“Recomendamos al Parlament y al Govern que no incorpore las pistolas eléctricas como armas policiales y suspenda su uso por policías locales”. Con estas palabras, Eduard Martínez, de Amnistía Internacional, resume el posicionamiento de las entidades de derechos humanos sobre las pistolas eléctricas, conocidas también con el nombre de la marca Taser. A su lado han comparecido representantes del Institut de Drets Humans de Catalunya, la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y el centro Iridia para la defensa de los derechos humanos, que han presentado conjuntamente sus conclusiones antes de que éste viernes se cierre la comisión de estudio creada en el Parlament para debatir la implantación de las pistolas eléctricas.
Los cuerpos policiales catalanes disponen de 61 pistolas eléctricas: 7 a manos de los Mossos, aunque nunca las han usado, y 54 en manos de 31 de los cuerpos de policía local, que las han utilizado en ocho ocasiones. Las entidades denuncian que Catalunya no dispone de las garantías que reclama la ONU para el uso de estas armas, como por ejemplo formar a los agentes en materia de derechos humanos o un órgano independiente que pueda investigar los abusos policiales.
David Bondia, presidente del IDHC, denuncia “la perversidad de las palabras” y asegura que no se puede tachar las pistolas eléctricas de “armas no lesivas” cuando, según recoge un informe de Amnistía, causaron 269 muertos en Estados Unidos entre el 2001 y el 2007. Bondia destaca además que los informes sobre los efectos de las Taser o los protocolos de utilización en muchas ocasiones los elabora la misma empresa que comercializa las pistolas. Considera que, así, no se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos.
Laia Serra, miembro de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, destaca que los informes presentados ahora a la comisión del Parlament son los mismos presentados en 2014, cuando la cámara catalana ya desrecomandó el uso de estas armas. “Las balas de goma [prohibidas por el Parlament en 2013 tras una larga campaña impulsada por víctimas de proyectiles] nos demuestran que los políticos incorporan armas sin conocer su potencial lesivo; no hay que esperar que haya víctimas, se debe aplicar el principio de precaución”, ha asegurado Serra.
“En Catalunya las pocas aplicaciones que han hecho las policías locales han sido precisamente cuando las recomendaciones de la ONU dicen que no se deben usar, con personas alteradas, sea por enfermedades mentales o consumo de drogas y alcohol”, ha apuntado la abogada. Los sindicatos policiales han defendido esta arma asegurando que podría permitir reducir personas alteradas con menos riesgos para las víctimas, pero Serra destaca que es precisamente en estos casos que se desrecomienda su uso por el elevado riesgo. “Debe ser un arma de último recurso, como las armas de fuego, pero la trayectoria internacional muestra que allí donde se utilizan es como primer recurso”, lamenta.
Sobre su aprobación en el Parlament, Lucia Morale, de Iridia, ha destacado que “hay mucha presión de sindicatos policiales, pero también el comisionado de seguridad del ayuntamiento de Barcelona se ha mostrado claramente contrario a esta arma, o los médicos que han pasado por la comisión han dicho que no podían dejar claro sus efectos, por lo que debería aplicarse el principio de precaución”.