Catalunya afronta la cuenta atrás en las negociaciones para decidir entre una investidura o una repetición electoral. El foco está en el candidato con más números, el socialista Salvador Illa, que debe conseguir los apoyos de los comuns y de ERC. Los independentistas tienen dos líneas rojas para votar al PSC: un referéndum pactado y un modelo de financiación singular.
Los socialistas ya han dejado claro que replicar el modelo vasco en Catalunya no les es plato de gusto, así que han apostado por el llamado 'consorcio tributario' que se encargaría de recaudar el 100% de los impuestos catalanes.
Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, ha apuntado que desconfían de esta solución: “Esta opción nos chirría porque ya existe”. El republicano se refiere a la figura de la Hacienda Catalana, ya recogida en el Estatut de Autonomia del 2006 que, si bien existe, no se ha llegado a desplegar totalmente nunca. “Lo que hace falta es dotarla de recursos”.
Así lo ha dicho en una mesa de debate con las fuerzas de izquierdas catalanas celebrada en la XX jornadas de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), que también ha contado con la presencia de los Comuns, el PSC y la CUP.
Desde Ferraz proponen, precisamente, “desplegar” lo recogido en el Estatut, que abre la puerta a que Catalunya recaude el 100% de los impuestos, aunque no se concretan los detalles ni qué porcentaje de los tributos asumiría.
En concreto, el artículo 204 del Estatut, dedicado a la Agencia Tributaria de Catalunya, señala que “la gestión, recaudación, liquidación e inspección” de los tributos del Estado recaudados en Catalunya “corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo”.
Este es el punto de choque entre el PSC y ERC, ya que estos últimos siguen apostando por un modelo de máximos que garantice que la recaudación y gestión que recaiga en Catalunya y que esta, luego, aporte una cuota solidaria a las arcas del estado. Para su propuesta, los republicanos se amparan también en el Estatut, pero en la versión de 2005.
“El modelo de la financiación singular ya estaba recogido en el Estatut del 2005, que contó con un amplio apoyo de la sociedad y la representación parlamentaria catalana”, ha recordado el republicano. “Pero fue recortado una noche por el presidente Zapatero y el entonces líder de la oposición Artur Mas”, ha afeado Jové. “No es que queramos volver al 2005, simplemente proponemos algo que ya se debatió y acordó en su momento”, ha remachado.
Aunque el PSC asegura defender “las herramientas de autogobierno y una mejora de la financiación”, lo hacen con la condición de que haya “participación del Estado”, tal como ha apuntado Esther Niubó, diputada socialista en el Parlament. Aun así, ha asegurado que hay margen de negociación: “Hay que estudiar todas las fórmulas y explorar vías dentro de las posibilidades jurídicas.
52 días para la investidura o la repetición electoral
Que ERC y el PSC se pongan de acuerdo en el modelo de financiación es clave para evitar que haya una repetición electoral. El plazo para negociar se acaba en 52 días y, aunque ambos partidos aseguran que la intención es “poder ir de vacaciones con la decisión tomada”, también apuntan que “queda camino todavía”.
Por su parte, Candela Lópezc, coordinadora nacional de Catalunya en Comú, diputada y miembro del equipo negociador, asegura que el pacto de izquierdas es posible, pero que se debe “cambiar el marco negociador y no apostar por modelos del pasado”. La “fragilidad” de los pactos así lo demuestra, dice. Si la financiación es la línea roja de los republicanos, la de los comuns es la “dejar atrás infraestructuras que son incompatibles con la emergencia climática”. Tales como la ampliación del aeropuerto o el Hard Rock.
Desde la CUP, que no está participando de las negociaciones, han querido rescatar otro de los puntos que ERC planteaba como condición para investir a Illa, que es el referéndum pactado con el Estado. “Hablar de política económica no quita hablar de política nacional”, a reivindicado. “La izquierda no se puede quedar en la idea del pan y el cuchillo, porque defender el futuro como nación es importante. Sobre todo si el 70% de la población catalana quiere un referéndum”, ha dicho.