan acelerados. Y es normal que muchos partidos tengan estos discursos que prioricen más las políticas sociales, pero lo que no es de recibo es que te hagan entrar en el negacionismo. Aprobar medidas que acompañen a la ciudadanía en momentos de dificultad no quiere decir que tengamos que frenar en el camino de la sostenibilidad.
¿Cree que la transformación del tráfico en Barcelona debería haberse hecho más despacio?
Las grandes transformaciones del Eixample se han dado de golpe, es cierto, y tienen un gran impacto para la ciudad. Fueron cambios muy rápidos, pero tuvimos que aprovechar los cambios en la movilidad que nos trajo la Covid. Sin la pandemia, se habría hecho distinto.
A parte de medidas polémicas, su mandato también ha tenido un par de reveses judiciales como la acusación por malversación por la cesión del espacio ocupado Tres Lliris o la denuncia por contaminación en la quema de residuos de la incineradora.
Si hablamos a nivel legal, un pequeño matiz. También he tenido dos intentos de querellas de Aguas de Barcelona (AGBAR), que son diferentes. Se ha hecho uso de herramientas legales instrumentalizadas para fines políticos. Luego están estas dos que mencionas, que no son lo mismo.
Hablaremos también del agua. Empecemos por la cesión de Tres Lliris.
El Tres Lliris es un local que estaba ocupado por una colectivo joven, al que le cedemos el espacio por el procedimiento de la gestión cívica. Es algo muy habitual, en Barcelona hay más de 200 locales que están cogestionados entre una entidad y el Ayuntamiento. El problema viene porque los vecinos refirieron molestias por el ruido y actividades a deshora. Intentamos tener una interlocución con la entidad de jóvenes y es cierto que al principio no fue muy fructífera, pero ahora hemos llegado a un entendimiento y estamos limitando los horarios e insonorizando el local. Pero, a pesar de eso, los vecinos deciden denunciar al Ayuntamiento por cesión irregular del espacio. Están en su derecho, pero el proceso judicial no tiene recorrido.
También se lo denunció ante Fiscalía por la gestión de la incineradora del Besós.
Ese tema es más complicado. También fue una denuncia vecinal, que puso en cuestión el algoritmo matemático que usan los hornos para calcular la temperatura a la que se queman los residuos. Si no lo haces a la temperatura que toca, se contamina más. El problema es que es un algoritmo que viene de serie con los hornos y que decide cada empresa, que nos aseguró que cumplía con la normativa. Así que el problema no es tanto de Tersa [la empresa pública, dirigida por Badia, que se ocupa de la incineradora]. De hecho, hemos puesto unos medidores en las salidas de humos para registrar los datos de contaminación y siempre estamos por debajo. De hecho, la Generalitat nos ha renovado la licencia, cosa que es significativa de que mala gestión no hay.
Todavía está pendiente de que le llamen a declarar
Todavía no me han llamado y no está claro que lo hagan. Como que la Generalitat ha renovado la licencia, la Fiscalía ha preguntado a la Dirección General de Calidad Ambiental (DGQA por sus siglas en catalán) si hay algún tipo de irregularidad y han dicho que no. Estamos tranquilos.
Ahora sí, vamos con las querellas relacionadas con la gestión del agua.
Nunca nos habíamos encontrado con una actitud tan agresiva. Nos han interpuesto diversas querellas por parte de diversas entidades fantasma. Nos ha llevado al Tribunal de Cuentas una empresa que está involucrada en muchos casos de corrupción en todo el Estado, mientras a ellos nadie les pide explicaciones por su gestión con algo tan básico como el agua. Nos hemos sentido coartados; es una manera de conseguir por la vía judicial lo que no han podido conseguir con las elecciones. Es muy grave que podamos llegar a recibir más de 40 contenciosos por hacer nuestro trabajo. Pero nuestro convencimiento es claro.
A pesar de eso, la municipalización del agua le queda pendiente.
Había una ventana de oportunidad, que fue la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, cuando invalidó la adjudicación sin concurso público a Agbar. Pero cuando el Tribunal Supremo avaló la concesión, perdimos la oportunidad. Lo que necesitamos es una mayoría política, fuerzas de izquierda que estén de acuerdo en este cambio necesario.
¿Eso significa que aplazan este cambio hasta que el PSC cambie de postura?
Es necesario que estén ellos para conseguirlo. En algunos municipios ven clarísimo que la municipalización es el camino, pero no en la AMB, donde apuestan por el bloqueo. El grupo socialista tiene mucha sensibilidad al respecto, pero se tienen que poner de acuerdo. Si no, el cambio no será posible.