Con los disturbios en Barcelona y otras ciudades aún recientes y tras las críticas que ha recibido el cuerpo de los Mossos d'Esquadra por actuaciones como la que llevó a una manifestante a perder un ojo, ERC ha considerado este lunes que replantear el modelo de seguridad y de orden público en Catalunya es “una necesidad”. Así se ha expresado la portavoz republicana, Marta Vilalta, días después de que la CUP exigiera cambios en el ámbito policial para apoyar una investidura. Con todo, en Esquerra creen que el lugar idóneo para discutir estos cambios es el Parlament, ha dicho Vilalta, que ha alejado así la posibilidad de asumir compromisos concretos con la formación anticapitalista antes del inicio de la legislatura.
“Hay que abordar el modelo de seguridad de nuestro país”, ha asegurado Vilalta, pero creemos que mejor contexto se el ámbito parlamentario, como ya lo hicimos en la décima legislatura, y así se hará para, a medio plazo, tener el cuerpo de Mossos que queremos“, ha afirmado la portavoz, en referencia a la comisión parlamentaria constituida en 2013 que se resolvió con, entre otras cosas, la prohibición de las balas de goma. Los republicanos se han mostrado dispuestos a abordar ahora ”aquellas cuestiones que son más inmediatas“, pero consideran que decisiones como el material policial o el tipo de intervenciones ante manifestaciones deben ser decididas en comisión y no por un compromiso entre partidos, como reclama la CUP.
Más allá de la carpeta de la seguridad, que ha irrumpido en medio de las negociaciones por la multiplicación de las actuaciones de orden público en la calle, ERC ha considerado que las negociaciones no están suficientemente maduras para comenzar a hablar de repartos de carteras, por lo que no ha querido contestar a si asumirán el departamento de Interior. Según ha indicado Vilalta, por el momento continúan buscando acuerdos que les lleven a una investidura y la formación de un Govern, que insisten en que quieren que sea con Junts, la CUP y los 'comuns', pese al veto cruzado entre los primeros y los últimos. “No es tiempo de vetos sino de sumar”, ha apuntado Vilalta, que se ha mostrado optimista respecto a sus opciones de acabar reuniendo a todos los actores soberanistas pese a que En Comú Podem insiste en que no apoyará un Govern con Junts.
Por parte de la CUP, en cambio, no rechazan la entrada de los de Carles Puigdemont en el Govern, pero imponen unas reivindicaciones centradas ahora en el ámbito de la seguridad. Por un parte, consideran que la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra debería desaparecer y también exigen la dimisión del conseller de Interior, Miquel Sàmper, aunque ninguna de estas dos cuestiones es una condición de entrada para apoyar la investidura. Los anticapitalistas quieren, eso sí, un compromiso explícito sobre que se harán cambios a medio plazo en esta dirección.
Pero, junto a las peticiones en el ámbito del orden público, los anticapitalistas reclaman también que la Generalitat se retire de la acusación contra ciertos activistas y manifestantes, algo que el Departamento de Interior asegura hacer de forma automática cuando hay agentes heridos, pero que ha supuesto en ocasiones peticiones de penas más altas que las que reclamaba la Fiscalía. En total, la CUP calcula que hay unas 70 personas que tienen diferentes acusaciones del Govern. Este mismo lunes en Barcelona se ha celebrado la vista oral de un manifestante al que la Fiscalía y la Generalitat acusan de pegar a un agente con una bandera en la contramanifestación de Jusapol ocurrida en septiembre de 2018. El Govern ha pedido cuatro años y nueve meses de cárcel para el acusado.
Con las declaraciones de este lunes por parte de ERC, la formación se suma a la posición que ya adoptó en su momento Junts, cuando tras reunirse con la CUP valoraron “críticamente las situaciones de violencia vivida y los errores cometidos por algunos agentes de la BRIMO”, de los que aseguraron que “en ningún caso pueden quedar impunes”. El comunicado de Junts, emitido el jueves pasado, sorprendió en el resto de formaciones independentistas, entre otras cosas por que el partido controla el departamento de Interior, ante el que se sitúa Miquel Sàmper. El conseller también aseguró la semana pasada que había que caminar hacia un nuevo modelo de orden público, pese a lo que, en los últimos días, ha asegurado haberse sentido “muy solo” en la defensa de los Mossos.