El empresariado catalán redobla su presión para que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat cambien de postura y defiendan la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Los agentes económicos catalanes han reclamado un acuerdo entre Aena, el Govern, el Área Metropolitana de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona y del Baix Llobregat cercanos al Aeropuerto de Barcelona-El Prat que sirva para enviar a las instituciones europeas un mensaje “claro y contundente de consenso” que justifique la ampliación de la infraestructura mediante la prolongación de 500 metros de la tercera pista y la construcción de una terminal satélite. En un manifiesto, vinculado a un acto convocado para el 2 de junio en ESADE a favor de la ampliación, y que ya cuenta con más de 200 adhesiones, las entidades del mundo económico sostienen que la decisión es “inaplazable”. “No se puede renunciar a una inversión de 1.600-1700 millones de euros en una infraestructura que contribuye el 7% del PIB de Catalunya”, avisan.
Entre los convocantes al acto del 2 de junio están las patronales Fomento del Trabajo, Pimec, la Cámara de Comercio de Barcelona, Barcelona Tech City, Mobile World Capital, el Círculo de Economía, el Círculo Ecuestre, el RACC, ESADE y Barcelona Global entre otros. En total, más de 200 entidades del ámbito económico. Todas ellas piden que se confirme la ampliación de las instalaciones para “reforzar” el Prat como 'hub' internacional.
En el manifiesto, advierten que sería “sencillamente inaceptable” que se rechazara la ampliación “en momentos de tanta necesidad de recuperación económica”. “El coste de oportunidad y de imagen de no llevar a cabo esta inversión sería altísimo para la economía de Catalunya”, argumenta el texto,
Se calcula que el aeropuerto aporta alrededor de un 7% del PIB en la economía catalana y que si saliera adelante la ampliación la contribución se elevaría hasta el 9%. Con todo, los firmantes del manifiesto ven este proyecto como “un imperativo de interés público general, de tipo social y económico”, tanto para los empresarios como para el resto de la ciudadanía.
Otro motivo que lo justifica, según las entidades económicas, es que permitiría situar Barcelona y Catalunya “no sólo un destino de turismo sostenible sino dinamizar la actividad económica generando empleo, atracción y retención de talento e inversión internacionales”, aspectos que consideran “necesarios” para la nueva economía verde y azul. También serviría, continúan, para atraer actividades de alto valor añadido “que exigen, en un mundo cada vez más global y urbanita, la necesidad de un Aeropuerto de primer nivel para atraer talento e inversión”.
Además, añaden, convertir el aeropuerto en un 'hub' internacional supondría “dar sentido al trabajo” realizado en los últimos años por el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas para atraer rutas transoceánicas y de larga distancia. Según aseguran, que Barcelona se convierta en un 'hub' también se traduciría en un refuerzo de los aeropuertos de Girona y Reus para los trayectos punto a punto, en línea con los otros aeropuertos europeos.
Compensaciones “adecuadas y proporcionadas” a la biodiversidad
Uno de los principales argumentos en contra de alargar 500 metros la pista corta es la invasión de La Ricarda, una zona protegida medioambientalmente. Por ello, las entidades firmantes manifiestan que la ampliación del aeropuerto debe ser “perfectamente compatible con la protección de la biodiversidad mediante la adopción de las medidas compensatorias adecuadas y proporcionadas”. “Hace falta un diálogo sincero entre las administraciones y las asociaciones implicadas que permitan la búsqueda del consenso y la adopción que mejore la situación de partida económicamente y medioambientalmente”, señalan.
Al mismo tiempo, piden a Aena a comprometerse a efectuar las compensaciones y la creación de un nuevo espacio natural del Delta del Llobregat. “La ampliación del Aeropuerto debe llevarse a cabo con pleno respeto al ordenamiento jurídico catalán, español y europeo en general y especialmente de protección de la biodiversidad, con plena seguridad jurídica”, reitera el texto. Asimismo, consideran que si se concreta el proyecto debería ser “plenamente conciliable” con el Puerto de Barcelona y permita el “desarrollo armónico de ambas infraestructuras, que son relevantes”.